Si bien el tema ideológico aún no constituye un elemento central de polarización en el planeta –como fue hasta el 9 de noviembre de 1989 cuando cayó el muro de Berlín, se desintegró la ex Unión Soviética y pasó a la sala de cuidados intensivos el comunismo–, todo indica que en el mundo viene consolidándose un armamentismo descarnado, cuya implicancia no se sabe dónde nos llevará. Al margen de la tradicional competencia entre Estados Unidos y Rusia por infiltrarse en espacios tácticos de distintos continentes, esta vez la crisis económica empuja a ambas naciones –a las que hoy se suman China, India y, sorpresivamente, Francia– a vender armas donde sea posible. Porque les resulta muy difícil apoyar a sus industrias bélicas en zonas de conflicto como Afganistán, Irak, Irán, etc., en vista de que la ONU y la OTAN –y el propio EE UU– han recortado sus gastos bélicos por el colapso financiero y para atender el mensaje antibélico de Obama.
Estados Unidos aún encabeza la lista de países vendedores de armas. Está relacionado con más de dos tercios de las operaciones internacionales de compra venta de armamento (US$ 37,800 millones durante el 2008). Le siguen Italia con US$ 3,700 millones y Rusia con US$ 3,500 millones (las ventas rusas del año pasado cayeron sensiblemente, comparadas con el 2007 que negoció por US$ 10,700 millones).
Y Latinoamérica es una perita en dulce para los fabricantes de juguetes de guerra. Sino vemos lo acontecido con Chile –nación si bien con menos pobres que nosotros, sin embargo exhibe una carga de indigencia a nivel de país tercermundista–, un país que sólo en los últimos cuatro años ha invertido cerca de US$ 7 mil millones en compra de armas letales sofisticadas. Y esta semana Brasil selló un acuerdo histórico con Francia, al aprobar la compra inmediata del primer submarino nuclear de la región, de otros cuatro convencionales y de 50 helicópteros de transporte, en una megaoperación valorizada en 8,500 millones de euros. Y Brasilia continúa negociando la adquisición de otros 36 cazas franceses Rafale, cuyo precio está aún por concretar. De otro lado el impresentable Chávez está en tratos –bastante avanzados– con Rusia para adquirir una enorme flota de aviones de combate y una poderosa escuadra naval, aún no precisada.
Perú todavía no se define. Claro que carecemos de capacidad para igualar el monstruoso armamento acumulado por Chile, y somos unos pigmeos comparados a Brasil. Sin embargo, al margen de resguardar nuestra soberanía ante injerencias externas, nos urge contar con armas y equipos para combatir el terrorismo. Empezando por adquirir helicópteros adecuados. No los rusos, hindúes o chinos que no garantizan cubrir en forma debida nuestro territorio escarpado –sería irresponsable experimentar en un caso clave como éste– sino los norteamericanos, los Bell –Huey– usados con tanto éxito en Vietnam y ahora mismo en nuestra sierra y selva para combatir el narcotráfico. Es más, Perú se distanció de
EE UU cuando durante los años setenta se hipotecó a la ex URSS comprando armamento hasta por gusto. Esta es la ocasión para resarcirnos con el Tío Sam, equipando debidamente a nuestras pauperizadas Fuerzas Armadas y Policiales.
NOTA: Esta columna aparecerá en forma eventual hasta próximo aviso.
jueves, 10 de septiembre de 2009
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Narcotráfico y política
El tema del tráfico de droga y la política vuelve a las portadas. Esta vez a raíz de que Nancy Obregón, congresista de la bancada de Humala, tuvo de asesor a Max Edmundo Caller Valdez, quien hace poco fue capturado portando nada menos que 146 kilos de cocaína, señalado de pertenecer a algún cartel mexicano de la droga.
No perdamos de vista que la legisladora Obregón –como su primus inter pares, Evo Morales en Bolivia– es dirigente activista de los cocaleros; o, para ser más claro, defiende a los sembradores de hoja de coca, 93% de cuyas cosechas van directamente a la vena del narcotráfico.
La virginidad de la clase política está en juego hace tiempo. El acoso al que la someten los carteles es brutal. Nadie duda que los capos de esta mafia necesitan el respaldo de las altas esferas del poder para continuar amasando billones de dólares, gracias a la consolidación de sus negocios ilícitos dedicados a envenenar a la sociedad. En el Perú el narcotráfico ya cuenta con poderosos contactos a nivel social y empresarial. También ha penetrado a la Justicia –por fortuna sólo a la epidermis– a nivel de contados fiscales y jueces. Sin embargo les urge llegar al ápice del Estado: al Congreso y, de ser posible, al Ejecutivo. No es la primera vez que lo intentan. Recordemos al diputado Manuel Ángel del Pomar. Y parece que esta vez el narcotráfico apuntaría al ollantismo.
No es un secreto que el impresentable Chávez ha montado un imperio basado en el petróleo, aunque también ligado a la droga debido a que el impresentable ha convertido a su país en centro de distribución internacional para grandes carteles. Y por si fuera poco, el jerarca venezolano insiste en imponer al ollantismo como gobierno en el Perú, un partido que no es la primera vez que aparece envuelto en asuntos que lindan con el tráfico de estupefacientes, como el caso que reseñamos de la parlamentaria Obregón.
Los procesos electorales son ocasiones para que los narcos se acerquen a quienes aspiran al poder. Y con tanto pichiruche autoproclamado candidato a la presidencia de la nación; o a jefaturar alguna región, a acceder a una curul en el Congreso o a ocupar alguna Alcaldía, es evidente que toda esa gente –en su mayoría menesterosa, mental y financieramente hablando– necesita dinero a raudales para solventar su campaña. Y allí, siempre presto, algún capo de la droga extenderá su mano cargada de narcobilletes.
En consecuencia la sociedad está advertida: no es imposible que este país se convierta en narco estado. El acecho es incesante, así como ilimitada la cantidad de dinero del que dispone la mafia para comprar lo que necesite. Nuestra propuesta para evitarlo sigue en pie: legalizar los estupefacientes. La cosa prohibida atrae, sobre todo a la juventud; y la factibilidad de comercializar lo vetado es tan fácil como vender medicinas sin receta. En ese sentido, ¿acaso la droga en este país no se vende abiertamente en la puertas de los colegios y hasta se distribuye por delivery a domicilio? Muerto el perro se acabó la rabia. Liberando la droga desaparecerá el tráfico ilícito, y con él los carteles de la droga que viven haciendo toneladas de plata y asesinando a mansalva, gracias a la prohibición.
No perdamos de vista que la legisladora Obregón –como su primus inter pares, Evo Morales en Bolivia– es dirigente activista de los cocaleros; o, para ser más claro, defiende a los sembradores de hoja de coca, 93% de cuyas cosechas van directamente a la vena del narcotráfico.
La virginidad de la clase política está en juego hace tiempo. El acoso al que la someten los carteles es brutal. Nadie duda que los capos de esta mafia necesitan el respaldo de las altas esferas del poder para continuar amasando billones de dólares, gracias a la consolidación de sus negocios ilícitos dedicados a envenenar a la sociedad. En el Perú el narcotráfico ya cuenta con poderosos contactos a nivel social y empresarial. También ha penetrado a la Justicia –por fortuna sólo a la epidermis– a nivel de contados fiscales y jueces. Sin embargo les urge llegar al ápice del Estado: al Congreso y, de ser posible, al Ejecutivo. No es la primera vez que lo intentan. Recordemos al diputado Manuel Ángel del Pomar. Y parece que esta vez el narcotráfico apuntaría al ollantismo.
No es un secreto que el impresentable Chávez ha montado un imperio basado en el petróleo, aunque también ligado a la droga debido a que el impresentable ha convertido a su país en centro de distribución internacional para grandes carteles. Y por si fuera poco, el jerarca venezolano insiste en imponer al ollantismo como gobierno en el Perú, un partido que no es la primera vez que aparece envuelto en asuntos que lindan con el tráfico de estupefacientes, como el caso que reseñamos de la parlamentaria Obregón.
Los procesos electorales son ocasiones para que los narcos se acerquen a quienes aspiran al poder. Y con tanto pichiruche autoproclamado candidato a la presidencia de la nación; o a jefaturar alguna región, a acceder a una curul en el Congreso o a ocupar alguna Alcaldía, es evidente que toda esa gente –en su mayoría menesterosa, mental y financieramente hablando– necesita dinero a raudales para solventar su campaña. Y allí, siempre presto, algún capo de la droga extenderá su mano cargada de narcobilletes.
En consecuencia la sociedad está advertida: no es imposible que este país se convierta en narco estado. El acecho es incesante, así como ilimitada la cantidad de dinero del que dispone la mafia para comprar lo que necesite. Nuestra propuesta para evitarlo sigue en pie: legalizar los estupefacientes. La cosa prohibida atrae, sobre todo a la juventud; y la factibilidad de comercializar lo vetado es tan fácil como vender medicinas sin receta. En ese sentido, ¿acaso la droga en este país no se vende abiertamente en la puertas de los colegios y hasta se distribuye por delivery a domicilio? Muerto el perro se acabó la rabia. Liberando la droga desaparecerá el tráfico ilícito, y con él los carteles de la droga que viven haciendo toneladas de plata y asesinando a mansalva, gracias a la prohibición.
martes, 8 de septiembre de 2009
Un mundo diferente
El mundo se encamina a un nuevo vuelco; a un cambio de proporción desconocida; a una transformación aún en proceso de moldeo; a una evolución de veras significativa, forzado por las circunstancias de la mayor depresión económica desde el año 1930, y animado por la tendencia a reformarlo todo que día a día imponen las generaciones jóvenes que inexorablemente vienen tomando el control del poder socioeconómico. La etapa inmediatamente anterior de cambio fue hace apenas dos décadas –a finales de los años ochenta– a raíz de la caída de la Unión Soviética. Un proceso que acabó con cuatro décadas de bipolaridad semiestática post Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta vez en solo dos décadas el mundo ya reclama otra reorganización. Sin duda el impulso estriba en la revolución de las comunicaciones, sobre todo en el uso cada vez más intenso del Internet. Un fenómeno tecnológico de implicancias más sociales que económicas o comerciales. Un descubrimiento de colosal importancia para integrar en forma progresiva a estamentos del mundo que antes jamás tuvieron voz ni voto, y que hoy sin embargo conocen en tiempo real exactamente lo que acontece en el planeta. Y, además, un vehículo de cambio generacional que le permite a los Estados más pobres usarlo como instrumento para multiplicar programas de educación para las capas menesterosas, algo que a su vez generará nuevos acomodos –e incógnitas– sociales.
Es difícil predecir qué sucederá en la Tierra. Pero el panorama universal es distinto. Empezando por comprobar la metamorfosis emprendida por Norteamérica luego de la descomunal crisis financiera que empezó hace un año. Un giro cuyo destino moldea un joven político progresista, Barack Obama, el primer presidente de color tras dos siglos de historia republicana estadounidense. El hecho que hoy, en el paraíso del capitalismo, los principales bancos, la mayor compañía de seguros, dos de las tres más grandes empresas automotrices, entre otros conglomerados, estén bajo control estatal; o que la propuesta que se debate en EE UU para reformar la seguridad social sea imponiendo el estatismo; o que la corriente proactiva en la mayoría de estados sea a favor del matrimonio entre personas de un mismo sexo; o que se encuentre en pleno debate entre muy importantes académicos la conveniencia de liberalizar el consumo de drogas, ¿acaso estos pocos ejemplos evolutivos en la primera potencia del planeta no constituyen el anuncio de un brutalmente impensado cambio en el panorama mundial?
Sin embargo la velocidad con la que se genera esta transformación rebasa la capacidad del hombre para orientar a las nuevas generaciones. ¿Qué pueden o deben hacer los jóvenes para encarar el nuevo orden mundial? Hay temas académicos aún no resueltos como el enfoque moral en la escuela –donde hablar de sexo, crimen, homosexualidad, etc., ya es moneda común–; o proyectar nuevas carreras universitarias que permitan a la juventud no solo administrar un planeta distinto sino anticiparse a la dinámica de los futuros cambios que irremediablemente seguirán produciéndose. El mundo está demasiado ocupado viendo cómo sale de la depresión actual, y no le está prestando mucha atención a las consecuencias futuras de la crisis. Algo tan o más importante.
Es difícil predecir qué sucederá en la Tierra. Pero el panorama universal es distinto. Empezando por comprobar la metamorfosis emprendida por Norteamérica luego de la descomunal crisis financiera que empezó hace un año. Un giro cuyo destino moldea un joven político progresista, Barack Obama, el primer presidente de color tras dos siglos de historia republicana estadounidense. El hecho que hoy, en el paraíso del capitalismo, los principales bancos, la mayor compañía de seguros, dos de las tres más grandes empresas automotrices, entre otros conglomerados, estén bajo control estatal; o que la propuesta que se debate en EE UU para reformar la seguridad social sea imponiendo el estatismo; o que la corriente proactiva en la mayoría de estados sea a favor del matrimonio entre personas de un mismo sexo; o que se encuentre en pleno debate entre muy importantes académicos la conveniencia de liberalizar el consumo de drogas, ¿acaso estos pocos ejemplos evolutivos en la primera potencia del planeta no constituyen el anuncio de un brutalmente impensado cambio en el panorama mundial?
Sin embargo la velocidad con la que se genera esta transformación rebasa la capacidad del hombre para orientar a las nuevas generaciones. ¿Qué pueden o deben hacer los jóvenes para encarar el nuevo orden mundial? Hay temas académicos aún no resueltos como el enfoque moral en la escuela –donde hablar de sexo, crimen, homosexualidad, etc., ya es moneda común–; o proyectar nuevas carreras universitarias que permitan a la juventud no solo administrar un planeta distinto sino anticiparse a la dinámica de los futuros cambios que irremediablemente seguirán produciéndose. El mundo está demasiado ocupado viendo cómo sale de la depresión actual, y no le está prestando mucha atención a las consecuencias futuras de la crisis. Algo tan o más importante.
¿Reconciliar por la fuerza?
Comentábamos ayer la temeridad del entono de la CVR que persevera en construir un museo de la memoria –mausoleo que en rigor promueve una oenegé internacional que se dedica a fomentar esta clase de exquisiteces, propias del primer mundo–, para que el Perú evoque con sensibilidad y grandeza el cuarto de siglo de terrorismo que sufrió. Pero hombre, si estamos presenciando nada menos que el rebrote letal del terrorismo con la pérdida de medio centenar de vidas sólo en los últimos meses; si comprobamos que el Vrae es una zona cada día más liberada por el terrorismo –esa plaga a la que la progresía arteramente llama “narcoterrorismo” para bajarle el tono y hacerle creer a los peruanos que sólo se trata de una banda armada de traficantes de droga–; cuando vemos que lo que hace Sendero es llenarse los bolsillos –circunstancialmente con dinero de la coca– para repotenciar sus actividades con miras a reanudar la llamada “guerra popular”.
En este escenario cabe preguntar:
–¿Con qué derecho la progresía nos impone un museo de la memoria para que allí se confundan –como pares– los defensores de la sociedad con los asesinos de la misma?
–¿Los impulsores de la ermita creen que esta sociedad está obligada –a la fuerza– a reivindicarse con el terrorismo para sólo entonces considerarla políticamente correcta?
–¿O acaso los gestores del brulote siquiera tuvieron la delicadeza de proponer una consulta popular, un referéndum, para que la ciudadanía se pronuncie previamente sobre un asunto de capital trascendencia para su pasado, presente y futuro?
–¿O es que sencillamente por que una elite decide que el Perú debe reconciliarse con Sendero y el Mrta, la sociedad tiene que dispararse a los pies o protagonizar un suicidio masivo para –a ojos de aquel cenáculo– recién mostrarse intelectualmente superada?
–¿Hasta cuándo una mal llamada sociedad civil –jamás elegida por voto ciudadano sino autodesignada rectora del Perú– va a dirigir el destino de 28 millones de peruanos?
–Por último, ¿qué clase de democracia es ésta donde los gobiernos elegidos deban estar supeditados a mandatos de organizaciones excéntricas, como esa oenegé emboscada que se hace llamar Comisión de la Verdad –y su sucedáneo, el museo de la memoria–, un organismo falaz financiado en buena parte con dinero extranjero; una organización que a través de recursos, ideologías y metodologías foráneas solo procura esconder las atroces huellas de muerte y desolación que dejó la hecatombe de Sendero y el Mrta, para coercitivamente victimizar al terrorismo y satanizar a nuestras fuerzas del orden?
El Perú necesita sindéresis y consistencia, señores. Acá hubo un calvario que enlutó a la sociedad; una tragedia que asesinó a 30 mil seres humanos; una calamidad que mantuvo en pánico a millones de inocentes; un cataclismo que dinamitó decenas de miles de millones de dólares de infraestructura pública y privada que aún no logramos reponer. Y eso, amigos lectores, no se borra con comisiones ni museítos que buscan reconciliarnos por la fuerza con genocidas que jamás se arrepentirán. Menos aún cuando comprobamos que su alma mater, Sendero Luminoso, sigue aterrorizando y asesinando a los peruanos.
En este escenario cabe preguntar:
–¿Con qué derecho la progresía nos impone un museo de la memoria para que allí se confundan –como pares– los defensores de la sociedad con los asesinos de la misma?
–¿Los impulsores de la ermita creen que esta sociedad está obligada –a la fuerza– a reivindicarse con el terrorismo para sólo entonces considerarla políticamente correcta?
–¿O acaso los gestores del brulote siquiera tuvieron la delicadeza de proponer una consulta popular, un referéndum, para que la ciudadanía se pronuncie previamente sobre un asunto de capital trascendencia para su pasado, presente y futuro?
–¿O es que sencillamente por que una elite decide que el Perú debe reconciliarse con Sendero y el Mrta, la sociedad tiene que dispararse a los pies o protagonizar un suicidio masivo para –a ojos de aquel cenáculo– recién mostrarse intelectualmente superada?
–¿Hasta cuándo una mal llamada sociedad civil –jamás elegida por voto ciudadano sino autodesignada rectora del Perú– va a dirigir el destino de 28 millones de peruanos?
–Por último, ¿qué clase de democracia es ésta donde los gobiernos elegidos deban estar supeditados a mandatos de organizaciones excéntricas, como esa oenegé emboscada que se hace llamar Comisión de la Verdad –y su sucedáneo, el museo de la memoria–, un organismo falaz financiado en buena parte con dinero extranjero; una organización que a través de recursos, ideologías y metodologías foráneas solo procura esconder las atroces huellas de muerte y desolación que dejó la hecatombe de Sendero y el Mrta, para coercitivamente victimizar al terrorismo y satanizar a nuestras fuerzas del orden?
El Perú necesita sindéresis y consistencia, señores. Acá hubo un calvario que enlutó a la sociedad; una tragedia que asesinó a 30 mil seres humanos; una calamidad que mantuvo en pánico a millones de inocentes; un cataclismo que dinamitó decenas de miles de millones de dólares de infraestructura pública y privada que aún no logramos reponer. Y eso, amigos lectores, no se borra con comisiones ni museítos que buscan reconciliarnos por la fuerza con genocidas que jamás se arrepentirán. Menos aún cuando comprobamos que su alma mater, Sendero Luminoso, sigue aterrorizando y asesinando a los peruanos.
Una temeridad
Luis García Miró ElgueraEl país está sobrecogido por la escalada terrorista. En los últimos doce meses ha producido más de medio centenar de muertes. En ese sentido resulta dramática la situación de los militares y policías a quienes la sociedad obliga a combatir el terror. No solo ponen en juego la probabilidad de quedar tullidos sino de perder su vida. Por si fuera poco están expuestos a algo injusto y demencial: ser denunciados y condenados por la izquierda caviar por violar derechos humanos de los terroristas. Sin embargo paradójicamente luchan, entre otras razones, para proteger la vida, salud y comodidades de los pontífices de la culta y perfumada burguesía caviar; es decir, dan batalla por defender a sus más pertinaces enemigos y verdugos, y estos les pagan con su desprecio.
