Si alguna experiencia fatal ha sufrido el país en los últimos tiempos es que el Estado –el gobierno que administra los intereses de la sociedad– carece de un eficiente servicio de inteligencia. Obnubilados por la resaca antifujimorista, Paniagua y Toledo no solo desintegraron los sistemas de inteligencia nacional, sino que publicaron los nombres y apellidos de los agentes secretos que –como cualquier Estado del planeta– usara la nación para tomarle el pulso a la realidad interna y externa. Es decir, ambos ex gobernantes cargan sobre sus hombros con gran parte de la responsabilidad de que el Perú se encuentre hoy a merced de subversivos, y acechado por enemigos regionales. Insistimos, mientras no contemos con un servicio de inteligencia nacional coherente, eficaz y absolutamente secreto, seguiremos camino al caos general.
Pero para desgracia del país, esa misma suerte la viene sufriendo el Ministerio del Interior con el régimen aprista. Por angas o por mangas, sea debido a la inacción policial, a errores de los custodios del orden, a la sobrerreacción de esa institución ante las asonadas ultra o la delincuencia organizada; o sea debido a actos de corrupción administrativa como licitaciones trampeadas o al contrabando que genera ese viejo vicio de los vales de gasolina para la oficialidad policial, el hecho es que un ministerio clave como Interior, encargado nada menos que de resguardar el orden y la seguridad interna para organizar a 28 millones de peruanos, anda completamente despelotado.
En ese orden de ideas, no alcanzamos a comprender cómo es posible que este régimen se haya dedicado a polarizar un asunto de tanta trascendencia, colocando a la Policía Nacional ante la disyuntiva de la corruptela o la disciplina. Porque eso es lo que sucede en el Mininter. Recordemos la media docena de ministros que ha desfilado por este sector en apenas tres años de gestión del gobierno de Alan García. Y cada uno de ellos ingresó al Despacho acompañado de un equipo diferente de personas –que a su vez sembraban sotto voce mala vibra contra sus predecesores– para administrar la Policía Nacional. En consecuencia la PNP ha sufrido múltiples, traumáticos cambios en su Dirección. Y aquello ha generado desasosiego e inestabilidad. Pero no solo eso sino que –como “escobita nueva barre bien”– cada jerarquía entrante imponía nuevos procedimientos que, en el escasísimo tiempo que tuvo para ponerlos en práctica, jamás pudo comprobar si funcionaban o no.
¿Cuántos más directores generales, jefes de Estado Mayor, jefes de la Dinincri, la Dincote, la Dinandro, etc., veremos desfilar en los dos años que le restan a la gestión García, gente colocada supuestamente para brindarnos seguridad pero que resulta removida del cargo tan pronto acaba de instalarse en su respectivo gabinete? Llamamos entonces la atención del Ejecutivo. Es censurable que la Policía Nacional sufra tal grado de inestabilidad, precisamente en momentos en que el país se encuentra al acecho de fuerzas desestabilizadoras que intentan derrocar al régimen democrático.
viernes, 17 de julio de 2009
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