Caos versus orden

Los choferes de servicio público ya paralizaron el país hace unas semanas. Exigían que el gobierno derogue el Reglamento de la Ley que fija penas y multas para los infractores de las normas de tránsito. Y ahora amenazan con hacerlo nuevamente, la semana que empieza, si el Ejecutivo insiste en mantener aquel dispositivo. Hasta aquí los hechos. En primer lugar la demanda en sí refleja la mala práctica instituida a partir del fuax pas de Bagua, cuando la poblada comprendió que consigue lo que quiere amedrentando a la autoridad. Allí asoma en su esplendor la irresponsabilidad que acarrea que un gobierno ceda al chantaje político, rendido ante la fuerza bruta opositora. Más vale una vez colorado que cien amarillo, reza el aforismo. Así que Ejecutivo y Legislativo necesitan ponerse firme, comprendiendo la gravedad del daño que causan sus patéticos retrocesos y derogatorias para “solucionar” problemas sociales. Las leyes y decretos, una vez promulgados, no deben anularse ni modificarse bajo presión de naturaleza alguna. Para ello no eligió el pueblo a sus representantes. Lo hizo porque confió en su capacidad para estudiar y formular las normas debidas, y para que haga que estas sean respetadas –con apoyo de la Justicia y la fuerza pública– por todos los peruanos.

En segundo término, ¿cómo es posible que la sociedad peruana no tenga un mecanismo contundente para defenderse de esta jauría de rufianes, salvajes e inclusive asesinos autonombrados “profesionales del volante”, gentuza que con su prepotencia y barbarismo ha convertido en peligro público el tránsito por calles y carreteras? ¿Cómo es posible que quede impune la muerte –asesinato, en muchos casos– de decenas de miles de personas cada año, a consecuencia de accidentes fatales que causan estos homicidas del timón que luego continúan conduciendo como si nada sus taxis, combis, buses, camiones, etc.? ¿Cómo es posible que el 90 por ciento de los conductores peruanos tenga que soportar las embestidas –cuando no los choques– de estos animales; aguantar sus anormales zigzags; sus permanentes paradas intempestivas; su irresponsable recojo de pasajeros allí donde les viene en gana; y soportar su maltrato con gesticulaciones y palabras soeces? ¿Cómo es posible que estos zafios la pasen piola habiendo dejado una secuela de más de 170 mil discapacitados en la última década, gente que lo perdió todo a raíz de accidentes de tránsito generados por las burradas de tanto chofer-delincuente de servicio público?

¿Quién pone coto a esta demencia, señores del gobierno? ¿Quién defiende a la sociedad? Nadie. Porque la fuerza bruta de la elite de choferes, transportistas y dueños de vetustos taxis, combis, micros, etc., se impone peligrosamente sobre la inmensa mayoría de peruanos. Para ello, a estos antisociales les basta paralizar al país, además de impedir –con delictivos actos de fuerza– que millones acudan a sus centros de trabajo, escuelas, quehaceres, o hasta a hospitales para recibir atención médica urgente. Imponga autoridad, señor ministro del Interior. Tome presos a los dirigentes y que la Policía aísle a los huelguistas. Así permitirá que quienes quieran trabajar o simplemente desplazarse, lo hagan sin problema. Y se acabó el paro. Solo así el país tendrá orden y progreso.