Es alucinante la forma como estos fariseos –que se autotitulan políticamente correctos– engañan a la ciudadanía, colocando a senderistas y emerretistas como víctimas de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales y a las fuerzas del orden como asesinas en serie de “valerosos luchadores sociales, mal llamados terroristas”. Esta realidad rige desde que el Estado le ganó la guerra a Sendero Luminoso y al mrta. Sí, señor, vencimos en el plano militar y en el jurídico tras apresar a toda la dirigencia terrorista, condenándola a cadena perpetua. Aunque la progresía caviar se encargó de excarcelar a centenares de terrucos dizque por haber sido injustamente condenados; y asimismo cambió la legislación antiterrorista para que los genocidas encarcelados se acojan a la reducción de penas por observar “buena conducta” en la cárcel. Y encima de estas afrentas contra la seguridad y la legalidad, los caviares siguen dictando cátedra de cómo deben comportarse el Estado, los partidos, o los medios de prensa para –a su criterio– ubicar al Perú en el estándar de país políticamente correcto. Es decir, hipocresía al cubo.
Producto de uno de los ucases de la progresía caviar –impuestos a través de la Comisión de la Verdad, paradigma del comunismo criollo– es ese llamado Museo de la Memoria, ermita que la rojería pretende erigir como monumento a sus hermanos senderistas y emerretistas muertos en enfrentamientos que ellos –los zurdos– promovieron, al sublevarse con armas, dinamita y vitriolo contra la sociedad peruana para conquistar el poder por la fuerza. Y a ese atentado contra el estado de derecho, a esa traición que puso al Perú al borde de extinguirse como nación libre y tornarse en tiranía cubana –eso que tanto atrae a los progre–, a esa perfidia, amigos lectores, la premia la izquierda con un museo para honrar como héroes a sus “luchadores sociales”, y humillar a nuestros soldados, policías y gobernantes calificándolos de genocidas.
No alcanzamos a comprender entonces cómo es posible que se insista en la iniciativa de la CVR de levantar un mausoleo para rendir pleitesía a los antecesores del senderismo que continúa atentando contra el Perú –porque sigue sangrante y latente la herida que abrió el terrorismo–, mientras muchos integrantes de la CVR mantienen amenazadas a las FF AA con su prejuiciosas denuncias ante la CIDH por violación de dd hh. De locos.
Es alucinante la forma como estos fariseos –que se autotitulan políticamente correctos– engañan a la ciudadanía, colocando a senderistas y emerretistas como víctimas de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales y a las fuerzas del orden como asesinas en serie de “valerosos luchadores sociales, mal llamados terroristas”. Esta realidad rige desde que el Estado le ganó la guerra a Sendero Luminoso y al mrta. Sí, señor, vencimos en el plano militar y en el jurídico tras apresar a toda la dirigencia terrorista, condenándola a cadena perpetua. Aunque la progresía caviar se encargó de excarcelar a centenares de terrucos dizque por haber sido injustamente condenados; y asimismo cambió la legislación antiterrorista para que los genocidas encarcelados se acojan a la reducción de penas por observar “buena conducta” en la cárcel. Y encima de estas afrentas contra la seguridad y la legalidad, los caviares siguen dictando cátedra de cómo deben comportarse el Estado, los partidos, o los medios de prensa para –a su criterio– ubicar al Perú en el estándar de país políticamente correcto. Es decir, hipocresía al cubo.
Producto de uno de los ucases de la progresía caviar –impuestos a través de la Comisión de la Verdad, paradigma del comunismo criollo– es ese llamado Museo de la Memoria, ermita que la rojería pretende erigir como monumento a sus hermanos senderistas y emerretistas muertos en enfrentamientos que ellos –los zurdos– promovieron, al sublevarse con armas, dinamita y vitriolo contra la sociedad peruana para conquistar el poder por la fuerza. Y a ese atentado contra el estado de derecho, a esa traición que puso al Perú al borde de extinguirse como nación libre y tornarse en tiranía cubana –eso que tanto atrae a los progre–, a esa perfidia, amigos lectores, la premia la izquierda con un museo para honrar como héroes a sus “luchadores sociales”, y humillar a nuestros soldados, policías y gobernantes calificándolos de genocidas.
No alcanzamos a comprender entonces cómo es posible que se insista en la iniciativa de la CVR de levantar un mausoleo para rendir pleitesía a los antecesores del senderismo que continúa atentando contra el Perú –porque sigue sangrante y latente la herida que abrió el terrorismo–, mientras muchos integrantes de la CVR mantienen amenazadas a las FF AA con su prejuiciosas denuncias ante la CIDH por violación de dd hh. De locos.
Oxigenando al terrorismo
Hay aspectos medulares en torno al debate sobre la escalada terrorista: 1) la estrategia sociopolítica a cargo del Estado; 2) la táctica militar encomendada a las FF AA; y 3) la complicidad de las oenegés políticas con el terrorismo. Y cuidado que no decimos narco terrorista pues esa acepción implica bajarle el tono al problema, soslayando que sendero y el mrta ocasionalmente –como ahora- se valen del narcotráfico como vía financiera para rearmarse y reagruparse con miras a su única batalla final: la conquista del poder.
1) El Estado carece de estrategia para enfrentar el resurgimiento de sendero y el mrta, tras la Inquisición a la que fue sometida la exitosa política antiterrorista que aplicó el régimen de Fujimori hasta acabar con las dos sectas del terror que nos tuvieron en vilo un cuarto de siglo. Desde entonces, la clase políticamente correcta boicotea todo intento de este gobierno por reponer aquella legislación antiterrorista, que incluye condenas drásticas sin beneficio penitenciario alguno, ni mucho menos permite excarcelar a senderistas y emerretistas, como ha sucedido. Asimismo los políticamente correctos se oponen a que se reponga el combate militar directo, acompañado de un trabajo de inteligencia que sume la defensa de la población a la del Estado. Alegan en ambos casos que las iniciativas atentan contra los derechos humanos de los terroristas, y amenazan con volver a acusar al Perú ante la Corte Interamericana en caso el gobierno se atreva siquiera a sugerir el debate para reponer una firme estrategia antiterror.
2) Respecto a la táctica militar, resulta patético ver a tanto politicastro y a los mismos “opinólogos” de siempre pontificar sobre cuál debe o no ser el plan de acción de las FF AA para combatir el terrorismo. Un aspecto eminentemente técnico y profesional jamás debe ser manejado por improvisados o mequetrefes. Dejemos solos a los militares y policías trazar la línea –secreta, por cierto- que debe seguir el Estado. Sin embargo hace falta que Ejecutivo y Legislativo aprueben los presupuestos necesarios para evitar que nuestros uniformados carezcan de aviones, helicópteros, armamento, munición, movilidad, equipamiento, etc. para enfrentar a sendero luminoso y el mrta.
3) En la complicidad de las oenegés políticas con el terrorismo estriba la parte medular del problema, pues soldados y policías se resisten a seguir luchando contra el terrorismo para evitar ser procesados, condenados y encarcelados por violar derechos humanos de los genocidas, como hoy le sucede a más de 1,000 militares que lucharon en el Vrae y están demandados por sendas oenegés que defienden al terrorismo. No puede cuadrarse el círculo. O se combate a sendero y al mrta en las mismas condiciones –es decir, disparando a matar como hacen ellos- o dejemos que el terrorismo declare la victoria.
Mientras el país no se proponga resolver estos tres aspectos, lo único que estamos haciendo es aplicarle oxigeno al terrorismo, temerariamente resucitado entre Paniagua y Toledo para quedar bien con la casta políticamente correcta que los colocó en palacio.
1) El Estado carece de estrategia para enfrentar el resurgimiento de sendero y el mrta, tras la Inquisición a la que fue sometida la exitosa política antiterrorista que aplicó el régimen de Fujimori hasta acabar con las dos sectas del terror que nos tuvieron en vilo un cuarto de siglo. Desde entonces, la clase políticamente correcta boicotea todo intento de este gobierno por reponer aquella legislación antiterrorista, que incluye condenas drásticas sin beneficio penitenciario alguno, ni mucho menos permite excarcelar a senderistas y emerretistas, como ha sucedido. Asimismo los políticamente correctos se oponen a que se reponga el combate militar directo, acompañado de un trabajo de inteligencia que sume la defensa de la población a la del Estado. Alegan en ambos casos que las iniciativas atentan contra los derechos humanos de los terroristas, y amenazan con volver a acusar al Perú ante la Corte Interamericana en caso el gobierno se atreva siquiera a sugerir el debate para reponer una firme estrategia antiterror.
2) Respecto a la táctica militar, resulta patético ver a tanto politicastro y a los mismos “opinólogos” de siempre pontificar sobre cuál debe o no ser el plan de acción de las FF AA para combatir el terrorismo. Un aspecto eminentemente técnico y profesional jamás debe ser manejado por improvisados o mequetrefes. Dejemos solos a los militares y policías trazar la línea –secreta, por cierto- que debe seguir el Estado. Sin embargo hace falta que Ejecutivo y Legislativo aprueben los presupuestos necesarios para evitar que nuestros uniformados carezcan de aviones, helicópteros, armamento, munición, movilidad, equipamiento, etc. para enfrentar a sendero luminoso y el mrta.
3) En la complicidad de las oenegés políticas con el terrorismo estriba la parte medular del problema, pues soldados y policías se resisten a seguir luchando contra el terrorismo para evitar ser procesados, condenados y encarcelados por violar derechos humanos de los genocidas, como hoy le sucede a más de 1,000 militares que lucharon en el Vrae y están demandados por sendas oenegés que defienden al terrorismo. No puede cuadrarse el círculo. O se combate a sendero y al mrta en las mismas condiciones –es decir, disparando a matar como hacen ellos- o dejemos que el terrorismo declare la victoria.
Mientras el país no se proponga resolver estos tres aspectos, lo único que estamos haciendo es aplicarle oxigeno al terrorismo, temerariamente resucitado entre Paniagua y Toledo para quedar bien con la casta políticamente correcta que los colocó en palacio.
Más cuidado
Cuatro empresas editoras de diarios y una revista decidieron hace pocos años fundar un club particular. Un club exclusivista y segregacionista al que optaron por denominar –soberbia y falsamente– Consejo de la Prensa Peruana. Sí señor, un consejo de la prensa “Peruana” al que esos empresarios presentan como la Meca del periodismo nacional; como el Faro de la Alianza de las Civilizaciones para hombres de prensa honorables, decentes y políticamente correctos; como paraíso de la moral mediática y gloria de la pluma y la palabra acertada. Pero ese consejo, amigos lectores, no es más que un clan de cinco empresas amigas, donde por cierto no se encuentra representado el universo de medios de comunicación del Perú. Es más, aquel consejo de la prensa “Peruana” sucede que muy pocos conocen que se trata de apenas una oenegé que funge de consejo de honor para toda la profesión periodística nacional.
No contentos con esconder que el consejo es una oenegé como tantas otras que dominan el especto político nacional –en este caso representando sin mérito alguno al gremio de la prensa “peruana”–, este grupete de empresas editoras tiene el desparpajo de arrogarse el manejo ético de todos los medios periodísticos del país. ¿Cómo así? Pues sin tener facultad alguna para hacerlo –salvo el poder que genera aparentar la representación de todo el periodismo del Perú– lograron convocar un conjunto de gente “notable” –y otra no tanto– para que integre sonoras comisiones de honor, o de lo que fuere, que dicten cátedra sobre cómo debe comportarse el universo de medios de comunicación del país, de acuerdo a parámetros preestablecidos por la progresía caviar que domina a los dueños de las empresas editoras propietarias del consejo de marras. ¿Por qué en todo caso no lo llaman como corresponde: Consejo de la Prensa Caviar, Consejo de la Prensa Progre, Consejo de la Prensa Políticamente Correcta, o Consejo de la Prensa Elite? ¿Por qué engañar al público, e incluso a los comisionados “notables”, aseverando que el consejo es de la “Prensa Peruana”, cuando no lo es? Hace poco, por ejemplo, la Corte Suprema realizó un encuentro con “la prensa”, teniendo como único invitado al consejo de marras. Este escriba aclaró por carta al presidente del Poder Judicial que aquello era una falacia.
Y esa falacia, señores, retrata de cuerpo entero a quienes patrocinan esta agrupación que se jacta de pontificar –a título farsante de entidad nacional– sobre cuestiones de ética, honorabilidad, responsabilidad, independencia, etc., en torno a la libertad de expresión. En todo caso aquello correspondería que lo haga la única entidad representativa del gremio de los hombres de prensa: el Colegio de Periodistas del Perú, por ejemplo. Pero de ninguna manera cuatro o cinco empresas editoras, sin prerrogativa para interpretar lo que es la libertad de información y de opinión ni menos para juzgar al espectro de medios de comunicación nacional. En todo acaso, EXPRESO jamás ha solicitado –ni lo hará– ingresar a ese clan porque no representa el sentir de la prensa libre, entendido como el ejercicio periodístico sin más control que la responsabilidad personal de cada director de medio. Así que basta de seguir engañando con esto del consejo de la prensa “peruana”.
No contentos con esconder que el consejo es una oenegé como tantas otras que dominan el especto político nacional –en este caso representando sin mérito alguno al gremio de la prensa “peruana”–, este grupete de empresas editoras tiene el desparpajo de arrogarse el manejo ético de todos los medios periodísticos del país. ¿Cómo así? Pues sin tener facultad alguna para hacerlo –salvo el poder que genera aparentar la representación de todo el periodismo del Perú– lograron convocar un conjunto de gente “notable” –y otra no tanto– para que integre sonoras comisiones de honor, o de lo que fuere, que dicten cátedra sobre cómo debe comportarse el universo de medios de comunicación del país, de acuerdo a parámetros preestablecidos por la progresía caviar que domina a los dueños de las empresas editoras propietarias del consejo de marras. ¿Por qué en todo caso no lo llaman como corresponde: Consejo de la Prensa Caviar, Consejo de la Prensa Progre, Consejo de la Prensa Políticamente Correcta, o Consejo de la Prensa Elite? ¿Por qué engañar al público, e incluso a los comisionados “notables”, aseverando que el consejo es de la “Prensa Peruana”, cuando no lo es? Hace poco, por ejemplo, la Corte Suprema realizó un encuentro con “la prensa”, teniendo como único invitado al consejo de marras. Este escriba aclaró por carta al presidente del Poder Judicial que aquello era una falacia.
Y esa falacia, señores, retrata de cuerpo entero a quienes patrocinan esta agrupación que se jacta de pontificar –a título farsante de entidad nacional– sobre cuestiones de ética, honorabilidad, responsabilidad, independencia, etc., en torno a la libertad de expresión. En todo caso aquello correspondería que lo haga la única entidad representativa del gremio de los hombres de prensa: el Colegio de Periodistas del Perú, por ejemplo. Pero de ninguna manera cuatro o cinco empresas editoras, sin prerrogativa para interpretar lo que es la libertad de información y de opinión ni menos para juzgar al espectro de medios de comunicación nacional. En todo acaso, EXPRESO jamás ha solicitado –ni lo hará– ingresar a ese clan porque no representa el sentir de la prensa libre, entendido como el ejercicio periodístico sin más control que la responsabilidad personal de cada director de medio. Así que basta de seguir engañando con esto del consejo de la prensa “peruana”.
Que se pudra en la cárcel
El genocida Abimael Guzmán Reynoso acaba de presentar un hábeas corpus ante una Sala Penal Antiterrorista, exigiendo trato humanitario en la cárcel donde purga condena de cadena perpetua.
El megacriminal Abimael Guzmán Reynoso reclama piedad a la sociedad que dinamitó y le arruinó la existencia durante un terrorífico cuarto de siglo.
El miserable innato Abimael Guzmán Reynoso pide conmiseración tras haber ordenado la muerte y el secuestro de decenas de seres humanos y destruido incalculable valor de infraestructura pública y propiedad privada y estatal.
El canalla y mil veces homicida Abimael Guzmán Reynoso demanda que el Inpe permita que lo visite en el penal otra genocida como él, la camarada “Miriam”, su conviviente y cómplice en las decenas de miles de asesinatos que cometió en nombre de su secta letal Sendero Luminoso.
Este aborto de la naturaleza, llamado Abimael Guzmán Reynoso, pide clemencia, cuando él jamás tuvo un ápice de compasión por sus inocentes víctimas.
Esta escoria social, conocida como Abimael Guzmán Reynoso, aspira a que la sociedad peruana se compadezca de él, cuando su alma putrefacta no dio cabida a la compunción, al dolor ni menos a la condolencia ante sus decenas de miles de martirizados.
Este ser abyecto y ruin, llamado Abimael Guzmán Reynoso, demanda asimismo su libertad, pues alega que –debido a su “buen comportamiento carcelario”– ya cumplió su condena, y que el hecho que no pueda pagar la reparación civil que se le impuso no es óbice para que se otorgue la libertad “porque el monto es demasiado elevado”, cuando el daño humano y físico que infligió esta basura es absolutamente incalculable.
Y claro, las oenegés politizadas, dizque defensoras de los derechos humanos –aunque sólo de los terroristas, jamás de un policía o un militar–, están a favor del reclamo del genocida Guzmán Reynoso, o “presidente Gonzalo” como gusta llamarse. “Sensibilidad social” le dicen a eso los políticamente correctos. “La sociedad no puede actuar igual que Abimael Guzmán”, pontifican los caviares. “El Estado peruano tiene que dar el ejemplo y comportarse con sentido humanitario ante los luchadores sociales, a quienes la derecha injusta califica de terroristas”, reclaman los progre. Aunque es evidente que la progresía caviar en el fondo piensa idéntico a Sendero o al Mrta. ¿O acaso no aspira a los mismos “cambios sociales” que quiere imponer el comunismo representado por ambas sectas terroristas? Lo que sucede es que los progre no usan dinamita y metralleta para no ensuciar sus manos de sangre, ni manchar sus trajes de pólvora, ni sufrir cárcel o persecución; para de esa forma, además, actuar desde fuera como abogados del terror.
Abimael Guzmán Reynoso y su partida de cafres terroristas –justa e impecablemente apresado y condenado por el Estado– debe podrirse en el penal. Sin visitas ni gollería alguna. Cuidado que no está en la cárcel por un asesinato pasional o por un crimen por robo. Está condenado a cadena perpetua (RAE: “Que dura y permanece para siempre”), por el asesinato masivo de inocentes peruanos. A llorar al muro.
El megacriminal Abimael Guzmán Reynoso reclama piedad a la sociedad que dinamitó y le arruinó la existencia durante un terrorífico cuarto de siglo.
El miserable innato Abimael Guzmán Reynoso pide conmiseración tras haber ordenado la muerte y el secuestro de decenas de seres humanos y destruido incalculable valor de infraestructura pública y propiedad privada y estatal.
El canalla y mil veces homicida Abimael Guzmán Reynoso demanda que el Inpe permita que lo visite en el penal otra genocida como él, la camarada “Miriam”, su conviviente y cómplice en las decenas de miles de asesinatos que cometió en nombre de su secta letal Sendero Luminoso.
Este aborto de la naturaleza, llamado Abimael Guzmán Reynoso, pide clemencia, cuando él jamás tuvo un ápice de compasión por sus inocentes víctimas.
Esta escoria social, conocida como Abimael Guzmán Reynoso, aspira a que la sociedad peruana se compadezca de él, cuando su alma putrefacta no dio cabida a la compunción, al dolor ni menos a la condolencia ante sus decenas de miles de martirizados.
Este ser abyecto y ruin, llamado Abimael Guzmán Reynoso, demanda asimismo su libertad, pues alega que –debido a su “buen comportamiento carcelario”– ya cumplió su condena, y que el hecho que no pueda pagar la reparación civil que se le impuso no es óbice para que se otorgue la libertad “porque el monto es demasiado elevado”, cuando el daño humano y físico que infligió esta basura es absolutamente incalculable.
Y claro, las oenegés politizadas, dizque defensoras de los derechos humanos –aunque sólo de los terroristas, jamás de un policía o un militar–, están a favor del reclamo del genocida Guzmán Reynoso, o “presidente Gonzalo” como gusta llamarse. “Sensibilidad social” le dicen a eso los políticamente correctos. “La sociedad no puede actuar igual que Abimael Guzmán”, pontifican los caviares. “El Estado peruano tiene que dar el ejemplo y comportarse con sentido humanitario ante los luchadores sociales, a quienes la derecha injusta califica de terroristas”, reclaman los progre. Aunque es evidente que la progresía caviar en el fondo piensa idéntico a Sendero o al Mrta. ¿O acaso no aspira a los mismos “cambios sociales” que quiere imponer el comunismo representado por ambas sectas terroristas? Lo que sucede es que los progre no usan dinamita y metralleta para no ensuciar sus manos de sangre, ni manchar sus trajes de pólvora, ni sufrir cárcel o persecución; para de esa forma, además, actuar desde fuera como abogados del terror.
