Mancillando al Estado y contra la ley

Cuando se debatía en el Congreso la ley para que el Estado –es decir la sociedad, los 28 millones de peruanos, usted, estimado amigo lector– ejerza control sobre los ingresos y gastos de las oenegés, EXPRESO libró una tenaz campaña para que esas organizaciones presenten cada año una declaración jurada, detallando el destino de los aportes secretos que reciben de gobiernos, fundaciones, grupos económicos, sectores políticos, etc., provenientes del extranjero, así como de los fondos que perciben del Estado peruano. El Congreso finalmente dictó la ley. Sin embargo en vez de acatar la norma –aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo– estas agrupaciones millonarias –sobre todo las oenegés de corte político que monopolizan la defensa de los de hh y del medio ambiente–, nuevamente demostraron su desprecio por el estado de derecho. Haciendo gala del poder que han acumulado, se pusieron por encima del Legislativo orquestando una campaña mediática de amedrentamiento y desprestigio contra los congresistas que votaran a favor de la ley, así como contra los escasos medios de prensa que –como EXPRESO– respaldaran esa norma.

En paralelo a aquella feroz guerra mediática, las oenegés se presentaron ante el Tribunal Constitucional –donde contaban con el voto seguro de su presidente– demandando la derogatoria de la norma. Y como suele hacerlo el clan caviar que las maneja, el proceso no estuvo exento de extorsiones a los demás magistrados que debían votar. Inclusive sacaron las garras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bastión supranacional de la progresía. Al final se salieron con la suya. El Estado perdió el derecho a saber en qué se gastan los fondos millonarios que –en forma inescrupulosa, secreta, sospechosa y carente de toda transparencia– recibe la escuadra de oenegés politizadas. Irónicamente, esas mismas oenegés le exigen transparencia al Estado.

Hoy 28 millones de peruanos somos víctimas de aquel chantaje. La impunidad de las oenegés les ha permitido azuzar a incultos nativos e indígenas despotricando del Estado mediante costosísimas campañas mediáticas, acusando el gobierno democrático de corrupto, incompetente, abusivo, etc. Asimismo han exacerbado a las masas pueblerinas con el resultado de movilizaciones sociales, tomas de carreteras, salvajismo y el asesinato de 24 policías. Sin embargo cuando el Estado acude a reponer el orden, las mismas oenegés denuncian a policías y militares por masacre y desaparición de centenares de humildes peruanos. Una falacia no solo propagada acá, sino que los directivos de esas oenegés viajaron al exterior para indisponer al Estado acusándolo de genocida. ¿De dónde vino el dinero para pagar todo esto? Nadie lo sabrá por culpa del clan caviar. ¿El resultado? El país está convulsionado; la amenaza de una asonada violentista crece a diario; el riesgo de que la ultra destruya todo lo que ha avanzado este país desde 1990 es cada vez mayor. Pero eso sí, las oenegés derechohumanistas y ambientalistas siguen llenándose de oro los bolsillos y, lo que es peor, acumulando más y más poder para seguir manejando este país sin contar con un solo voto del pueblo. Es hora de ponerle coto a estos delincuentes con careta de defensores del pueblo.