Abimael Guzmán Reynoso y su partida de cafres terroristas –justa e impecablemente apresado y condenado por el Estado– debe podrirse en el penal. Sin visitas ni gollería alguna. Cuidado que no está en la cárcel por un asesinato pasional o por un crimen por robo. Está condenado a cadena perpetua (RAE: “Que dura y permanece para siempre”), por el asesinato masivo de inocentes peruanos. A llorar al muro.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Una nación desleal
A lo largo de la historia republicana, el complejo de Adán nos ha mantenido aliados con Bolivia. Nuestros fundadores y generaciones siguientes lo hicieron convencidos de que contarían siempre con la solidaridad de quienes formaran parte de nuestra sangre a través del Imperio Incaico; esperanzados en mantener la lealtad de quienes también integraran el Virreynato del Perú bajo el nombre específico de Alto Perú. Sin embargo nuestros antecesores obviaron un hecho pétreo: que los bolivianos jamás se sintieron peruanos, jamás les latió un ápice de fidelidad hacia los peruanos, gracias a la jugada artera de un verdadero enemigo del Perú como fue Simón Bolívar, un ególatra nato que nos robó territorio ancestral para establecer allí un enclave bajo su propio nombre, República de Bolívar como originalmente la llamó, y que hoy se conoce como Bolivia.
Bolivia sólo nos ha causado problemas. Por esa solidaridad mal comprendida de nuestra parte, nos llevó a una guerra letal. Hoy, no obstante, negocia tras bambalinas una salida al mar por territorio que perdimos precisamente por defender la fraternidad que jamás tuvo hacia el Perú. Asimismo nuestra región surandina ha sido, es y seguirá siendo pasto de un indigenismo atávico, desequilibrado y enfermizo fomentado por sucesivos gobernantes bolivianos. Hoy inclusive somos víctimas no solo de sendos infundios y procacidades provenientes del dirigente cocalero Evo Morales –convertido de la noche a la mañana en “presidente democrático” tras haber derrocado al régimen constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada, encabezando una rebelión violenta, cargada de odio y petardos dinamiteros que causó muchas muertes, y casi acaba en guerra civil–, sino que a través de la frontera con Bolivia se infiltran millones de dólares, agitadores y la peor escoria humana que envía el impresentable Hugo Chávez, titiritero de Morales, para apoderarse políticamente del Perú, como ya lo hizo con Bolivia.
Es más, el 24 de enero de 1992 y por iniciativa cien por ciento voluntaria del Perú, los presidentes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora suscribieron un acuerdo mediante el cual cedimos –a cambio de nada– más de 160 hectáreas de nuestro territorio a Bolivia –que incluyen 5 kilómetros de costa, al lado de Ilo–, llamándolo inclusive Boliviamar. Sin embargo merced a la tradicional indiferencia y deslealtad de Bolivia, ese gesto generoso del Perú pasó desapercibido, sin agradecimiento ni reconocimiento alguno. ¡Hoy hasta nos retacean los trajes costumbristas! Por favor.
Entonces, ¿qué tanto reclaman ciertos “opinólogos” que nuestra Cancillería recomponga las relaciones con Bolivia? ¿Para qué? ¿A cambio de qué? ¿En base a qué argumentos? Porque, históricamente, acercarnos a Bolivia sólo nos ha traído problemas; y es evidente que mirando a futuro las cosas no van a cambiar un ápice. Nadie niega que exista una zona de intenso comercio bilateral en Desaguadero, ni tampoco que compartamos el Titicaca. Pero más allá de ello hacia el Perú sólo hay ingratitud y hasta perfidia en muchos estratos bolivianos. Otrosí: mientras la Bolivia de Morales –o de quien lo suceda– forme parte del imperio bolivariano del impresentable Chávez, Perú necesita guardar prudente distancia con la nación altiplánica.
Bolivia sólo nos ha causado problemas. Por esa solidaridad mal comprendida de nuestra parte, nos llevó a una guerra letal. Hoy, no obstante, negocia tras bambalinas una salida al mar por territorio que perdimos precisamente por defender la fraternidad que jamás tuvo hacia el Perú. Asimismo nuestra región surandina ha sido, es y seguirá siendo pasto de un indigenismo atávico, desequilibrado y enfermizo fomentado por sucesivos gobernantes bolivianos. Hoy inclusive somos víctimas no solo de sendos infundios y procacidades provenientes del dirigente cocalero Evo Morales –convertido de la noche a la mañana en “presidente democrático” tras haber derrocado al régimen constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada, encabezando una rebelión violenta, cargada de odio y petardos dinamiteros que causó muchas muertes, y casi acaba en guerra civil–, sino que a través de la frontera con Bolivia se infiltran millones de dólares, agitadores y la peor escoria humana que envía el impresentable Hugo Chávez, titiritero de Morales, para apoderarse políticamente del Perú, como ya lo hizo con Bolivia.
Es más, el 24 de enero de 1992 y por iniciativa cien por ciento voluntaria del Perú, los presidentes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora suscribieron un acuerdo mediante el cual cedimos –a cambio de nada– más de 160 hectáreas de nuestro territorio a Bolivia –que incluyen 5 kilómetros de costa, al lado de Ilo–, llamándolo inclusive Boliviamar. Sin embargo merced a la tradicional indiferencia y deslealtad de Bolivia, ese gesto generoso del Perú pasó desapercibido, sin agradecimiento ni reconocimiento alguno. ¡Hoy hasta nos retacean los trajes costumbristas! Por favor.
Entonces, ¿qué tanto reclaman ciertos “opinólogos” que nuestra Cancillería recomponga las relaciones con Bolivia? ¿Para qué? ¿A cambio de qué? ¿En base a qué argumentos? Porque, históricamente, acercarnos a Bolivia sólo nos ha traído problemas; y es evidente que mirando a futuro las cosas no van a cambiar un ápice. Nadie niega que exista una zona de intenso comercio bilateral en Desaguadero, ni tampoco que compartamos el Titicaca. Pero más allá de ello hacia el Perú sólo hay ingratitud y hasta perfidia en muchos estratos bolivianos. Otrosí: mientras la Bolivia de Morales –o de quien lo suceda– forme parte del imperio bolivariano del impresentable Chávez, Perú necesita guardar prudente distancia con la nación altiplánica.
martes, 1 de septiembre de 2009
La región sin libertad
Latinoamérica se enfila a la dictadura. La amenaza contra la prensa viene dándose en forma simultánea en Venezuela, Argentina y Ecuador, Bolivia y Nicaragua. La mordaza es producto de la “revolución bolivariana socialista” que impulsa el impresentable Chávez para imponer su imperio del petróleo y la droga en la región. El control estatal de la prensa lo promueve la tiranía Castro-chavista para conquistar espacios en Sudamérica, con miras a integrarla a un “eje estratégico” con los amigos de Chávez: Irán –adalid del antinorteamericanismo, asilo del terrorismo internacional y paraíso del mundo de la droga– y Rusia, tradicional proveedor de armas para quien fuere.
El ejemplo totalitario lo dio en mayo de 2007 el impresentable al prohibir la renovación de la licencia de la cadena periodística opositora Radio Caracas Televisión. Y ahora la emprende contra otras 34 emisoras de radio y tv –a las que prepotentemente ya sacó del aire– y advirtió que 200 más también podrían perder sus licencias. Salvo el consorcio mediático de propiedad del multimillonario grupo Cisneros –que rastreramente se ha entregado al impresentable a cambio de que sus meganegocios sigan haciendo toneladas de utilidades–, el resto de la prensa venezolana está bajo amenaza de muerte.
De otro lado hace tiempo que el ecuatoriano Rafael Correa, aprendiz de brujo y admirador del impresentable Chávez, amenaza a los medios de comunicación. Pero la última semana pasó del dicho al hecho al exigir la clausura del canal Teleamazonas por difundir una conversación suya grabada por terceros –obtenida por el opositor Partido Sociedad Patriótica–, audio que confirma que Correa cambió el texto de la nueva Constitución a espaldas de lo aprobado en el referéndum de hace un año.
Asimismo la archimillonaria parejita Kirchner ha introducido una parafernalia de restricciones sutiles y mecanismos fiscales para deteriorar la solvencia financiera de las empresas periodísticas. Es más, ha elaborado un proyecto de ley que impondría la regulación estatal de los medios de comunicación. De manera que de aprobarse esa norma, sólo un tercio de la prensa tendría el carácter de comercial –como sucede acá y en todo el mundo libre–, otro tercio sería destinado al servicio público –el Estado– y el último entregado a oenegés, sindicatos, universidades, iglesias, etc. ¿Velasquismo II?
La libertad de prensa peligra en Latinoamérica. A propósito nos preguntamos, ¿qué harán para evitar que aquello se repita en este país esos llamados “grandes medios de comunicación” peruanos, siempre pusilánimes y vergonzosamente entregados al mundo parasitario de las oenegés políticas? ¿Qué opinan al respecto esos medios caviares dirigidos por los mismos comunistoides que apoyaron la confiscación de nuestra prensa por el velascato? ¿Qué pretende esa gentuza que se rasga las vestiduras desafiando y extorsionando a los únicos sectores que defienden la libertad de prensa: la derecha y el centro político? Seguro que esperar el resultado de las elecciones del 2011 para luego acomodarse con el poder de turno. Como suelen hacerlo en todo orden de cosas.
El ejemplo totalitario lo dio en mayo de 2007 el impresentable al prohibir la renovación de la licencia de la cadena periodística opositora Radio Caracas Televisión. Y ahora la emprende contra otras 34 emisoras de radio y tv –a las que prepotentemente ya sacó del aire– y advirtió que 200 más también podrían perder sus licencias. Salvo el consorcio mediático de propiedad del multimillonario grupo Cisneros –que rastreramente se ha entregado al impresentable a cambio de que sus meganegocios sigan haciendo toneladas de utilidades–, el resto de la prensa venezolana está bajo amenaza de muerte.
De otro lado hace tiempo que el ecuatoriano Rafael Correa, aprendiz de brujo y admirador del impresentable Chávez, amenaza a los medios de comunicación. Pero la última semana pasó del dicho al hecho al exigir la clausura del canal Teleamazonas por difundir una conversación suya grabada por terceros –obtenida por el opositor Partido Sociedad Patriótica–, audio que confirma que Correa cambió el texto de la nueva Constitución a espaldas de lo aprobado en el referéndum de hace un año.
Asimismo la archimillonaria parejita Kirchner ha introducido una parafernalia de restricciones sutiles y mecanismos fiscales para deteriorar la solvencia financiera de las empresas periodísticas. Es más, ha elaborado un proyecto de ley que impondría la regulación estatal de los medios de comunicación. De manera que de aprobarse esa norma, sólo un tercio de la prensa tendría el carácter de comercial –como sucede acá y en todo el mundo libre–, otro tercio sería destinado al servicio público –el Estado– y el último entregado a oenegés, sindicatos, universidades, iglesias, etc. ¿Velasquismo II?
La libertad de prensa peligra en Latinoamérica. A propósito nos preguntamos, ¿qué harán para evitar que aquello se repita en este país esos llamados “grandes medios de comunicación” peruanos, siempre pusilánimes y vergonzosamente entregados al mundo parasitario de las oenegés políticas? ¿Qué opinan al respecto esos medios caviares dirigidos por los mismos comunistoides que apoyaron la confiscación de nuestra prensa por el velascato? ¿Qué pretende esa gentuza que se rasga las vestiduras desafiando y extorsionando a los únicos sectores que defienden la libertad de prensa: la derecha y el centro político? Seguro que esperar el resultado de las elecciones del 2011 para luego acomodarse con el poder de turno. Como suelen hacerlo en todo orden de cosas.
lunes, 31 de agosto de 2009
sábado, 25 de julio de 2009
Éxito del gobierno
Absolutamente estrepitoso fue el fracaso del paro de 48 horas que con tanta pompa decretaron los transportistas. No solo pasó desapercibido, sino que los dirigentes de los choferes tuvieron que “suspenderlo” a medio día, tras reconocer el papelón que hicieron.
Buen debut entonces para el Gabinete que preside Javier Velásquez Quesquén, quien a contrapelo de su predecessor desde el primer momento de su gestión señaló que los problemas sectoriales los deben encarar y resolver los ministros del ramo. Con ello obligó a Enrique Cornejo a trabajar como encargado de Transportes y Comunicaciones, mientras el jefe de Gabinete se dedicaba a coordinar las medidas políticas para desbaratar el nuevo atentado contra el país. Una lección que pone en su sitio al payasín Alejandro Toledo, quien lenguaraz como de costumbre calificó a priori de “ministro de tercer nivel” al hoy presidente del Consejo de Ministros, importándole un comino echar más fuego a la hoguera –con su inelegante desprecio– en plena etapa de escalada antidemocrática.
Es más, el éxito del gabinete Velásquez Quesquén estriba en que el primer ministro no solo no cayó en la trampa de sentarse a la fuerza en alguna mesa de diálogo con los huelguistas, sino que tampoco suscribió acuerdo alguno como hubiera hecho Yehude Simon, un primer ministro acostumbrado a “dialogar” bajo chantaje, al extremo que habría dejado alrededor de 350 “acuerdos” firmados con una gama inimaginable de huelguistas e insurrectos, transando compromisos que el gobierno jamás podrá cumplir. No solo por consideraciones económicas sino estríctamente legales y constitucionales. Por ejemplo Simon habría acordado interceder –él como representante del Ejecutivo– para que el Congreso derogue la Ley de Aguas, violando así la independencia de poderes que consagra la Carta Fundamental. Con ese tipo de actitudes claudicantes el país –no solo el régimen García– se iba directamente al precipicio.
Con los transportistas no hay tema que tratar. La ley que fija penas y multas por infringir las reglas de tránsito fue aprobada por el Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, y el gobierno ya decretó el Reglamento correspondiente. Ergo lo que resta es aplicar la norma con la mayor de las rigurosidades. ¿O acaso no recuerdan los transportistas –y los medios de prensa que hablan de excesos en esta Ley– a esas lamentables decenas de miles de fallecidos, o a los 170 mil inválidos a consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en la última década? ¿No comprenden estos conductores prepotentes que a la sociedad le urge contar con un instrumento coercitivo para poner coto a su salvajismo? La temeridad de los choferes hizo que la opinión pública –sensibilizada por la magnitud de su daño– exigiera al Congreso y a Palacio poner mano dura contra los criminales del volante. Pero como en este país siempre hay que hacer problemas donde no los hay, muchos “opinólogos¨ ahora reclaman que al gobierno “se le pasó la mano” por la dureza de las normas aprobadas. Ni caso, señores del Ejecutivo y el Parlamento. El país entero está de acuerdo con los dispositivos promulgados para castigar a los malos transportistas.
Buen debut entonces para el Gabinete que preside Javier Velásquez Quesquén, quien a contrapelo de su predecessor desde el primer momento de su gestión señaló que los problemas sectoriales los deben encarar y resolver los ministros del ramo. Con ello obligó a Enrique Cornejo a trabajar como encargado de Transportes y Comunicaciones, mientras el jefe de Gabinete se dedicaba a coordinar las medidas políticas para desbaratar el nuevo atentado contra el país. Una lección que pone en su sitio al payasín Alejandro Toledo, quien lenguaraz como de costumbre calificó a priori de “ministro de tercer nivel” al hoy presidente del Consejo de Ministros, importándole un comino echar más fuego a la hoguera –con su inelegante desprecio– en plena etapa de escalada antidemocrática.
Es más, el éxito del gabinete Velásquez Quesquén estriba en que el primer ministro no solo no cayó en la trampa de sentarse a la fuerza en alguna mesa de diálogo con los huelguistas, sino que tampoco suscribió acuerdo alguno como hubiera hecho Yehude Simon, un primer ministro acostumbrado a “dialogar” bajo chantaje, al extremo que habría dejado alrededor de 350 “acuerdos” firmados con una gama inimaginable de huelguistas e insurrectos, transando compromisos que el gobierno jamás podrá cumplir. No solo por consideraciones económicas sino estríctamente legales y constitucionales. Por ejemplo Simon habría acordado interceder –él como representante del Ejecutivo– para que el Congreso derogue la Ley de Aguas, violando así la independencia de poderes que consagra la Carta Fundamental. Con ese tipo de actitudes claudicantes el país –no solo el régimen García– se iba directamente al precipicio.
Con los transportistas no hay tema que tratar. La ley que fija penas y multas por infringir las reglas de tránsito fue aprobada por el Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, y el gobierno ya decretó el Reglamento correspondiente. Ergo lo que resta es aplicar la norma con la mayor de las rigurosidades. ¿O acaso no recuerdan los transportistas –y los medios de prensa que hablan de excesos en esta Ley– a esas lamentables decenas de miles de fallecidos, o a los 170 mil inválidos a consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en la última década? ¿No comprenden estos conductores prepotentes que a la sociedad le urge contar con un instrumento coercitivo para poner coto a su salvajismo? La temeridad de los choferes hizo que la opinión pública –sensibilizada por la magnitud de su daño– exigiera al Congreso y a Palacio poner mano dura contra los criminales del volante. Pero como en este país siempre hay que hacer problemas donde no los hay, muchos “opinólogos¨ ahora reclaman que al gobierno “se le pasó la mano” por la dureza de las normas aprobadas. Ni caso, señores del Ejecutivo y el Parlamento. El país entero está de acuerdo con los dispositivos promulgados para castigar a los malos transportistas.
viernes, 24 de julio de 2009
Incongruencia
No alcanzamos a comprender el raciocinio del Presidente, Alan García, respecto al tema del Gas Natural. En concreto, nos referimos al Gas de Camisea.
“El Perú tiene la energía eléctrica y el gas natural suficientes para garantizar el desarrollo de grandes inversiones“. Así se pronunció ayer el primer mandatario durante la inauguración de la central eléctrica Kallpa II en Chilca, al sur de Lima. Parece que el jefe de Estado está desinformado o, más grave aún, no comprende la seriedad del problema. El gas de Camisea cuenta con reservas probadas que apenas alcanzan para atender el mercado local. Sin embargo el consorcio que lo explota insiste en exportar esa energía estratégica, basado en un contrato antiperuano suscrito por el gobierno de Alejandro Toledo.
Ha llegado el momento que la gestión de Alan García deslinde responsabilidades con el entreguismo gasífero del toledato. EXPRESO ha denunciado en múltiples ocasiones el peligroso contubernio evidenciado –por obra y gracia del régimen que encabezara Alejandro Toledo– entre el Estado peruano y el consorcio que explota el gas de Camisea.
Hablamos de un acuerdo entreguista –y por tanto ilegal– suscrito por el toledismo, que increíble, inaceptablemente facilita el camino para que una alianza de PYMES internacionales –hablando a nivel del sector petrolero– exporte nuestro gas natural a Chile, entre otros destinos, a sabiendas de que las reservas de ese combustible –estratégico para nuestro desarrollo– no alcanzan para satisfacer el mercado interno. Es más, de manera contradictoria –y hasta delictiva– a nivel local la demanda del gas natural viene siendo profusa, ilusamente promocionada por este gobierno. En ese orden de ideas, resultan incongruentes las facilidades otorgadas para convertir los vehículos gasolineros o petroleros a gas natural. Como tampoco se entiende la profusa propaganda de la gestión García para que las amas de casas usen cada día más el preciado combustible gasífero, en reemplazo de la costosa energía eléctrica para atender las demandas domésticas.
El asunto del gas natural va a explotar. Y muy pronto. En ese horizonte, no alcanzamos a entender la cerrada, torpe –¿cómplice?– defensa que realiza este gobierno en torno al nefasto contrato suscrito por la gestión de Alejandro Toledo con el consorcio que explota el gas de Camisea. El tema sin duda muy pronto va a convertirse en caballito de batalla electoral. Sobre todo de la ultra. Por ello resulta inexplicable el respaldo del presidente Alan García a un contrato rodeado de ribetes de escándalo. A menos que la “influencia” del consorcio haya conseguido “convencer” a su régimen. Asunto que, más temprano que tarde, habrá de manchar la trayectoria de su gobierno.
“El Perú tiene la energía eléctrica y el gas natural suficientes para garantizar el desarrollo de grandes inversiones“. Así se pronunció ayer el primer mandatario durante la inauguración de la central eléctrica Kallpa II en Chilca, al sur de Lima. Parece que el jefe de Estado está desinformado o, más grave aún, no comprende la seriedad del problema. El gas de Camisea cuenta con reservas probadas que apenas alcanzan para atender el mercado local. Sin embargo el consorcio que lo explota insiste en exportar esa energía estratégica, basado en un contrato antiperuano suscrito por el gobierno de Alejandro Toledo.
Ha llegado el momento que la gestión de Alan García deslinde responsabilidades con el entreguismo gasífero del toledato. EXPRESO ha denunciado en múltiples ocasiones el peligroso contubernio evidenciado –por obra y gracia del régimen que encabezara Alejandro Toledo– entre el Estado peruano y el consorcio que explota el gas de Camisea.
Hablamos de un acuerdo entreguista –y por tanto ilegal– suscrito por el toledismo, que increíble, inaceptablemente facilita el camino para que una alianza de PYMES internacionales –hablando a nivel del sector petrolero– exporte nuestro gas natural a Chile, entre otros destinos, a sabiendas de que las reservas de ese combustible –estratégico para nuestro desarrollo– no alcanzan para satisfacer el mercado interno. Es más, de manera contradictoria –y hasta delictiva– a nivel local la demanda del gas natural viene siendo profusa, ilusamente promocionada por este gobierno. En ese orden de ideas, resultan incongruentes las facilidades otorgadas para convertir los vehículos gasolineros o petroleros a gas natural. Como tampoco se entiende la profusa propaganda de la gestión García para que las amas de casas usen cada día más el preciado combustible gasífero, en reemplazo de la costosa energía eléctrica para atender las demandas domésticas.
El asunto del gas natural va a explotar. Y muy pronto. En ese horizonte, no alcanzamos a entender la cerrada, torpe –¿cómplice?– defensa que realiza este gobierno en torno al nefasto contrato suscrito por la gestión de Alejandro Toledo con el consorcio que explota el gas de Camisea. El tema sin duda muy pronto va a convertirse en caballito de batalla electoral. Sobre todo de la ultra. Por ello resulta inexplicable el respaldo del presidente Alan García a un contrato rodeado de ribetes de escándalo. A menos que la “influencia” del consorcio haya conseguido “convencer” a su régimen. Asunto que, más temprano que tarde, habrá de manchar la trayectoria de su gobierno.
jueves, 23 de julio de 2009
Qué tal aprovechamiento
En política no hay coincidencias. Tampoco puede ser necio quien ingresa a esa arena trajeado de demócrata. Necio como para permitir que voceros del mrta –la antimateria democrática– usen Palacio Legislativo para hacer apología del terrorismo. Recordemos que la secta terrorista Mrta planeó dinamitar nada menos que el Congreso, en acción execrable que planificara la convicta emerretista Lori Berenson. Sin embargo esa temeridad se produjo ayer. Fue obra de Víctor Mayorga, congresista de las filas del humalismo que le franqueó el ingreso al Parlamento a una delegación de Patria Libre, órgano de fachada de los autotitulados “liberados del Mrta”. Pero, ¿a qué fueron al Palacio Legislativo? Pues a dar una conferencia de prensa para anunciar –desde el cenáculo de la democracia que juraron aniquilar– que postularán en las elecciones del 2011. Pero Mayorga no solo les abrió las puertas del recinto congresal, sino que fungió de maestro de ceremonias en la conferencia de marras. Lo hizo de la mano de su asesor Gustavo Espinosa Montesinos, “boquita de caramelo”, comunista declarado, ex jefe de la Cgtp soviética, que ahora recibe un jugoso sueldo del Estado.
Las paredes de nuestro Congreso retumbaron cuando uno de los terroristas liberados expresó
muy orgulloso que “el compañero Néstor Serpa Cartolini es muestro líder histórico”. Recordemos que el miserable Serpa fue un terrorista especializado en secuestrar empresarios para torturarlos, confinándolos durante seis o más meses en inmundas celdas subterráneas de dos metros cuadrados, sin baño, luz, ni aire, para conseguir el pago de millonarios rescates. Serpa también ejecutó la toma de la embajada de Japón y ordenó la criminal violación de los derechos humanos de inocentes rehenes. Y este canalla es el “líder histórico” de la basura de gente que ayer utilizó nuestro Congreso para hacer apología del terrorismo, gracias al imberbe Mayorga.
La democracia es sinónimo de tolerancia. Sin embargo tolerancia no es lo mismo que estupidez. No puede ser que el terrorismo use la democracia para conseguir sus objetivos perversos, y que permitan aquello quienes fungen de dirigentes demócratas –en este caso un representante del partido de Ollanta Humala que aspira a ser presidente del Perú dizque por la vía democrática–. Pero no nos engañemos. También hay falsos demócratas, como Humala, que pretenden llegar a la jefatura del Estado para, en sus propias palabras, “realizar una mesa de concertación que zanje el tema del terrorismo”. Es decir, para darle la bendición a Sendero y al Mrta, sectas terroristas a las que Ollanta Humala anteayer se negó a calificarlas como tales.
Ahora bien, mientras se producía este estropicio en nuestro primer poder del Estado, ¿qué hacían el presidente y los numerosos vicepresidentes del Congreso? Nada. Por ello no solo Mayorga necesita una reprimenda sino toda la mesa directiva parlamentaria. Aunque en pocos días cambiará de manos.
Las paredes de nuestro Congreso retumbaron cuando uno de los terroristas liberados expresó
muy orgulloso que “el compañero Néstor Serpa Cartolini es muestro líder histórico”. Recordemos que el miserable Serpa fue un terrorista especializado en secuestrar empresarios para torturarlos, confinándolos durante seis o más meses en inmundas celdas subterráneas de dos metros cuadrados, sin baño, luz, ni aire, para conseguir el pago de millonarios rescates. Serpa también ejecutó la toma de la embajada de Japón y ordenó la criminal violación de los derechos humanos de inocentes rehenes. Y este canalla es el “líder histórico” de la basura de gente que ayer utilizó nuestro Congreso para hacer apología del terrorismo, gracias al imberbe Mayorga.
La democracia es sinónimo de tolerancia. Sin embargo tolerancia no es lo mismo que estupidez. No puede ser que el terrorismo use la democracia para conseguir sus objetivos perversos, y que permitan aquello quienes fungen de dirigentes demócratas –en este caso un representante del partido de Ollanta Humala que aspira a ser presidente del Perú dizque por la vía democrática–. Pero no nos engañemos. También hay falsos demócratas, como Humala, que pretenden llegar a la jefatura del Estado para, en sus propias palabras, “realizar una mesa de concertación que zanje el tema del terrorismo”. Es decir, para darle la bendición a Sendero y al Mrta, sectas terroristas a las que Ollanta Humala anteayer se negó a calificarlas como tales.
Ahora bien, mientras se producía este estropicio en nuestro primer poder del Estado, ¿qué hacían el presidente y los numerosos vicepresidentes del Congreso? Nada. Por ello no solo Mayorga necesita una reprimenda sino toda la mesa directiva parlamentaria. Aunque en pocos días cambiará de manos.
miércoles, 22 de julio de 2009
Voto en contra en la OEA
Repugna cuando priman intereses personales –o de cualquier otra índole– en quien es elegido por terceros para actuar con imparcialidad. Es el caso del chileno José Miguel Insulza, secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Resulta que este hombre fuerte del régimen socialista de Salvador Allende, Canciller durante el gobierno de Eduardo Frei, y ministro del Interior del presidente Ricardo Lagos –es decir, un todoterreno del país mapocho– ha decidido hacerse reelegir jefe de la OEA. Aún no se sabe por aspiración personal o debido a la voluntad de su país. Sea lo que fuere, con ese motivo Insulza ha dejado de tener la sindéresis, la objetividad y la independencia que exige el cargo. Porque es evidente que viene actuando en función a su objetivo reeleccionista, antes que de acuerdo al interés de la mayoría de hombres y mujeres latinoamericanos. Y en su delirio por alcanzar la reelección –meta que los demócratas caviares proscribieran para Fujimori pero que alientan y aplauden cuando quienes pretenden alcanzarla son izquierdistas, como Chávez, Morales, Correa y ahora Zelaya–, Insulza confunde adrede número de naciones con cantidad de habitantes.
Es decir, Insulza solo busca sumar los 18 votos necesarios de otras tantas naciones para alcanzar su reelección, ignorando que muchas de ellas son caribeñas o centroamericanas con poblaciones mucho más ralas que aquellas de la región sudamericana, por ejemplo. En otras palabras, Insulza no debería confundir el peso político de países como el Perú (28 millones), Argentina (36 millones), o Brasil (169 millones), con Nicaragua o El Salvador, cada uno con alrededor de 5 millones de pobladores. Sin embargo en la práctica sucede. Y ello resulta muy riesgoso para el Continente, pues la estrategia de un orate como Hugo Chávez consiste precisamente en expandir su imperio socialista-petrolero en función a integrarlo con mininaciones que, en ese concierto chichero de países americanos llamado OEA, todas tienen el mismo voto e iguales privilegios que sus pares mayores. Una temeridad, pues en todo caso la OEA debería contar con algo semejante a lo que existe en las Naciones Unidas, un Consejo de Seguridad con derecho a veto conformado solo por los países ricos y poderosos.
A qué nivel habrá llegado la desesperación por hacerse reelegir de Insulza que –a raíz de la defenestración del tránsfuga “Mel” Zelaya como presidente de Honduras tras haber quebrado la Constitución de su país– la dedicación exclusiva del chileno es ahora servirle de felpudo y gonfalonero al impresentable Chávez –solo para conseguir el voto de las naciones que conforman la organización Alba–, haciendo lo indecible para que retorne al poder el tránsfuga Zelaya y así el poderoso Chávez pueda agregar una nueva conquista a su proyecto socialista bolivariano. Por eso ayer se humilló Insulza rogando la disculpa de ese caballo de Troya chavista conocido como la organización Alba –o Alternativa Bolivariana–, dizque por haber tenido el “atrevimiento” de señalar que “la crisis de Honduras no es una causa del ALBA sino de toda la región.”. ¡Qué vergüenza! Esperamos que Perú vote en contra de la reelección de José Miguel Insulza
Resulta que este hombre fuerte del régimen socialista de Salvador Allende, Canciller durante el gobierno de Eduardo Frei, y ministro del Interior del presidente Ricardo Lagos –es decir, un todoterreno del país mapocho– ha decidido hacerse reelegir jefe de la OEA. Aún no se sabe por aspiración personal o debido a la voluntad de su país. Sea lo que fuere, con ese motivo Insulza ha dejado de tener la sindéresis, la objetividad y la independencia que exige el cargo. Porque es evidente que viene actuando en función a su objetivo reeleccionista, antes que de acuerdo al interés de la mayoría de hombres y mujeres latinoamericanos. Y en su delirio por alcanzar la reelección –meta que los demócratas caviares proscribieran para Fujimori pero que alientan y aplauden cuando quienes pretenden alcanzarla son izquierdistas, como Chávez, Morales, Correa y ahora Zelaya–, Insulza confunde adrede número de naciones con cantidad de habitantes.
Es decir, Insulza solo busca sumar los 18 votos necesarios de otras tantas naciones para alcanzar su reelección, ignorando que muchas de ellas son caribeñas o centroamericanas con poblaciones mucho más ralas que aquellas de la región sudamericana, por ejemplo. En otras palabras, Insulza no debería confundir el peso político de países como el Perú (28 millones), Argentina (36 millones), o Brasil (169 millones), con Nicaragua o El Salvador, cada uno con alrededor de 5 millones de pobladores. Sin embargo en la práctica sucede. Y ello resulta muy riesgoso para el Continente, pues la estrategia de un orate como Hugo Chávez consiste precisamente en expandir su imperio socialista-petrolero en función a integrarlo con mininaciones que, en ese concierto chichero de países americanos llamado OEA, todas tienen el mismo voto e iguales privilegios que sus pares mayores. Una temeridad, pues en todo caso la OEA debería contar con algo semejante a lo que existe en las Naciones Unidas, un Consejo de Seguridad con derecho a veto conformado solo por los países ricos y poderosos.
A qué nivel habrá llegado la desesperación por hacerse reelegir de Insulza que –a raíz de la defenestración del tránsfuga “Mel” Zelaya como presidente de Honduras tras haber quebrado la Constitución de su país– la dedicación exclusiva del chileno es ahora servirle de felpudo y gonfalonero al impresentable Chávez –solo para conseguir el voto de las naciones que conforman la organización Alba–, haciendo lo indecible para que retorne al poder el tránsfuga Zelaya y así el poderoso Chávez pueda agregar una nueva conquista a su proyecto socialista bolivariano. Por eso ayer se humilló Insulza rogando la disculpa de ese caballo de Troya chavista conocido como la organización Alba –o Alternativa Bolivariana–, dizque por haber tenido el “atrevimiento” de señalar que “la crisis de Honduras no es una causa del ALBA sino de toda la región.”. ¡Qué vergüenza! Esperamos que Perú vote en contra de la reelección de José Miguel Insulza
Silencio cómplice
El ex presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien funge de “buen componedor” en torno al despelote que se ha armado entre el socialismo y la derecha latinoamericana, se jala los pelos porque no encuentra la fórmula mágica para conseguir la cuadratura del círculo.
Arias intenta que Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras, retorne al poder no obstante haber violado la Constitución tras imponer un Referéndum y exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reelegirse, figura absolutamente proscrita por la Carta hondureña. Es decir, Arias intenta que “Mel” Zelaya, vulgar remedo antidemocrático de sus pares chavistas Evo Morales, Rafael Correa, etc., regrese a ejercer la primera magistratura para “reponer el orden democrático”.
Es más, Arias se muestra presionado por el impresentable Hugo Chávez. Porque, aunque parezca ridículo, Chávez ha asomado su carota alrededor del tema hondureño jugando al gran demócrata latinoamericano que defiende el estado de derecho. Y bastó esa figura mendaz para que desde el chileno José Miguel Insulza, secretario de la OEA con ganas de reelegirse, al ex premio Nobel, Óscar Arias, se rasgasen las vestiduras para atender la demanda del tirano de Venezuela, gestionando la reposición en el cargo del ex presidente “Mel” Zelaya, el tránsfuga que abrió las puertas de su patria para que el impresentable Chávez instale otra base más de su imperio socialista-petrolero.
Y la retórica que usa Chávez para presionar al costarricense Óscar Arias no es otra que acusar de golpista al actual régimen de Honduras que encabeza Roberto Micheletti. Sin embargo el primer golpista convicto y confeso en esta parodia es precisamente el impresentable Chávez. Recordemos que en 1992 levantó a la FF AA venezolanas contra el entonces presidente constitucional de su país, Carlos Andrés Pérez, encabezando el infausto Caracazo. Por ese delito fue condenado, aunque dos años después, en acto naif y peligroso acabó indultándolo el ex presidente Rafael Caldera. Pero el golpista Chávez va más allá de presionar al “componedor” Arias. Acusa al Tío Sam de estar detrás de la caída del tránsfuga Manuel Zelaya. Según el impresentable, “En todos los golpes de Estado –incluido el suyo, desde luego– está la mano de EE UU”. Y asimismo Chávez se atreve a llamar “gorilas” a los integrantes del actual régimen hondureño, aunque el mote de simio lo describa mucho mejor a él mismo, emérito golpista de 1992.
El problema estriba en que la democracia se deja manipular por operadores dictatoriales como Chávez, gente que se vale de ella para, de manera subrepticia, introducir en países subdesarrollados como el nuestro sus políticas totalitarias, sus socialismos cargados de revanchismo trasnochado, y sus métodos cien por ciento antilibertarios y opresivos. A cambio de ello, ¿qué hacen los verdaderos demócratas? Pues todo afirma que mojar sus pantalones ante el grito chavista, dándole la razón al gorila que ha tomado la posta del tirano y asesino Fidel Castro. Es hora que los demócratas rechacen esta hipocresía. A propósito, ¿a qué se debe el silencio cómplice de toda esa turba –dizque demócrata– que aupó al poder a blandengues como Paniagua o a irresponsables como Toledo?
Arias intenta que Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras, retorne al poder no obstante haber violado la Constitución tras imponer un Referéndum y exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reelegirse, figura absolutamente proscrita por la Carta hondureña. Es decir, Arias intenta que “Mel” Zelaya, vulgar remedo antidemocrático de sus pares chavistas Evo Morales, Rafael Correa, etc., regrese a ejercer la primera magistratura para “reponer el orden democrático”.
Es más, Arias se muestra presionado por el impresentable Hugo Chávez. Porque, aunque parezca ridículo, Chávez ha asomado su carota alrededor del tema hondureño jugando al gran demócrata latinoamericano que defiende el estado de derecho. Y bastó esa figura mendaz para que desde el chileno José Miguel Insulza, secretario de la OEA con ganas de reelegirse, al ex premio Nobel, Óscar Arias, se rasgasen las vestiduras para atender la demanda del tirano de Venezuela, gestionando la reposición en el cargo del ex presidente “Mel” Zelaya, el tránsfuga que abrió las puertas de su patria para que el impresentable Chávez instale otra base más de su imperio socialista-petrolero.
Y la retórica que usa Chávez para presionar al costarricense Óscar Arias no es otra que acusar de golpista al actual régimen de Honduras que encabeza Roberto Micheletti. Sin embargo el primer golpista convicto y confeso en esta parodia es precisamente el impresentable Chávez. Recordemos que en 1992 levantó a la FF AA venezolanas contra el entonces presidente constitucional de su país, Carlos Andrés Pérez, encabezando el infausto Caracazo. Por ese delito fue condenado, aunque dos años después, en acto naif y peligroso acabó indultándolo el ex presidente Rafael Caldera. Pero el golpista Chávez va más allá de presionar al “componedor” Arias. Acusa al Tío Sam de estar detrás de la caída del tránsfuga Manuel Zelaya. Según el impresentable, “En todos los golpes de Estado –incluido el suyo, desde luego– está la mano de EE UU”. Y asimismo Chávez se atreve a llamar “gorilas” a los integrantes del actual régimen hondureño, aunque el mote de simio lo describa mucho mejor a él mismo, emérito golpista de 1992.
El problema estriba en que la democracia se deja manipular por operadores dictatoriales como Chávez, gente que se vale de ella para, de manera subrepticia, introducir en países subdesarrollados como el nuestro sus políticas totalitarias, sus socialismos cargados de revanchismo trasnochado, y sus métodos cien por ciento antilibertarios y opresivos. A cambio de ello, ¿qué hacen los verdaderos demócratas? Pues todo afirma que mojar sus pantalones ante el grito chavista, dándole la razón al gorila que ha tomado la posta del tirano y asesino Fidel Castro. Es hora que los demócratas rechacen esta hipocresía. A propósito, ¿a qué se debe el silencio cómplice de toda esa turba –dizque demócrata– que aupó al poder a blandengues como Paniagua o a irresponsables como Toledo?
lunes, 20 de julio de 2009
Justicia sin fondos
Que al Poder Judicial le falten recursos económicos es una verdad de Perogrullo. Pero indigna que ello suceda porque año tras año Ejecutivo y Legislativo recortan las partidas presupuestales que presenta la Judicatura. Si los tres poderes tienen el mismo peso dentro del Estado, ¿por qué el Judicial debe subyugarse a la decisión de los otros dos? Allí empieza el drama de la Justicia peruana. Y no se trata sólo de un cercenamiento financiero, algo impropio porque es a partir de las carencias como se genera la angustia para cubrir planillas; para construir nuevas instalaciones; para modernizar las vetustas oficinas; para ponerse al día en equipos y en capacidad tecnológica; etc. Es que al final del día ese estrangulamiento económico –ordenado por el Ejecutivo y el Legislativo– en la práctica anula los servicios que la Justicia está obligada a ofrecer a la ciudadanía.
Pero el tema va más allá. Nos referimos a la hipocresía, a la doble cara de la clase política. Es la falacia de esos eruditos de la democracia peruana que se rasgan las vestiduras exigiendo que la Justicia sea independiente y ajena a toda intervención del gobierno. Sin embargo son los políticos quienes mantienen ese perverso principio opresor, pero sobre todo intervencionista, por el cual –en materia presupuestal– se sigue sometiendo al Poder Judicial a los dictados del Congreso y de palacio de gobierno.
Es decir, se ubica a la Justicia debajo de los otros dos poderes del Estado, entes que sí controlan los políticos. Y como se sabe, con plata baila el mono. De modo que un Poder Judicial pobre será siempre dócil a la casta política. En consecuencia el drama de la Justicia peruana no es producto de su propia estructura ni resultado de la incapacidad de sus integrantes. Es la fórmula artera que ha encontrado la clase política para manipularla. Ergo la grita de los agoreros que a diario denuncian que los jueces son comprados por el gobierno, no es otra cosa que la manera taimada de los operadores políticos para extorsionar a jueces y gobernantes y continuar sacando troncha.
Mientras tanto seguimos con reos encarcelados durante diez años sin recibir sentencia, porque los escasos juzgados que existen–para atender a 28 millones de personas- no tienen dinero para atender la demanda de trabajo que recae sobre ellos. Y claro, los políticos se quejan cuando un prisionero exige su excarcelación si tiene más de 36 meses en la penitenciaría. Pero ojo, no hablamos de seis o doce meses en las mazmorras –tiempo más que suficiente para que el juez decida si uno es inocente o culpable– sino que son tres años de cautiverio lo que permite la ley para que recién se pronuncie la Justicia. Sin embargo, en caso la sentencia resulte exculpando al reo, ¿quién le repone el daño económico pero, sobre todo, el moral y físico? ¿Acaso ello no es una violación de los derechos humanos? Según los políticamente correctos la respuesta es no. Porque de ser afirmativa ya habrían exigido –como en el caso del Legislativo y el Ejecutivo– que sea el Poder Judicial el que decida el límite de su propio presupuesto.
Pero el tema va más allá. Nos referimos a la hipocresía, a la doble cara de la clase política. Es la falacia de esos eruditos de la democracia peruana que se rasgan las vestiduras exigiendo que la Justicia sea independiente y ajena a toda intervención del gobierno. Sin embargo son los políticos quienes mantienen ese perverso principio opresor, pero sobre todo intervencionista, por el cual –en materia presupuestal– se sigue sometiendo al Poder Judicial a los dictados del Congreso y de palacio de gobierno.
Es decir, se ubica a la Justicia debajo de los otros dos poderes del Estado, entes que sí controlan los políticos. Y como se sabe, con plata baila el mono. De modo que un Poder Judicial pobre será siempre dócil a la casta política. En consecuencia el drama de la Justicia peruana no es producto de su propia estructura ni resultado de la incapacidad de sus integrantes. Es la fórmula artera que ha encontrado la clase política para manipularla. Ergo la grita de los agoreros que a diario denuncian que los jueces son comprados por el gobierno, no es otra cosa que la manera taimada de los operadores políticos para extorsionar a jueces y gobernantes y continuar sacando troncha.
Mientras tanto seguimos con reos encarcelados durante diez años sin recibir sentencia, porque los escasos juzgados que existen–para atender a 28 millones de personas- no tienen dinero para atender la demanda de trabajo que recae sobre ellos. Y claro, los políticos se quejan cuando un prisionero exige su excarcelación si tiene más de 36 meses en la penitenciaría. Pero ojo, no hablamos de seis o doce meses en las mazmorras –tiempo más que suficiente para que el juez decida si uno es inocente o culpable– sino que son tres años de cautiverio lo que permite la ley para que recién se pronuncie la Justicia. Sin embargo, en caso la sentencia resulte exculpando al reo, ¿quién le repone el daño económico pero, sobre todo, el moral y físico? ¿Acaso ello no es una violación de los derechos humanos? Según los políticamente correctos la respuesta es no. Porque de ser afirmativa ya habrían exigido –como en el caso del Legislativo y el Ejecutivo– que sea el Poder Judicial el que decida el límite de su propio presupuesto.
Caos versus orden
Los choferes de servicio público ya paralizaron el país hace unas semanas. Exigían que el gobierno derogue el Reglamento de la Ley que fija penas y multas para los infractores de las normas de tránsito. Y ahora amenazan con hacerlo nuevamente, la semana que empieza, si el Ejecutivo insiste en mantener aquel dispositivo. Hasta aquí los hechos. En primer lugar la demanda en sí refleja la mala práctica instituida a partir del fuax pas de Bagua, cuando la poblada comprendió que consigue lo que quiere amedrentando a la autoridad. Allí asoma en su esplendor la irresponsabilidad que acarrea que un gobierno ceda al chantaje político, rendido ante la fuerza bruta opositora. Más vale una vez colorado que cien amarillo, reza el aforismo. Así que Ejecutivo y Legislativo necesitan ponerse firme, comprendiendo la gravedad del daño que causan sus patéticos retrocesos y derogatorias para “solucionar” problemas sociales. Las leyes y decretos, una vez promulgados, no deben anularse ni modificarse bajo presión de naturaleza alguna. Para ello no eligió el pueblo a sus representantes. Lo hizo porque confió en su capacidad para estudiar y formular las normas debidas, y para que haga que estas sean respetadas –con apoyo de la Justicia y la fuerza pública– por todos los peruanos.
En segundo término, ¿cómo es posible que la sociedad peruana no tenga un mecanismo contundente para defenderse de esta jauría de rufianes, salvajes e inclusive asesinos autonombrados “profesionales del volante”, gentuza que con su prepotencia y barbarismo ha convertido en peligro público el tránsito por calles y carreteras? ¿Cómo es posible que quede impune la muerte –asesinato, en muchos casos– de decenas de miles de personas cada año, a consecuencia de accidentes fatales que causan estos homicidas del timón que luego continúan conduciendo como si nada sus taxis, combis, buses, camiones, etc.? ¿Cómo es posible que el 90 por ciento de los conductores peruanos tenga que soportar las embestidas –cuando no los choques– de estos animales; aguantar sus anormales zigzags; sus permanentes paradas intempestivas; su irresponsable recojo de pasajeros allí donde les viene en gana; y soportar su maltrato con gesticulaciones y palabras soeces? ¿Cómo es posible que estos zafios la pasen piola habiendo dejado una secuela de más de 170 mil discapacitados en la última década, gente que lo perdió todo a raíz de accidentes de tránsito generados por las burradas de tanto chofer-delincuente de servicio público?
¿Quién pone coto a esta demencia, señores del gobierno? ¿Quién defiende a la sociedad? Nadie. Porque la fuerza bruta de la elite de choferes, transportistas y dueños de vetustos taxis, combis, micros, etc., se impone peligrosamente sobre la inmensa mayoría de peruanos. Para ello, a estos antisociales les basta paralizar al país, además de impedir –con delictivos actos de fuerza– que millones acudan a sus centros de trabajo, escuelas, quehaceres, o hasta a hospitales para recibir atención médica urgente. Imponga autoridad, señor ministro del Interior. Tome presos a los dirigentes y que la Policía aísle a los huelguistas. Así permitirá que quienes quieran trabajar o simplemente desplazarse, lo hagan sin problema. Y se acabó el paro. Solo así el país tendrá orden y progreso.
En segundo término, ¿cómo es posible que la sociedad peruana no tenga un mecanismo contundente para defenderse de esta jauría de rufianes, salvajes e inclusive asesinos autonombrados “profesionales del volante”, gentuza que con su prepotencia y barbarismo ha convertido en peligro público el tránsito por calles y carreteras? ¿Cómo es posible que quede impune la muerte –asesinato, en muchos casos– de decenas de miles de personas cada año, a consecuencia de accidentes fatales que causan estos homicidas del timón que luego continúan conduciendo como si nada sus taxis, combis, buses, camiones, etc.? ¿Cómo es posible que el 90 por ciento de los conductores peruanos tenga que soportar las embestidas –cuando no los choques– de estos animales; aguantar sus anormales zigzags; sus permanentes paradas intempestivas; su irresponsable recojo de pasajeros allí donde les viene en gana; y soportar su maltrato con gesticulaciones y palabras soeces? ¿Cómo es posible que estos zafios la pasen piola habiendo dejado una secuela de más de 170 mil discapacitados en la última década, gente que lo perdió todo a raíz de accidentes de tránsito generados por las burradas de tanto chofer-delincuente de servicio público?
¿Quién pone coto a esta demencia, señores del gobierno? ¿Quién defiende a la sociedad? Nadie. Porque la fuerza bruta de la elite de choferes, transportistas y dueños de vetustos taxis, combis, micros, etc., se impone peligrosamente sobre la inmensa mayoría de peruanos. Para ello, a estos antisociales les basta paralizar al país, además de impedir –con delictivos actos de fuerza– que millones acudan a sus centros de trabajo, escuelas, quehaceres, o hasta a hospitales para recibir atención médica urgente. Imponga autoridad, señor ministro del Interior. Tome presos a los dirigentes y que la Policía aísle a los huelguistas. Así permitirá que quienes quieran trabajar o simplemente desplazarse, lo hagan sin problema. Y se acabó el paro. Solo así el país tendrá orden y progreso.
sábado, 18 de julio de 2009
Con “P” de patria
Julio es siempre el tiempo aparente para recordar que no hemos nacido en Madagascar, Groenlandia ni Venezuela. Hemos nacido en el Perú. Esta simple realidad, sin embargo, no la tienen presente muchísimos compatriotas, algunos de los cuales la pasan por alto inconscientemente, otros la olvidan por conveniencia y hay quienes la ignoran por falta de patriotismo. No hablamos del pueril patrioterismo, de chauvinismos convenencieros ni de nacionalismos extremistas. Patriota es sencillamente aquel que siente algo por la tierra que le dio un espacio para nacer, tener ancestros, criarse, estudiar, trabajar, etc.
Y ese sentimiento –muy arraigado en el norteamericano, el francés, el chino, o el australiano, por ejemplo, pero que no late igual en todos los corazones peruanos– es menester fortalecerlo en torno a la Identidad que exige toda nación. Por más pequeño que sea el país; por más complicada que sea su vida social; por más pobreza que incube; por más odios, rencores y pasiones que alimenten a su sociedad, el ciudadano necesita sentir apego por su terruño. Y para ello hace falta inculcar a la juventud amor por su país. La Educación peruana sin embargo ignora esta columna vertebral en todo Estado.
Y allí estriba una primera tarea para los gobernantes. Porque mientras la sociedad no sienta calor por su patria, la gente sencillamente hará caso omiso a las autoridades, no acatará las leyes, no respetará la propiedad ajena; en suma, vivirá en el caos, consciente de que el país no es suyo y que por tanto hay que explotarlo, sacándole el provecho que se extrae de las cosas sin dueño. Es más, hay quienes quieren ignorar las fronteras alucinando una quimérica ciudadanía universal, fanfarroneando que a ello apunta el planeta. Pero eso no es más que una pose políticamente correcta, una ilusión o tal vez una idiotez, ya que al final del día esa gente no dejará de ser paria toda su vida.
Y cuidado que la falta de patriotismo –de identificación con su país, para ser más claros– no solo trae esa pérdida de valores que corroe a las naciones y que hace que sus habitantes no acaten las normas y sientan indiferencia –cuando no desprecio– por lo que les pertenece. No es solo eso. La falta de patriotismo llega al extremo de inducir a que el ciudadano mendigue dinero para obedecer consignas de gobiernos foráneos, que harán que su propio país sea pasto de ideologías e intereses extranjeros.
Y esto último, señores, no es más que traición a la patria. Un acto repudiable que, tarde o temprano, la sociedad sabrá sancionar aplicándole el más riguroso de los castigos a quienes lo practiquen. Cuidado entonces con los cantitos de sirena de ciertos politicastros locales –que se autodenominan “nacionalistas”–, que mañana, tarde y noche se dedican a vender su candidatura -como bastardos caballos de Troya electorales- para anclarnos a la voluntad de un orate extranjero que quiere mandar en el Perú. A ellos, al final de sus tropelías, solo les espera el desprecio eterno y la cárcel segura.
Y ese sentimiento –muy arraigado en el norteamericano, el francés, el chino, o el australiano, por ejemplo, pero que no late igual en todos los corazones peruanos– es menester fortalecerlo en torno a la Identidad que exige toda nación. Por más pequeño que sea el país; por más complicada que sea su vida social; por más pobreza que incube; por más odios, rencores y pasiones que alimenten a su sociedad, el ciudadano necesita sentir apego por su terruño. Y para ello hace falta inculcar a la juventud amor por su país. La Educación peruana sin embargo ignora esta columna vertebral en todo Estado.
Y allí estriba una primera tarea para los gobernantes. Porque mientras la sociedad no sienta calor por su patria, la gente sencillamente hará caso omiso a las autoridades, no acatará las leyes, no respetará la propiedad ajena; en suma, vivirá en el caos, consciente de que el país no es suyo y que por tanto hay que explotarlo, sacándole el provecho que se extrae de las cosas sin dueño. Es más, hay quienes quieren ignorar las fronteras alucinando una quimérica ciudadanía universal, fanfarroneando que a ello apunta el planeta. Pero eso no es más que una pose políticamente correcta, una ilusión o tal vez una idiotez, ya que al final del día esa gente no dejará de ser paria toda su vida.
Y cuidado que la falta de patriotismo –de identificación con su país, para ser más claros– no solo trae esa pérdida de valores que corroe a las naciones y que hace que sus habitantes no acaten las normas y sientan indiferencia –cuando no desprecio– por lo que les pertenece. No es solo eso. La falta de patriotismo llega al extremo de inducir a que el ciudadano mendigue dinero para obedecer consignas de gobiernos foráneos, que harán que su propio país sea pasto de ideologías e intereses extranjeros.
Y esto último, señores, no es más que traición a la patria. Un acto repudiable que, tarde o temprano, la sociedad sabrá sancionar aplicándole el más riguroso de los castigos a quienes lo practiquen. Cuidado entonces con los cantitos de sirena de ciertos politicastros locales –que se autodenominan “nacionalistas”–, que mañana, tarde y noche se dedican a vender su candidatura -como bastardos caballos de Troya electorales- para anclarnos a la voluntad de un orate extranjero que quiere mandar en el Perú. A ellos, al final de sus tropelías, solo les espera el desprecio eterno y la cárcel segura.
viernes, 17 de julio de 2009
Inseguridad interior
Si alguna experiencia fatal ha sufrido el país en los últimos tiempos es que el Estado –el gobierno que administra los intereses de la sociedad– carece de un eficiente servicio de inteligencia. Obnubilados por la resaca antifujimorista, Paniagua y Toledo no solo desintegraron los sistemas de inteligencia nacional, sino que publicaron los nombres y apellidos de los agentes secretos que –como cualquier Estado del planeta– usara la nación para tomarle el pulso a la realidad interna y externa. Es decir, ambos ex gobernantes cargan sobre sus hombros con gran parte de la responsabilidad de que el Perú se encuentre hoy a merced de subversivos, y acechado por enemigos regionales. Insistimos, mientras no contemos con un servicio de inteligencia nacional coherente, eficaz y absolutamente secreto, seguiremos camino al caos general.
Pero para desgracia del país, esa misma suerte la viene sufriendo el Ministerio del Interior con el régimen aprista. Por angas o por mangas, sea debido a la inacción policial, a errores de los custodios del orden, a la sobrerreacción de esa institución ante las asonadas ultra o la delincuencia organizada; o sea debido a actos de corrupción administrativa como licitaciones trampeadas o al contrabando que genera ese viejo vicio de los vales de gasolina para la oficialidad policial, el hecho es que un ministerio clave como Interior, encargado nada menos que de resguardar el orden y la seguridad interna para organizar a 28 millones de peruanos, anda completamente despelotado.
En ese orden de ideas, no alcanzamos a comprender cómo es posible que este régimen se haya dedicado a polarizar un asunto de tanta trascendencia, colocando a la Policía Nacional ante la disyuntiva de la corruptela o la disciplina. Porque eso es lo que sucede en el Mininter. Recordemos la media docena de ministros que ha desfilado por este sector en apenas tres años de gestión del gobierno de Alan García. Y cada uno de ellos ingresó al Despacho acompañado de un equipo diferente de personas –que a su vez sembraban sotto voce mala vibra contra sus predecesores– para administrar la Policía Nacional. En consecuencia la PNP ha sufrido múltiples, traumáticos cambios en su Dirección. Y aquello ha generado desasosiego e inestabilidad. Pero no solo eso sino que –como “escobita nueva barre bien”– cada jerarquía entrante imponía nuevos procedimientos que, en el escasísimo tiempo que tuvo para ponerlos en práctica, jamás pudo comprobar si funcionaban o no.
¿Cuántos más directores generales, jefes de Estado Mayor, jefes de la Dinincri, la Dincote, la Dinandro, etc., veremos desfilar en los dos años que le restan a la gestión García, gente colocada supuestamente para brindarnos seguridad pero que resulta removida del cargo tan pronto acaba de instalarse en su respectivo gabinete? Llamamos entonces la atención del Ejecutivo. Es censurable que la Policía Nacional sufra tal grado de inestabilidad, precisamente en momentos en que el país se encuentra al acecho de fuerzas desestabilizadoras que intentan derrocar al régimen democrático.
Pero para desgracia del país, esa misma suerte la viene sufriendo el Ministerio del Interior con el régimen aprista. Por angas o por mangas, sea debido a la inacción policial, a errores de los custodios del orden, a la sobrerreacción de esa institución ante las asonadas ultra o la delincuencia organizada; o sea debido a actos de corrupción administrativa como licitaciones trampeadas o al contrabando que genera ese viejo vicio de los vales de gasolina para la oficialidad policial, el hecho es que un ministerio clave como Interior, encargado nada menos que de resguardar el orden y la seguridad interna para organizar a 28 millones de peruanos, anda completamente despelotado.
En ese orden de ideas, no alcanzamos a comprender cómo es posible que este régimen se haya dedicado a polarizar un asunto de tanta trascendencia, colocando a la Policía Nacional ante la disyuntiva de la corruptela o la disciplina. Porque eso es lo que sucede en el Mininter. Recordemos la media docena de ministros que ha desfilado por este sector en apenas tres años de gestión del gobierno de Alan García. Y cada uno de ellos ingresó al Despacho acompañado de un equipo diferente de personas –que a su vez sembraban sotto voce mala vibra contra sus predecesores– para administrar la Policía Nacional. En consecuencia la PNP ha sufrido múltiples, traumáticos cambios en su Dirección. Y aquello ha generado desasosiego e inestabilidad. Pero no solo eso sino que –como “escobita nueva barre bien”– cada jerarquía entrante imponía nuevos procedimientos que, en el escasísimo tiempo que tuvo para ponerlos en práctica, jamás pudo comprobar si funcionaban o no.
¿Cuántos más directores generales, jefes de Estado Mayor, jefes de la Dinincri, la Dincote, la Dinandro, etc., veremos desfilar en los dos años que le restan a la gestión García, gente colocada supuestamente para brindarnos seguridad pero que resulta removida del cargo tan pronto acaba de instalarse en su respectivo gabinete? Llamamos entonces la atención del Ejecutivo. Es censurable que la Policía Nacional sufra tal grado de inestabilidad, precisamente en momentos en que el país se encuentra al acecho de fuerzas desestabilizadoras que intentan derrocar al régimen democrático.
jueves, 16 de julio de 2009
¿Análisis simplista?
Europa ha virado a la derecha. Las elecciones de la Comunidad así lo revelan. Quedan bolsones zurdos como España, país que sin embargo pronto revertiría al centro derecha ante la percepción que hay sobre el PSOE, partido de izquierda al que se le culpa del colapso financiero de la Madre Patria por haber ocultado la crisis durante largos meses de campaña electoral, para lograr la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero. Estados Unidos ha girado al centro izquierda tras el triunfo del partido Demócrata. En rigor el éxito fue de Barack Obama, ese torbellino que encandiló a los norteamericanos hastiados de un régimen confrontacional como el de George W. Bush, que los llevó a dos guerras absolutamente distantes, geográfica y espiritualmente hablando. No obstante, el Tío Sam atraviesa por un severísimo cuadro de recesión con déficit fiscal.
Sudamérica está dividida. El gigante Brasil sigue su camino de eficiencia, alejado por completo de populismos, demagogias y posturas socialistas. Chile continúa en lo suyo: consolidándose para integrarse al segundo mundo. Es más, el derechista Sebastián Piñera aparece adelante en las encuestas para las elecciones presidenciales de diciembre. Argentina ha sido testigo del descalabro de la era kirchneriana, tras el revés sufrido en las últimas elecciones parlamentarias por la parejita Kirchner que coquetea con el impresentable Hugo Chávez. En consecuencia el centro derecha gaucho aflora como probable alternativa para la elección presidencial del 2011. Uruguay y Paraguay son centro izquierda. Y excepto Perú y Colombia –que lideran una exitosa corriente de centro– el resto de la región ya forma parte del imperio socialista del petróleo chavista.
Curiosamente la Iglesia Católica –con gran predicamento en esta parte del planeta– estaría tomando cierto sesgo izquierdista. El viejo Papa Benedicto XVI acaba de lanzar su primera encíclica, Sacramentum Caritatis, que revela el espíritu de vanguardia teológica del obispo Joseph Ratzinger. Aparentemente alguien que habría influido en la Carta Papal es el Arzobispo de Munich, cardenal Reinhard Marx, quien en su reciente libro “El Capital – Una defensa del hombre”, sostiene que su homónimo, Carl Marx, tenía razón en su análisis del capitalismo. El purpurado –alemán como el Papa– señala que “El movimiento marxista tiene causas reales y pone cuestiones justificadas”.
En consecuencia, señores, hay que estar alertas a lo que pueda acontecer en este mundo confuso e inseguro. Con una Europa que se derechiza; un EE UU “Demócrata” y con su economía en estado de coma; parte de Sudamérica entregada al dinero del impresentable socialista Chávez; y una Iglesia Católica que pudiera regresar a teorías semejantes a la de la Liberación. Sin duda la lucha política regresa a su clásico contenido ideológico. Aunque en medio de este desconcierto fenomenal, sorprende sobremanera que el único icono comunista del mundo –China– siga consolidando su camino hacia el capitalismo en materia económica. Dios nos coja confesados.
Sudamérica está dividida. El gigante Brasil sigue su camino de eficiencia, alejado por completo de populismos, demagogias y posturas socialistas. Chile continúa en lo suyo: consolidándose para integrarse al segundo mundo. Es más, el derechista Sebastián Piñera aparece adelante en las encuestas para las elecciones presidenciales de diciembre. Argentina ha sido testigo del descalabro de la era kirchneriana, tras el revés sufrido en las últimas elecciones parlamentarias por la parejita Kirchner que coquetea con el impresentable Hugo Chávez. En consecuencia el centro derecha gaucho aflora como probable alternativa para la elección presidencial del 2011. Uruguay y Paraguay son centro izquierda. Y excepto Perú y Colombia –que lideran una exitosa corriente de centro– el resto de la región ya forma parte del imperio socialista del petróleo chavista.
Curiosamente la Iglesia Católica –con gran predicamento en esta parte del planeta– estaría tomando cierto sesgo izquierdista. El viejo Papa Benedicto XVI acaba de lanzar su primera encíclica, Sacramentum Caritatis, que revela el espíritu de vanguardia teológica del obispo Joseph Ratzinger. Aparentemente alguien que habría influido en la Carta Papal es el Arzobispo de Munich, cardenal Reinhard Marx, quien en su reciente libro “El Capital – Una defensa del hombre”, sostiene que su homónimo, Carl Marx, tenía razón en su análisis del capitalismo. El purpurado –alemán como el Papa– señala que “El movimiento marxista tiene causas reales y pone cuestiones justificadas”.
En consecuencia, señores, hay que estar alertas a lo que pueda acontecer en este mundo confuso e inseguro. Con una Europa que se derechiza; un EE UU “Demócrata” y con su economía en estado de coma; parte de Sudamérica entregada al dinero del impresentable socialista Chávez; y una Iglesia Católica que pudiera regresar a teorías semejantes a la de la Liberación. Sin duda la lucha política regresa a su clásico contenido ideológico. Aunque en medio de este desconcierto fenomenal, sorprende sobremanera que el único icono comunista del mundo –China– siga consolidando su camino hacia el capitalismo en materia económica. Dios nos coja confesados.
miércoles, 15 de julio de 2009
Ministros autistas
A lo largo de estos primeros tres años de la gestión Alan García II, una de las más criticables fallas del gobierno sigue siendo la incomunicación y la actitud autista de todos sus integrantes ante las protestas, paros y huelgas. Reclamos que si bien en su mayoría no tienen sustento –pues obedecen a estrategias políticas de la oposición ultra– sin embargo merecen una respuesta clara en cada caso por parte del Ejecutivo. Jorge del Castillo fue quizá la excepción. Sin embargo a la mayoría de ministros –y cuidado que ya son muchos los que han desfilado– ni se les escucha ni mucho menos se les ve cuando las papas queman. Sencillamente desaparecen del mapa, como si con su silencio esquivo fuesen a apagar la pradera incendiada. No solo transpiran temor sino que, como en esta vida quien calla otorga, su mutismo le da la razón a la poblada, pese a la naturaleza alucinante de sus reclamos. El silencio oficial frente a las algaradas contribuye pues tanto al descrédito del régimen como al resquebrajamiento de la gobernabilidad, desde que el pueblo percibe que los reclamos son justos –por más violentos que sean– y que más bien el gobierno no tiene seso para solucionarlos.
Otra tara que ha heredado este régimen –de la irresponsable gestión Toledo– son las mesitas de diálogo. Cada pelele que se alza contra el Estado acaba siempre instalado en esta suerte de tertulias incoherentes –diálogos de sordos a los que asisten ministros, cuando no el propio premier–, donde los azuzadores de la calle presionan para que la autoridad solucione ipso facto “las demandas del pueblo”, pese a su naturaleza extrema e inviable. No obstante, al final del día –o de la noche– los ministros acaban suscribiendo pomposas actas de compromiso a sabiendas –de antemano- que el gobierno va a incumplirlas, dándole así a la ultra un nuevo argumento para reiniciar la protesta.
Por último, consideramos que tres años de gestión es plazo más que suficiente para que el Ejecutivo recompusiera los servicios de inteligencia volados en pedazos por los imberbes Paniagua y Toledo. No obstante, todas las evidencias confirman que no funciona el aparato de información estratégica del Estado. Y eso es una desgracia para la
gobernabilidad que se traduce en la carencia de táctica del régimen para enfrentar la miríada de problemas –nacionales y fronterizos– que se le acumulan precisamente por desconocimiento de la realidad. Es decir, por carecer de un sistema de inteligencia.
Claro que es conveniente que el régimen divulgue sus logros. Últimamente se aprecia algo de eso en la televisión. Sin embargo ello no basta. Hace falta que los ministros se conviertan en voceros permanentes del gobierno. Deben explicar a diario los alcances de su gestión, escuchar la calle, sentirle el pulso al país. Y no despachar en aisladas oficinas, asistir a inútiles eventos sociales, ni perder el tiempo en tanta necedad que impone la pompa jerárquica ministerial. Ojalá que Javier Velásquez Quesquén, el eficiente parlamentario y ahora primer ministro, ponga cuanto antes orden en la sala.
Otra tara que ha heredado este régimen –de la irresponsable gestión Toledo– son las mesitas de diálogo. Cada pelele que se alza contra el Estado acaba siempre instalado en esta suerte de tertulias incoherentes –diálogos de sordos a los que asisten ministros, cuando no el propio premier–, donde los azuzadores de la calle presionan para que la autoridad solucione ipso facto “las demandas del pueblo”, pese a su naturaleza extrema e inviable. No obstante, al final del día –o de la noche– los ministros acaban suscribiendo pomposas actas de compromiso a sabiendas –de antemano- que el gobierno va a incumplirlas, dándole así a la ultra un nuevo argumento para reiniciar la protesta.
Por último, consideramos que tres años de gestión es plazo más que suficiente para que el Ejecutivo recompusiera los servicios de inteligencia volados en pedazos por los imberbes Paniagua y Toledo. No obstante, todas las evidencias confirman que no funciona el aparato de información estratégica del Estado. Y eso es una desgracia para la
gobernabilidad que se traduce en la carencia de táctica del régimen para enfrentar la miríada de problemas –nacionales y fronterizos– que se le acumulan precisamente por desconocimiento de la realidad. Es decir, por carecer de un sistema de inteligencia.
Claro que es conveniente que el régimen divulgue sus logros. Últimamente se aprecia algo de eso en la televisión. Sin embargo ello no basta. Hace falta que los ministros se conviertan en voceros permanentes del gobierno. Deben explicar a diario los alcances de su gestión, escuchar la calle, sentirle el pulso al país. Y no despachar en aisladas oficinas, asistir a inútiles eventos sociales, ni perder el tiempo en tanta necedad que impone la pompa jerárquica ministerial. Ojalá que Javier Velásquez Quesquén, el eficiente parlamentario y ahora primer ministro, ponga cuanto antes orden en la sala.
martes, 14 de julio de 2009
Incoherentes, siempre
El caviar es un demócrata felón con ADN comunista. La meta del comunero caviar es vivir como millonario y protestar como proletario. La fórmula para lograrlo estriba en mendigar donaciones a Estados y fundaciones del exterior “para afirmar la democracia, asistir a la pobreza, cuidar el medio ambiente, y defender los derechos humanos”; así como obligar al Estado a que contrate costosas e inútiles “asesorías” de las oenegé. Pero la comunidad caviar constituye en rigor un partido político disimulado. Actúa como tal, no obstante que la mayoría de la gentuza que la integra arrastra taras antidemocráticas e inconstitucionales. Asimismo la prensa políticamente correcta –que no es otra cosa que una maquinaria extorsionadora de hacer dinero– está en manos de la comunidad caviar. Es esa prensa que hoy se desespera defendiendo los derechos humanos del terrorismo y de todo aquel agitador violento que amenace a la sociedad. Es la prensa que ensalza “democracias” como la payasada hondureña. Sin embargo quienes hoy escriben y comentan en la prensa extorsionadora a favor de aquellos temas son los caviares que aplaudieron el violento derrocamiento de Fernando Belaunde, los mismos caviares que participaron activamente en la confiscación de la prensa peruana.
Enrique Bernales Ballesteros es un paradigma dentro de la comunidad caviar. Bernales Ballesteros es quien funda el año 1976 el Partido Socialista Revolucionario, junto a destacados jerarcas de la tiranía militar velasquista. Bernales Ballesteros fue cómplice entonces de consumados golpistas de la talla de Leonidas Rodríguez Figueroa, jefe del tenebroso SINAMOS cuyo objetivo fue constituirse en partido político único en el Perú, es decir en espejo de los partidos comunistas soviético, chino, cubano, etc.; y de Jorge Fernández, comunista confeso que persiguió como a ratas a sus opositores. Bernales fue entonces un activista del golpe de Estado y admirador de la dictadura que sojuzgó al Perú durante doce años. Ergo fue partidario de sendas violaciones de derechos humanos como persecuciones y deportaciones a periodistas y políticos opuestos a la tiranía. Pero, sobre todo, fue un leal adulador de Velasco Alvarado y de su camada de dictadorzuelos.
No obstante, ese mismo Bernales Ballesteros pro dictadura y pro golpista cuando se trataba de su país; ese mismo Bernales Ballesteros que mamó del gobierno espurio de Velasco Alvarado, ahora se muestra henchido de dolor e indignación por “una conspiración de altos cargos en la dirección del Estado que preparó el escenario de una presunta ´legalidad´ para derrocar al presidente (Manuel) Zelaya (en Honduras), e imponer un régimen que no ha dudado en ocupar militarmente el país. Que Zelaya haya querido llevar adelante una consulta popular para convocar a una asamblea que modificase la Constitución de Honduras fue un error (sic). Pero eso de modo alguno justifica despojar del cargo a un presidente ungido por el voto popular.”
La incoherencia y falta de sindéresis es la característica más saltante de la comunidad caviar. La tragicómica rasgadura de vestiduras de Bernales Ballesteros lo comprueba.
Enrique Bernales Ballesteros es un paradigma dentro de la comunidad caviar. Bernales Ballesteros es quien funda el año 1976 el Partido Socialista Revolucionario, junto a destacados jerarcas de la tiranía militar velasquista. Bernales Ballesteros fue cómplice entonces de consumados golpistas de la talla de Leonidas Rodríguez Figueroa, jefe del tenebroso SINAMOS cuyo objetivo fue constituirse en partido político único en el Perú, es decir en espejo de los partidos comunistas soviético, chino, cubano, etc.; y de Jorge Fernández, comunista confeso que persiguió como a ratas a sus opositores. Bernales fue entonces un activista del golpe de Estado y admirador de la dictadura que sojuzgó al Perú durante doce años. Ergo fue partidario de sendas violaciones de derechos humanos como persecuciones y deportaciones a periodistas y políticos opuestos a la tiranía. Pero, sobre todo, fue un leal adulador de Velasco Alvarado y de su camada de dictadorzuelos.
No obstante, ese mismo Bernales Ballesteros pro dictadura y pro golpista cuando se trataba de su país; ese mismo Bernales Ballesteros que mamó del gobierno espurio de Velasco Alvarado, ahora se muestra henchido de dolor e indignación por “una conspiración de altos cargos en la dirección del Estado que preparó el escenario de una presunta ´legalidad´ para derrocar al presidente (Manuel) Zelaya (en Honduras), e imponer un régimen que no ha dudado en ocupar militarmente el país. Que Zelaya haya querido llevar adelante una consulta popular para convocar a una asamblea que modificase la Constitución de Honduras fue un error (sic). Pero eso de modo alguno justifica despojar del cargo a un presidente ungido por el voto popular.”
La incoherencia y falta de sindéresis es la característica más saltante de la comunidad caviar. La tragicómica rasgadura de vestiduras de Bernales Ballesteros lo comprueba.
lunes, 13 de julio de 2009
El reto del Gabinete
Javier Velásquez Quesquén es un político que destaca por ser ponderado, en una emergente generación del APRA caracterizada por jóvenes exacerbados. Maneja su agenda con celo. Su acceso a la presidencia del Congreso lo refleja, y el ejercicio democrático que hizo del cargo lo confirma. Hace poco le estuvo quitando el sueño la presidencia regional de Chiclayo, al extremo que deslizó su intención de alejarse no solo de la presidencia del Legislativo sino inclusive de renunciar al Parlamento. Hoy ocupa el influyente –aunque sin duda complejo, por el momento– cargo de primer ministro. En el período de un lustro fijado para los regímenes democráticos, el tercer año marca el tiempo en que empiezan a complicarse las cosas. No respecto a los problemas de fondo como luchar contra la pobreza; promover inversiones; encarar la crisis internacional; mejorar los servicios de salud, educación y seguridad; resguardar la soberanía; insistir en la reforma del Estado, etc. Nada de eso. Es más bien que la oposición lleva al extremo el asunto de lidiar con las formas democráticas, retando al gobierno a descifrar la fórmula mágica para evitar que las marchas y los paros violentos –así como otras asonadas mayores– acaben con muertos y heridos. Porque de producirse éstos, el gobierno acabará sentado en el banquillo, acusado por la izquierda de violar derechos humanos y cometer actos genocidas contra los pobres extremistas. Así la democracia aparecerá sentenciada por crímenes contra el pueblo y la izquierda sacando pecho en su rol de eterna Robin Hood de las masas, acumulando puntos para auparse al poder.
Es que al tercer año comienza la campaña electoral para el siguiente proceso, y con ella se desatan las iras de una oposición intransigente. La oposición ultra desestabilizadora que encarna la izquierda, convencida que con su salvajismo callejero –manejado con no más de tres mil mercenarios que toman carreteras, marchan amenazantes por las calles, destruyen propiedad pública y privada, etc.– afirma el aura de un inexistente apoyo popular; o en todo caso vuela en pedazos la gobernabilidad. Con esto último cocinaría el caldo de cultivo que invite a la poblada a sumarse a la intentona de traerse abajo al régimen democrático a través de un “golpe de masas” –estilo Bolivia–, para luego encaramarse en el poder mediante una espuria Asamblea Constituyente que le confiera “legitimidad” a la revuelta. El guión es archiconocido.
El día de la juramentación ministerial el jefe de Estado habló del “último gabinete”, aduciendo que habrá de perdurar hasta el fin de su mandato. En consecuencia a la gestión Velásquez Quesquén le aguarda un escenario sumamente complicado. La violencia irá multiplicándose porque los rojos saben que es su único instrumento para conquistar el gobierno. Bien acusando de criminal al régimen de turno –con lo cual resquebraja la imagen de la democracia– o a través de un “golpe popular” producto de instigar permanentemente a la revuelta de las masas. La pendenciera marcha de los cuatro suyos, prevista para setiembre, es la primera de una serie de pruebas de esfuerzo que la izquierda tiene preparada para el gabinete. Ojalá los ministros de Defensa e Interior activen antes los servicios de inteligencia pulverizados por Toledo.
Es que al tercer año comienza la campaña electoral para el siguiente proceso, y con ella se desatan las iras de una oposición intransigente. La oposición ultra desestabilizadora que encarna la izquierda, convencida que con su salvajismo callejero –manejado con no más de tres mil mercenarios que toman carreteras, marchan amenazantes por las calles, destruyen propiedad pública y privada, etc.– afirma el aura de un inexistente apoyo popular; o en todo caso vuela en pedazos la gobernabilidad. Con esto último cocinaría el caldo de cultivo que invite a la poblada a sumarse a la intentona de traerse abajo al régimen democrático a través de un “golpe de masas” –estilo Bolivia–, para luego encaramarse en el poder mediante una espuria Asamblea Constituyente que le confiera “legitimidad” a la revuelta. El guión es archiconocido.
El día de la juramentación ministerial el jefe de Estado habló del “último gabinete”, aduciendo que habrá de perdurar hasta el fin de su mandato. En consecuencia a la gestión Velásquez Quesquén le aguarda un escenario sumamente complicado. La violencia irá multiplicándose porque los rojos saben que es su único instrumento para conquistar el gobierno. Bien acusando de criminal al régimen de turno –con lo cual resquebraja la imagen de la democracia– o a través de un “golpe popular” producto de instigar permanentemente a la revuelta de las masas. La pendenciera marcha de los cuatro suyos, prevista para setiembre, es la primera de una serie de pruebas de esfuerzo que la izquierda tiene preparada para el gabinete. Ojalá los ministros de Defensa e Interior activen antes los servicios de inteligencia pulverizados por Toledo.
El burro parlante
¿Sabemos –como sociedad– hacia dónde vamos, hacia dónde va el Perú? En definitiva no. Los peruanos vivimos sin mayor diagnóstico ni perspectiva; apagando incendios; obedeciendo leyes de países extraños; olvidando experiencias –buenas y malas–: pero sobre todo ignorando la Historia. Por cierto, además de ello, el peruano actúa siempre a la defensiva; reacciona sin guión estudiado; carece de sagacidad y talento; se mueve tan solo para salir del paso, para superar la coyuntura y así quedar tranquilo por unos instantes que –de manera ilusa– quisiera hacer que perdure en el tiempo.
Pero, ¿acaso es posible alucinar que podremos ser Nación bajo una perspectiva tan irresponsable? Lamentablemente sí. Por lo menos es lo que cree la gran mayoría de improvisados políticos, tecnócratas, y ganapanes profesionales que integran la cúpula de poder. Gente sin sentido de la trascendencia ni mirada de estadista. Gente que se sube a la palestra gracias a la nefasta inmadurez de un pueblo que se encandila con el mensaje del vendedor de cebo de culebra o con la prédica de quien agita el resentimiento social. Gente que sin preparación ni inteligencia suficiente destaca solo por el endémico retraso educativo de gran parte de nuestra sociedad. Gente cargada de complejos y revanchismo que actúa por instinto, jamás por lógica académica. Gente que definitivamente estaría proscrita para dirigir los destinos de cualquier país medianamente estructurado como Nación. Fatalmente, no es nuestro caso.
El problema, señores, es que nuestra dirigencia nacional está absolutamente devaluada, desde que la conforma un ejército de analfabetos; gente sin escuela ni doctrina; individuos acaso con un poco de astucia, una pizca de viveza y grandes dosis de mañosería, que se da las ínfulas de dictar leyes y de soñar con ser jefe de Estado. Gente que, en otras palabras, no está preparada para gobernar.
Pero hay que acatar la democracia. Un sistema que funciona bien en sociedades cultas, pero que sin embargo en pueblos como el nuestro alienta la incapacidad y estimula el engaño. En efecto, democráticamente hablando, todos los peruanos tienen el camino expedito para ser presidente o congresista. Para lograrlo solo requieren los votos de una ciudadanía en su vastedad ineducada. Pero a aquel imberbe que se autoproclame candidato a dirigir el destino de 28 millones de peruanos no le hace falta siquiera haber concluido Secundaria, seguido estudios superiores, maestrías ni cursado Doctorado alguno. Un burro parlante tiene pues expedito el camino para gobernarnos. Pero, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Acaso en las comunidades de la serranía no escogen al más capacitado para ocuparse de las cosas? ¿Acaso en los negocios de humildes familias no seleccionan al más preparado para que lo administre? ¿Acaso la meritocracia no se impone en la actividad privada? Entonces, ¿por qué demonios este país sí puede ser conducido por un ignorante? Porque así son las reglas de la democracia, señores. Reglas que funcionan en Dinamarca, Japón, Rusia, China, etc., pero que perjudican al Perú desde que permiten que cualquier infeliz lo presida. Por eso es que no sabemos adonde vamos. Aunque, pensándolo bien, lo lógico es prever que nos vamos al diablo
Pero, ¿acaso es posible alucinar que podremos ser Nación bajo una perspectiva tan irresponsable? Lamentablemente sí. Por lo menos es lo que cree la gran mayoría de improvisados políticos, tecnócratas, y ganapanes profesionales que integran la cúpula de poder. Gente sin sentido de la trascendencia ni mirada de estadista. Gente que se sube a la palestra gracias a la nefasta inmadurez de un pueblo que se encandila con el mensaje del vendedor de cebo de culebra o con la prédica de quien agita el resentimiento social. Gente que sin preparación ni inteligencia suficiente destaca solo por el endémico retraso educativo de gran parte de nuestra sociedad. Gente cargada de complejos y revanchismo que actúa por instinto, jamás por lógica académica. Gente que definitivamente estaría proscrita para dirigir los destinos de cualquier país medianamente estructurado como Nación. Fatalmente, no es nuestro caso.
El problema, señores, es que nuestra dirigencia nacional está absolutamente devaluada, desde que la conforma un ejército de analfabetos; gente sin escuela ni doctrina; individuos acaso con un poco de astucia, una pizca de viveza y grandes dosis de mañosería, que se da las ínfulas de dictar leyes y de soñar con ser jefe de Estado. Gente que, en otras palabras, no está preparada para gobernar.
Pero hay que acatar la democracia. Un sistema que funciona bien en sociedades cultas, pero que sin embargo en pueblos como el nuestro alienta la incapacidad y estimula el engaño. En efecto, democráticamente hablando, todos los peruanos tienen el camino expedito para ser presidente o congresista. Para lograrlo solo requieren los votos de una ciudadanía en su vastedad ineducada. Pero a aquel imberbe que se autoproclame candidato a dirigir el destino de 28 millones de peruanos no le hace falta siquiera haber concluido Secundaria, seguido estudios superiores, maestrías ni cursado Doctorado alguno. Un burro parlante tiene pues expedito el camino para gobernarnos. Pero, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Acaso en las comunidades de la serranía no escogen al más capacitado para ocuparse de las cosas? ¿Acaso en los negocios de humildes familias no seleccionan al más preparado para que lo administre? ¿Acaso la meritocracia no se impone en la actividad privada? Entonces, ¿por qué demonios este país sí puede ser conducido por un ignorante? Porque así son las reglas de la democracia, señores. Reglas que funcionan en Dinamarca, Japón, Rusia, China, etc., pero que perjudican al Perú desde que permiten que cualquier infeliz lo presida. Por eso es que no sabemos adonde vamos. Aunque, pensándolo bien, lo lógico es prever que nos vamos al diablo
¿De quién es la culpa?
Tras el odio, el resentimiento social, el complejo de inferioridad y el espíritu de fracaso que siempre ha sembrado la izquierda –siendo el éxtasis los 12 años de dictadura militar impuesta por su ídolo Velasco Alvarado–, los zurdos han fracasado en su intento por capturar la preferencia del pueblo. Y es que el país repudia su revanchismo, su violencia y su engaño sistemático. Pero sobre todo aborrece su empatía y afinidad con el terrorismo.
No solo nos referimos al pasado pendenciero y petardista de los rojos –de caviares a ultras–. Según propia declaración de esa militancia, su presente y futuro sigue preñado de venganza, enemistad, rencor, desengaño, frustración, mitos, calumnia, falsedad, animadversión, antipatía, rabia, traumas, etc. Pero el pueblo ya no soporta esas taras que solo han traído enfrentamiento y atraso. El peruano ya superó ese estigma, señores. Lo consiguió gracias al esfuerzo y sacrificio que significa haber soportado, enfrentado y derrotado –a lo largo de un cuarto de siglo de desolación y muerte– la acción genocida de la izquierda encarnada en Sendero Luminoso y el mrta. Un oprobio zanjado con éxito debido a que el Estado supo defender a los 28 millones de peruanos, ese mismo Estado al que sin embargo la izquierda acusa de genocida por combatir al terrorismo. Bastó ese triunfo histórico sobre el terror para que nuestra sociedad erradicara los demonios, complejos, resentimientos y las frustraciones que siempre impuso la izquierda.
Y esa actitud proactiva del peruano se fortalece cada vez que la zurda busca capitalizar apoyo popular recurriendo a su única arma: la cizaña, el encono y la violencia. Hoy, el 99 por ciento de la ciudadanía rechaza la confrontación. Lo manifiesta, por ejemplo, trabajando cuando la izquierda convoca a paros violentos; o sencillamente exteriorizando su repudio –silencioso pero sentido- a las marchas y tomas de carreteras de la rojería. Y lo de Bagua revela el grado de bestialidad al que llega la izquierda en su demencia por apropiarse de los bolsones postergados que por desgracia aún hay en el país. Pero precisamente el Estado ha sido incapaz de atender a esa gente menesterosa debido a la miseria Fiscal que siempre agudizó la izquierda con sus tropelías, obligando al país a vegetar con presupuestos paupérrimos fruto de la inexistente inversión privada –turbina de nuevos impuestos y fuentes de trabajo– espantada por el acoso izquierdista.
Sucedió durante la década de los sesenta y setenta cuando el velasquismo socializó el Perú hasta la ruina. Recordemos a la reforma agraria, esa confiscación revanchista que acabó para siempre con la fenomenal producción agrícola que exhibiera este país hasta aquel fatídico 24 de junio de 1969. Pero el estatismo de la dictadura militar también se llevó de encuentro a la industria nacional a través de la Comunidad Industrial, un aborto “progresista” cuyos ideólogos fueron los mismos caviares de hoy. Pero sobre todo el Estado fue impedido de ayudar a los más pobres debido al monumental costo que le infligió a sus arcas el terrorismo promovido por la propia izquierda que irónicamente demanda “atención” para los pobres. En consecuencia, ¿quién tiene la culpa del atraso y la miseria que sigue habiendo en el Perú? Ya basta de cantos de sirenas zurdas.
No solo nos referimos al pasado pendenciero y petardista de los rojos –de caviares a ultras–. Según propia declaración de esa militancia, su presente y futuro sigue preñado de venganza, enemistad, rencor, desengaño, frustración, mitos, calumnia, falsedad, animadversión, antipatía, rabia, traumas, etc. Pero el pueblo ya no soporta esas taras que solo han traído enfrentamiento y atraso. El peruano ya superó ese estigma, señores. Lo consiguió gracias al esfuerzo y sacrificio que significa haber soportado, enfrentado y derrotado –a lo largo de un cuarto de siglo de desolación y muerte– la acción genocida de la izquierda encarnada en Sendero Luminoso y el mrta. Un oprobio zanjado con éxito debido a que el Estado supo defender a los 28 millones de peruanos, ese mismo Estado al que sin embargo la izquierda acusa de genocida por combatir al terrorismo. Bastó ese triunfo histórico sobre el terror para que nuestra sociedad erradicara los demonios, complejos, resentimientos y las frustraciones que siempre impuso la izquierda.
Y esa actitud proactiva del peruano se fortalece cada vez que la zurda busca capitalizar apoyo popular recurriendo a su única arma: la cizaña, el encono y la violencia. Hoy, el 99 por ciento de la ciudadanía rechaza la confrontación. Lo manifiesta, por ejemplo, trabajando cuando la izquierda convoca a paros violentos; o sencillamente exteriorizando su repudio –silencioso pero sentido- a las marchas y tomas de carreteras de la rojería. Y lo de Bagua revela el grado de bestialidad al que llega la izquierda en su demencia por apropiarse de los bolsones postergados que por desgracia aún hay en el país. Pero precisamente el Estado ha sido incapaz de atender a esa gente menesterosa debido a la miseria Fiscal que siempre agudizó la izquierda con sus tropelías, obligando al país a vegetar con presupuestos paupérrimos fruto de la inexistente inversión privada –turbina de nuevos impuestos y fuentes de trabajo– espantada por el acoso izquierdista.
Sucedió durante la década de los sesenta y setenta cuando el velasquismo socializó el Perú hasta la ruina. Recordemos a la reforma agraria, esa confiscación revanchista que acabó para siempre con la fenomenal producción agrícola que exhibiera este país hasta aquel fatídico 24 de junio de 1969. Pero el estatismo de la dictadura militar también se llevó de encuentro a la industria nacional a través de la Comunidad Industrial, un aborto “progresista” cuyos ideólogos fueron los mismos caviares de hoy. Pero sobre todo el Estado fue impedido de ayudar a los más pobres debido al monumental costo que le infligió a sus arcas el terrorismo promovido por la propia izquierda que irónicamente demanda “atención” para los pobres. En consecuencia, ¿quién tiene la culpa del atraso y la miseria que sigue habiendo en el Perú? Ya basta de cantos de sirenas zurdas.
viernes, 10 de julio de 2009
¡Qué maravilla!
El comunismo del siglo XXI –reconvertido en progresía caviar– ha encontrado la fórmula mágica para imponer a su gente en la presidencia de países latinoamericanos. Consiste en comprar la conciencia de candidatos o de presidentes en ejercicio con los petrodólares que dispendia el impresentable Hugo Chávez. Y claro, producida la compra-venta del candidato o del presidente en ejercicio, la “revolución bolivariana” toma posesión del país cuyos politicastros venales traicionaran a su pueblo. Una trampa urdida con desprecio por la auténtica democracia, que le permite al comunismo reciclado hacerse del poder sin necesidad de captar el voto de nuestros pueblos incultos. Reiteramos, la culpa es de la progresía que taimadamente nos maneja a través de su sistema político-jurídico “garantista”. Un bodrio basado en la teoría que solo los rojos “protegen la democracia, resguardan el estado de derecho, defienden los derechos humanos, etc.”. El ardid “garantista” lo impone el comunismo en connivencia con la ONU, la CIDH, etc. Porque son estos entes supranacionales –que maneja en exclusiva la progresía caviar– los que nos metieron de contrabando –y siguen haciéndolo– las “leyes universales” progre. Es decir, normas “de avanzada” que elabora una cúpula roja ajena a nuestra idiosincrasia. Leyes cien por ciento sesgadas a la ideología socialista. Por cierto, ajenas a la voluntad de la mayoría de los congresistas que elige nuestra sociedad. Sin embargo debido a la complicidad de tanto político infeliz por quienes ha votado el Perú, esas “leyes universales” se convierten automáticamente en legislación peruana. ¿Cómo así? Mediante ucases de la ONU, la CIDH, etc, que la progresía caviar nos obliga a acatar bajo la forma de “convenios internacionales”, acuerdos que luego pasan a formar parte de nuestro acervo legal e incluso de nuestra Carta Magna, para dejarnos a merced de un sistema político-jurídico foráneo hecho a la medida del comunismo reciclado.
En este orden de ideas, al presidente de un país sometido a las “leyes universales” progre que viole la Constitución se le releva del cargo. Salvo que sea de izquierda. Sucedió en Honduras con el tránsfuga Zelaya, un mandatario que según las “leyes universales” estuvo facultado a violar la Carta Magna cuantas veces le diera la gana, y su pueblo obligado a soportarlo mansamente. Pero cuidado con aquel presidente de derechas que siquiera imagine cambiar la Constitución. A ese, caviares dixit, hay que destituirlo, perseguirlo, enjuiciarlo y encarcelarlo por antidemocrático y corrupto.
En concreto, las “leyes universales” de los progre favorecen solo a tiranos de izquierda. Es el caso del impresentable Chávez, a quien la progresía rinde culto mientras le rompe la mano a tránsfugas como Zelaya, Ortega, Correa, Morales –y eventualmente a Ollanta Humala– para que traicionen a sus pueblos quebrantando sus constituciones, forzándolos a introducir en ellas la reelección infinita que asegure la vigencia del chavismo. Sin embargo, en el caso de Fujimori las “leyes universales” de la progresía caviar censuraron la reelección hasta la náusea. Obviamente porque Fujimori no simpatizaba con la progresía, tan condescendiente siempre con el terrorismo. ¡Qué maravilla!
En este orden de ideas, al presidente de un país sometido a las “leyes universales” progre que viole la Constitución se le releva del cargo. Salvo que sea de izquierda. Sucedió en Honduras con el tránsfuga Zelaya, un mandatario que según las “leyes universales” estuvo facultado a violar la Carta Magna cuantas veces le diera la gana, y su pueblo obligado a soportarlo mansamente. Pero cuidado con aquel presidente de derechas que siquiera imagine cambiar la Constitución. A ese, caviares dixit, hay que destituirlo, perseguirlo, enjuiciarlo y encarcelarlo por antidemocrático y corrupto.
En concreto, las “leyes universales” de los progre favorecen solo a tiranos de izquierda. Es el caso del impresentable Chávez, a quien la progresía rinde culto mientras le rompe la mano a tránsfugas como Zelaya, Ortega, Correa, Morales –y eventualmente a Ollanta Humala– para que traicionen a sus pueblos quebrantando sus constituciones, forzándolos a introducir en ellas la reelección infinita que asegure la vigencia del chavismo. Sin embargo, en el caso de Fujimori las “leyes universales” de la progresía caviar censuraron la reelección hasta la náusea. Obviamente porque Fujimori no simpatizaba con la progresía, tan condescendiente siempre con el terrorismo. ¡Qué maravilla!
jueves, 9 de julio de 2009
Orfandad geoestratégica
Estados Unidos sigue apostando a que Chile será el Israel de Latinoamérica. Identifica a la nación sureña como paradigma de la estabilidad regional, tanto por su conveniente ubicación geográfica como por su cuasi unidad étnica; por la riqueza de su sector privado; por las fenomenales inversiones extranjeras; y por la solidez de su clase política que supo articular una coalición exitosa a lo largo del tiempo, superando incluso el traumático retiro de Augusto Pinochet, artífice del Chile moderno. Recordemos que EE UU jamás indujo a Chile a remover ni a condenar a Pinochet –por dictador, genocida y corrupto– como sí lo hizo con el Perú respecto a Alberto Fujimori. En Lima, a contrapelo de lo que sucedió en Santiago con la salida de Pinochet del gobierno, los embajadores norteamericanos Dennis Jet y John Hamilton participaron en forma decidida –y sin duda desembozada– en el derrocamiento de Fujimori. Y aquello revela a las claras un trato muy diferente, políticamente hablando.
Por cierto, EE UU jamás presionó a entes como la OEA o a sus apéndices –la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos– para perseguir a Pinochet o a los policías y militares chilenos acusados de genocidio y violación de derechos humanos por las muertes y desapariciones ocurridas con motivo del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Golpe que, dicho sea de paso, fue alentado por la CIA. Mientras tanto EE UU sí forzó –y cómo– a aquellos entes panamericanos, conminándolos a acosar a Fujimori y sobre todo a que procesen a miles de uniformados peruanos quienes, a diferencia de los chilenos, resistieron valientemente un cuarto de siglo de terrorismo.
Objetivamente el comportamiento de la diplomacia washingtoniana revela un sesgo pro Chile, en contraste con su marcado talante antiperuano; asimismo aflora la actitud favorable del aparato militar norteamericano respecto a nuestro vecino, a diferencia de su gesto provocador y negativo en el caso del Perú. Esto último se refleja en la maniobra armamentista urdida por la inteligencia yanqui para permitir que el Tío Sam venda armas estratégicas a Chile, como la agresiva flota de aviones F16 y recientemente el grosero contingente de tanques de guerra con poderío fenomenal.
A diferencia de Chile –una nación sociopolíticamente definida, ubicada al extremo del Continente, que domina un paso vital para USA como el Estrecho de Magallanes–, Perú es un país complicado; rodeado de naciones inviables como Bolivia; sumergido en un narcotráfico que nos hermana a Colombia; con larga y compleja frontera ante un gigante como Brasil, incómodo para el imperio del norte; y encima con una fauna política tan pedestre –como es la izquierda progre– que no solo nos ha impedido articular una coalición de centro, sino que patrocinó a un dictador rojo como Velasco Alvarado que nos entregó a las fauces soviéticas. Quizá en parte allí estribe esa odiosa preferencia hacia Chile por parte de Washington, como también la causa de su alergia al Perú.
Por cierto, EE UU jamás presionó a entes como la OEA o a sus apéndices –la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos– para perseguir a Pinochet o a los policías y militares chilenos acusados de genocidio y violación de derechos humanos por las muertes y desapariciones ocurridas con motivo del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Golpe que, dicho sea de paso, fue alentado por la CIA. Mientras tanto EE UU sí forzó –y cómo– a aquellos entes panamericanos, conminándolos a acosar a Fujimori y sobre todo a que procesen a miles de uniformados peruanos quienes, a diferencia de los chilenos, resistieron valientemente un cuarto de siglo de terrorismo.
Objetivamente el comportamiento de la diplomacia washingtoniana revela un sesgo pro Chile, en contraste con su marcado talante antiperuano; asimismo aflora la actitud favorable del aparato militar norteamericano respecto a nuestro vecino, a diferencia de su gesto provocador y negativo en el caso del Perú. Esto último se refleja en la maniobra armamentista urdida por la inteligencia yanqui para permitir que el Tío Sam venda armas estratégicas a Chile, como la agresiva flota de aviones F16 y recientemente el grosero contingente de tanques de guerra con poderío fenomenal.
A diferencia de Chile –una nación sociopolíticamente definida, ubicada al extremo del Continente, que domina un paso vital para USA como el Estrecho de Magallanes–, Perú es un país complicado; rodeado de naciones inviables como Bolivia; sumergido en un narcotráfico que nos hermana a Colombia; con larga y compleja frontera ante un gigante como Brasil, incómodo para el imperio del norte; y encima con una fauna política tan pedestre –como es la izquierda progre– que no solo nos ha impedido articular una coalición de centro, sino que patrocinó a un dictador rojo como Velasco Alvarado que nos entregó a las fauces soviéticas. Quizá en parte allí estribe esa odiosa preferencia hacia Chile por parte de Washington, como también la causa de su alergia al Perú.
miércoles, 8 de julio de 2009
Afrenta contra el Perú
“CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la República del Perú está llevando a cabo una política neoliberal que perjudica profundamente al pueblo peruano, siendo muestra de ello los decretos legislativos 1020, 1064, 1081, 1089 y 1090, emitidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, con visos a privatizar la Amazonía; Que los pueblos y movimientos indígenas de América se mantienen en la resistencia cultural y política frente a más de cinco siglos de persecución y exterminio;
Que la resistencia de los pueblos y movimientos indígenas se complementa con el carácter participatorio y protagónico y el espíritu emancipador que hoy sacude los espacios geográficos de este Continente.
ACUERDA: PRIMERO: Condenar enérgicamente las políticas de persecución, represión y exterminio de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía Peruana.
SEGUNDO: Expresar nuestro repudio e indignación ante los hechos crueles e inhumanos ocurridos en la selva peruana.
TERCERO: Exigir que se respete el derecho a la vida de los hermanos que siguen en pie de lucha en su territorio, víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Alan García.
CUARTO: Rechazar la posición de los medios de comunicación peruanos que se hacen eco de las declaraciones racistas de Alan García.
QUINTO: Rechazar las causas que dieron origen a estos actos genocidas en contra de los pueblos indígenas que se fundamentan en los intereses del capitalismo.”
Este oprobio abiertamente intervencionista, pendenciero pero sobre todo subversivo, es el acuerdo de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela fechado el 9 de junio. Ahora, si los peruanos somos tan infelices que dejamos pasar así nomás este tropelía sin repudiarla de manera escandalosa, entonces bien merecemos el camino al infierno que tiene trazado el impresentable Chávez para nuestro país. De Relaciones Exteriores no esperamos nada, no obstante que cualquier nación con un mínimo de amor propio hubiera puesto el grito en el cielo, cuando no roto relaciones con una república tiránica como Venezuela que invoca al caos en nuestro país y “rechaza la posición de los medios de comunicación” del Perú. Pero que la sociedad peruana permanezca callada sí es un insulto al patriotismo y a la tradición de peruanidad que hemos heredado. Por lo menos EXPRESO no guardará silencio ante las amenazas del infeliz Hugo Chávez.
Que la resistencia de los pueblos y movimientos indígenas se complementa con el carácter participatorio y protagónico y el espíritu emancipador que hoy sacude los espacios geográficos de este Continente.
ACUERDA: PRIMERO: Condenar enérgicamente las políticas de persecución, represión y exterminio de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía Peruana.
SEGUNDO: Expresar nuestro repudio e indignación ante los hechos crueles e inhumanos ocurridos en la selva peruana.
TERCERO: Exigir que se respete el derecho a la vida de los hermanos que siguen en pie de lucha en su territorio, víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Alan García.
CUARTO: Rechazar la posición de los medios de comunicación peruanos que se hacen eco de las declaraciones racistas de Alan García.
QUINTO: Rechazar las causas que dieron origen a estos actos genocidas en contra de los pueblos indígenas que se fundamentan en los intereses del capitalismo.”
Este oprobio abiertamente intervencionista, pendenciero pero sobre todo subversivo, es el acuerdo de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela fechado el 9 de junio. Ahora, si los peruanos somos tan infelices que dejamos pasar así nomás este tropelía sin repudiarla de manera escandalosa, entonces bien merecemos el camino al infierno que tiene trazado el impresentable Chávez para nuestro país. De Relaciones Exteriores no esperamos nada, no obstante que cualquier nación con un mínimo de amor propio hubiera puesto el grito en el cielo, cuando no roto relaciones con una república tiránica como Venezuela que invoca al caos en nuestro país y “rechaza la posición de los medios de comunicación” del Perú. Pero que la sociedad peruana permanezca callada sí es un insulto al patriotismo y a la tradición de peruanidad que hemos heredado. Por lo menos EXPRESO no guardará silencio ante las amenazas del infeliz Hugo Chávez.
Afrenta contra el Perú
“CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la República del Perú está llevando a cabo una política neoliberal que perjudica profundamente al pueblo peruano, siendo muestra de ello los decretos legislativos 1020, 1064, 1081, 1089 y 1090, emitidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, con visos a privatizar la Amazonía; Que los pueblos y movimientos indígenas de América se mantienen en la resistencia cultural y política frente a más de cinco siglos de persecución y exterminio;
Que la resistencia de los pueblos y movimientos indígenas se complementa con el carácter participatorio y protagónico y el espíritu emancipador que hoy sacude los espacios geográficos de este Continente.
ACUERDA: PRIMERO: Condenar enérgicamente las políticas de persecución, represión y exterminio de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía Peruana.
SEGUNDO: Expresar nuestro repudio e indignación ante los hechos crueles e inhumanos ocurridos en la selva peruana.
TERCERO: Exigir que se respete el derecho a la vida de los hermanos que siguen en pie de lucha en su territorio, víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Alan García.
CUARTO: Rechazar la posición de los medios de comunicación peruanos que se hacen eco de las declaraciones racistas de Alan García.
QUINTO: Rechazar las causas que dieron origen a estos actos genocidas en contra de los pueblos indígenas que se fundamentan en los intereses del capitalismo.”
Este oprobio abiertamente intervencionista, pendenciero pero sobre todo subversivo, es el acuerdo de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela fechado el 9 de junio. Ahora, si los peruanos somos tan infelices que dejamos pasar así nomás este tropelía sin repudiarla de manera escandalosa, entonces bien merecemos el camino al infierno que tiene trazado el impresentable Chávez para nuestro país. De Relaciones Exteriores no esperamos nada, no obstante que cualquier nación con un mínimo de amor propio hubiera puesto el grito en el cielo, cuando no roto relaciones con una república tiránica como Venezuela que invoca al caos en nuestro país y “rechaza la posición de los medios de comunicación” del Perú. Pero que la sociedad peruana permanezca callada sí es un insulto al patriotismo y a la tradición de peruanidad que hemos heredado. Por lo menos EXPRESO no guardará silencio ante las amenazas del infeliz Hugo Chávez.
Que la resistencia de los pueblos y movimientos indígenas se complementa con el carácter participatorio y protagónico y el espíritu emancipador que hoy sacude los espacios geográficos de este Continente.
ACUERDA: PRIMERO: Condenar enérgicamente las políticas de persecución, represión y exterminio de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía Peruana.
SEGUNDO: Expresar nuestro repudio e indignación ante los hechos crueles e inhumanos ocurridos en la selva peruana.
TERCERO: Exigir que se respete el derecho a la vida de los hermanos que siguen en pie de lucha en su territorio, víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Alan García.
CUARTO: Rechazar la posición de los medios de comunicación peruanos que se hacen eco de las declaraciones racistas de Alan García.
QUINTO: Rechazar las causas que dieron origen a estos actos genocidas en contra de los pueblos indígenas que se fundamentan en los intereses del capitalismo.”
Este oprobio abiertamente intervencionista, pendenciero pero sobre todo subversivo, es el acuerdo de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela fechado el 9 de junio. Ahora, si los peruanos somos tan infelices que dejamos pasar así nomás este tropelía sin repudiarla de manera escandalosa, entonces bien merecemos el camino al infierno que tiene trazado el impresentable Chávez para nuestro país. De Relaciones Exteriores no esperamos nada, no obstante que cualquier nación con un mínimo de amor propio hubiera puesto el grito en el cielo, cuando no roto relaciones con una república tiránica como Venezuela que invoca al caos en nuestro país y “rechaza la posición de los medios de comunicación” del Perú. Pero que la sociedad peruana permanezca callada sí es un insulto al patriotismo y a la tradición de peruanidad que hemos heredado. Por lo menos EXPRESO no guardará silencio ante las amenazas del infeliz Hugo Chávez.
martes, 7 de julio de 2009
Mancillando al Estado y contra la ley
Cuando se debatía en el Congreso la ley para que el Estado –es decir la sociedad, los 28 millones de peruanos, usted, estimado amigo lector– ejerza control sobre los ingresos y gastos de las oenegés, EXPRESO libró una tenaz campaña para que esas organizaciones presenten cada año una declaración jurada, detallando el destino de los aportes secretos que reciben de gobiernos, fundaciones, grupos económicos, sectores políticos, etc., provenientes del extranjero, así como de los fondos que perciben del Estado peruano. El Congreso finalmente dictó la ley. Sin embargo en vez de acatar la norma –aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo– estas agrupaciones millonarias –sobre todo las oenegés de corte político que monopolizan la defensa de los de hh y del medio ambiente–, nuevamente demostraron su desprecio por el estado de derecho. Haciendo gala del poder que han acumulado, se pusieron por encima del Legislativo orquestando una campaña mediática de amedrentamiento y desprestigio contra los congresistas que votaran a favor de la ley, así como contra los escasos medios de prensa que –como EXPRESO– respaldaran esa norma.
En paralelo a aquella feroz guerra mediática, las oenegés se presentaron ante el Tribunal Constitucional –donde contaban con el voto seguro de su presidente– demandando la derogatoria de la norma. Y como suele hacerlo el clan caviar que las maneja, el proceso no estuvo exento de extorsiones a los demás magistrados que debían votar. Inclusive sacaron las garras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bastión supranacional de la progresía. Al final se salieron con la suya. El Estado perdió el derecho a saber en qué se gastan los fondos millonarios que –en forma inescrupulosa, secreta, sospechosa y carente de toda transparencia– recibe la escuadra de oenegés politizadas. Irónicamente, esas mismas oenegés le exigen transparencia al Estado.
Hoy 28 millones de peruanos somos víctimas de aquel chantaje. La impunidad de las oenegés les ha permitido azuzar a incultos nativos e indígenas despotricando del Estado mediante costosísimas campañas mediáticas, acusando el gobierno democrático de corrupto, incompetente, abusivo, etc. Asimismo han exacerbado a las masas pueblerinas con el resultado de movilizaciones sociales, tomas de carreteras, salvajismo y el asesinato de 24 policías. Sin embargo cuando el Estado acude a reponer el orden, las mismas oenegés denuncian a policías y militares por masacre y desaparición de centenares de humildes peruanos. Una falacia no solo propagada acá, sino que los directivos de esas oenegés viajaron al exterior para indisponer al Estado acusándolo de genocida. ¿De dónde vino el dinero para pagar todo esto? Nadie lo sabrá por culpa del clan caviar. ¿El resultado? El país está convulsionado; la amenaza de una asonada violentista crece a diario; el riesgo de que la ultra destruya todo lo que ha avanzado este país desde 1990 es cada vez mayor. Pero eso sí, las oenegés derechohumanistas y ambientalistas siguen llenándose de oro los bolsillos y, lo que es peor, acumulando más y más poder para seguir manejando este país sin contar con un solo voto del pueblo. Es hora de ponerle coto a estos delincuentes con careta de defensores del pueblo.
En paralelo a aquella feroz guerra mediática, las oenegés se presentaron ante el Tribunal Constitucional –donde contaban con el voto seguro de su presidente– demandando la derogatoria de la norma. Y como suele hacerlo el clan caviar que las maneja, el proceso no estuvo exento de extorsiones a los demás magistrados que debían votar. Inclusive sacaron las garras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bastión supranacional de la progresía. Al final se salieron con la suya. El Estado perdió el derecho a saber en qué se gastan los fondos millonarios que –en forma inescrupulosa, secreta, sospechosa y carente de toda transparencia– recibe la escuadra de oenegés politizadas. Irónicamente, esas mismas oenegés le exigen transparencia al Estado.
Hoy 28 millones de peruanos somos víctimas de aquel chantaje. La impunidad de las oenegés les ha permitido azuzar a incultos nativos e indígenas despotricando del Estado mediante costosísimas campañas mediáticas, acusando el gobierno democrático de corrupto, incompetente, abusivo, etc. Asimismo han exacerbado a las masas pueblerinas con el resultado de movilizaciones sociales, tomas de carreteras, salvajismo y el asesinato de 24 policías. Sin embargo cuando el Estado acude a reponer el orden, las mismas oenegés denuncian a policías y militares por masacre y desaparición de centenares de humildes peruanos. Una falacia no solo propagada acá, sino que los directivos de esas oenegés viajaron al exterior para indisponer al Estado acusándolo de genocida. ¿De dónde vino el dinero para pagar todo esto? Nadie lo sabrá por culpa del clan caviar. ¿El resultado? El país está convulsionado; la amenaza de una asonada violentista crece a diario; el riesgo de que la ultra destruya todo lo que ha avanzado este país desde 1990 es cada vez mayor. Pero eso sí, las oenegés derechohumanistas y ambientalistas siguen llenándose de oro los bolsillos y, lo que es peor, acumulando más y más poder para seguir manejando este país sin contar con un solo voto del pueblo. Es hora de ponerle coto a estos delincuentes con careta de defensores del pueblo.
lunes, 6 de julio de 2009
La hipocresía de siempre
La salida del poder de Manuel Zelaya es irreversible. Violó la Constitución y se puso al margen de la ley. Había que removerlo.” Así de contundente –como corresponde– fue la postura del presidente de la Corte Suprema de Honduras, Jorge Rivera, ante la visita inopinada del chileno José Miguel Insulza, aquel solícito secretario de la OEA que viajó a Honduras nada menos que a presionar a la Justicia de aquella nación para que revoque la orden de captura contra el depuesto presidente tránsfuga Zelaya. Insulza, como se sabe, hace lo indecible para lograr su reelección como jefe de la OEA.
Y reiteramos que Zelaya es tránsfuga porque el 2006 llegó a la jefatura del Estado como líder de los partidos de centro derecha de Honduras. Zelaya, de paso, desciende de una rica familia de agricultores y ganaderos, negocio al que se dedicó durante décadas hasta que lo tentó la política. Instalado en el poder, en vez de gobernar con coherencia de acuerdo a su propuesta electoral de centro derecha, optó por el facilismo para enfrentar la crisis económica que le reventó en las manos. Y entonces se echó a los pies del impresentable Chávez, afiliando a su país a la férula chavista de las casas ALBA a cambio de conseguir petróleo. Del 2008 a la fecha Honduras ha recibido 625 millones de dólares en “líneas de crédito” de Venezuela para “financiar” el petróleo que compra a Caracas. Es decir, Zelaya fue comprado por Chávez. ¿Es o no un vende patria
Pero hay más. Al igual que los demás peleles del impresentable Chávez, Zelaya acató el ucase “bolivariano”, que exige a los presidentes regionales –afiliados al sistema ALBA– imponer la reelección indefinida en sus naciones para perpetuar al chavismo en el poder. Pero como sucede en la mayoría de casos, sus constituciones proscriben esa práctica. Sin embargo el tránsfuga Zelaya convocó a referéndum –que debió llevarse a cabo el día que fue removido del cargo por orden del Congreso– violando la Carta Magna, así como trasgrediendo el mandato del Parlamento y de la Corte Suprema de su país al igual que quebrando la orden de su propio partido, todos los cuales vetaron la consulta popular por inconstitucional. Entonces, ¿quién violó primero la Carta Fundacional?
Sin embargo, como el tránsfuga Zelaya hoy lleva puesta la etiqueta de izquierdista –sucede con algunos derechistas en el Perú, también– de inmediato fue endiosado por la comunidad caviar que domina la diplomacia mundial, como si aquel que en forma flagrante acababa de quebrar la Constitución encarnase la democracia hondureña.
Entonces, si el presidente de una nación es un tránsfuga que vende su alma al diablo –en este caso al impresentable Chávez– al extremo de violentar la Constitución por la que juró gobernar, ¿acaso no debe ser removido por traidor? La respuesta políticamente correcta de los caviares será: claro que sí, siempre y cuando sea de derechas. Pero de ninguna manera si se trata de un izquierdista. En ese caso la mayoría del país, además de instituciones vertebrales como el Congreso y la Corte Suprema, deberá acatar la imposición del tránsfuga. Ese es el mundo hipócrita que promueve la zurda mundial.
Y reiteramos que Zelaya es tránsfuga porque el 2006 llegó a la jefatura del Estado como líder de los partidos de centro derecha de Honduras. Zelaya, de paso, desciende de una rica familia de agricultores y ganaderos, negocio al que se dedicó durante décadas hasta que lo tentó la política. Instalado en el poder, en vez de gobernar con coherencia de acuerdo a su propuesta electoral de centro derecha, optó por el facilismo para enfrentar la crisis económica que le reventó en las manos. Y entonces se echó a los pies del impresentable Chávez, afiliando a su país a la férula chavista de las casas ALBA a cambio de conseguir petróleo. Del 2008 a la fecha Honduras ha recibido 625 millones de dólares en “líneas de crédito” de Venezuela para “financiar” el petróleo que compra a Caracas. Es decir, Zelaya fue comprado por Chávez. ¿Es o no un vende patria
Pero hay más. Al igual que los demás peleles del impresentable Chávez, Zelaya acató el ucase “bolivariano”, que exige a los presidentes regionales –afiliados al sistema ALBA– imponer la reelección indefinida en sus naciones para perpetuar al chavismo en el poder. Pero como sucede en la mayoría de casos, sus constituciones proscriben esa práctica. Sin embargo el tránsfuga Zelaya convocó a referéndum –que debió llevarse a cabo el día que fue removido del cargo por orden del Congreso– violando la Carta Magna, así como trasgrediendo el mandato del Parlamento y de la Corte Suprema de su país al igual que quebrando la orden de su propio partido, todos los cuales vetaron la consulta popular por inconstitucional. Entonces, ¿quién violó primero la Carta Fundacional?
Sin embargo, como el tránsfuga Zelaya hoy lleva puesta la etiqueta de izquierdista –sucede con algunos derechistas en el Perú, también– de inmediato fue endiosado por la comunidad caviar que domina la diplomacia mundial, como si aquel que en forma flagrante acababa de quebrar la Constitución encarnase la democracia hondureña.
Entonces, si el presidente de una nación es un tránsfuga que vende su alma al diablo –en este caso al impresentable Chávez– al extremo de violentar la Constitución por la que juró gobernar, ¿acaso no debe ser removido por traidor? La respuesta políticamente correcta de los caviares será: claro que sí, siempre y cuando sea de derechas. Pero de ninguna manera si se trata de un izquierdista. En ese caso la mayoría del país, además de instituciones vertebrales como el Congreso y la Corte Suprema, deberá acatar la imposición del tránsfuga. Ese es el mundo hipócrita que promueve la zurda mundial.
domingo, 5 de julio de 2009
Gran culpa es de la prensa
El periodismo peruano atraviesa por una etapa con visos decadentes. La crisis arrancó en los setenta tras la confiscación de los medios de prensa por la dictadura velasquista. Cuando Fernando Belaunde Terry devuelve a sus propietarios los periódicos, radios y televisoras, el daño ya estaba hecho. El público se había hastiado de ellos. Porque a lo largo de esos seis años de monopolio estatal, lo único que percibió el país fue un periodismo genuflexo, monocorde, insufriblemente oficialista. Y cambiar tendencias quizá sea la tarea más compleja en cualquier sociedad. Peor en una mutante como la peruana. Por ello, si bien los medios fueron devueltos a sus dueños la prensa se hallaba en cuidados intensivos. Los tirajes de los principales diarios y revistas –EXPRESO, El Comercio y La Prensa– cayeron a la tercera parte. Por esa razón cerró uno de los grandes periódicos nacionales, La Prensa. No resistió el cáncer contraído por culpa de la tiranía velasquista. Y los demás diarios debieron aplicar una reingeniería extrema para remontar su estado cataléptico. Hoy son dos o tres empresas periodísticas –entre las que está EXPRESO– las únicas financieramente estables. No obstante los tirajes diarios siguen menoscabados. Incluso los del diario más antiguo.
La situación límite llevó a los medios a adoptar un sesgo ajeno al periodismo tradicionalmente sobrio y sólido que tuvo el Perú hasta el zarpazo cleptómano de Velasco. Y así empezó la prensa escandalera, la amarilla, chismosa, prepotente; la prensa light, chicha, venal, intrigante, envidiosa y vengativa; la prensa sometida al poder político y económico, etc. Por esa razón se multiplicaron periódicos a un ritmo quizá único en el planeta. De ocho o diez que existían en la década del setenta, Lima llegó a soportar a cerca de 40 diarios. El remedio fue peor que la enfermedad. El neoperiodismo post confiscación ayudó más a crear círculos de poder –la principal beneficiada fue la comunidad caviar que monopolizó el concepto de lo políticamente correcto– y a consolidar la fortaleza de un solo grupo mediático. Al estigma de la falta de credibilidad –producto del periodismo estatizado por la revolución de Velasco– se sumaron plagas terribles como la hiperinflación de fines de los ochenta, el cuarto de siglo de terrorismo, y la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori. Y es la suma de todo ello lo que ha impedido a la industria mediática nacional salir de cuidados intensivos.
El estado depresivo de la mayoría de diarios, revistas, radios y televisoras sigue empujando al precipicio al periodismo peruano. Y la opinión pública lo sabe, lo sufre y se resiente. Una prensa inservible, insidiosa que incita al caos y destruye valores morales. Una prensa que empuja a la confrontación, al odio, etc. Una prensa que solo dedica espacio a maquinar pleitos; a tratar lo secundario y esconder lo fundamental; a chismear y a denigrar; a escandalizar al país con “primicias” de “unidades de investigación”, auténticas maquinarias extorsionadoras. En suma, una prensa que sin la menor duda es culpable del estado decrépito y convulsionado de nuestra nación.
La situación límite llevó a los medios a adoptar un sesgo ajeno al periodismo tradicionalmente sobrio y sólido que tuvo el Perú hasta el zarpazo cleptómano de Velasco. Y así empezó la prensa escandalera, la amarilla, chismosa, prepotente; la prensa light, chicha, venal, intrigante, envidiosa y vengativa; la prensa sometida al poder político y económico, etc. Por esa razón se multiplicaron periódicos a un ritmo quizá único en el planeta. De ocho o diez que existían en la década del setenta, Lima llegó a soportar a cerca de 40 diarios. El remedio fue peor que la enfermedad. El neoperiodismo post confiscación ayudó más a crear círculos de poder –la principal beneficiada fue la comunidad caviar que monopolizó el concepto de lo políticamente correcto– y a consolidar la fortaleza de un solo grupo mediático. Al estigma de la falta de credibilidad –producto del periodismo estatizado por la revolución de Velasco– se sumaron plagas terribles como la hiperinflación de fines de los ochenta, el cuarto de siglo de terrorismo, y la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori. Y es la suma de todo ello lo que ha impedido a la industria mediática nacional salir de cuidados intensivos.
El estado depresivo de la mayoría de diarios, revistas, radios y televisoras sigue empujando al precipicio al periodismo peruano. Y la opinión pública lo sabe, lo sufre y se resiente. Una prensa inservible, insidiosa que incita al caos y destruye valores morales. Una prensa que empuja a la confrontación, al odio, etc. Una prensa que solo dedica espacio a maquinar pleitos; a tratar lo secundario y esconder lo fundamental; a chismear y a denigrar; a escandalizar al país con “primicias” de “unidades de investigación”, auténticas maquinarias extorsionadoras. En suma, una prensa que sin la menor duda es culpable del estado decrépito y convulsionado de nuestra nación.
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