El tema del tráfico de droga y la política vuelve a las portadas. Esta vez a raíz de que Nancy Obregón, congresista de la bancada de Humala, tuvo de asesor a Max Edmundo Caller Valdez, quien hace poco fue capturado portando nada menos que 146 kilos de cocaína, señalado de pertenecer a algún cartel mexicano de la droga.
No perdamos de vista que la legisladora Obregón –como su primus inter pares, Evo Morales en Bolivia– es dirigente activista de los cocaleros; o, para ser más claro, defiende a los sembradores de hoja de coca, 93% de cuyas cosechas van directamente a la vena del narcotráfico.
La virginidad de la clase política está en juego hace tiempo. El acoso al que la someten los carteles es brutal. Nadie duda que los capos de esta mafia necesitan el respaldo de las altas esferas del poder para continuar amasando billones de dólares, gracias a la consolidación de sus negocios ilícitos dedicados a envenenar a la sociedad. En el Perú el narcotráfico ya cuenta con poderosos contactos a nivel social y empresarial. También ha penetrado a la Justicia –por fortuna sólo a la epidermis– a nivel de contados fiscales y jueces. Sin embargo les urge llegar al ápice del Estado: al Congreso y, de ser posible, al Ejecutivo. No es la primera vez que lo intentan. Recordemos al diputado Manuel Ángel del Pomar. Y parece que esta vez el narcotráfico apuntaría al ollantismo.
No es un secreto que el impresentable Chávez ha montado un imperio basado en el petróleo, aunque también ligado a la droga debido a que el impresentable ha convertido a su país en centro de distribución internacional para grandes carteles. Y por si fuera poco, el jerarca venezolano insiste en imponer al ollantismo como gobierno en el Perú, un partido que no es la primera vez que aparece envuelto en asuntos que lindan con el tráfico de estupefacientes, como el caso que reseñamos de la parlamentaria Obregón.
Los procesos electorales son ocasiones para que los narcos se acerquen a quienes aspiran al poder. Y con tanto pichiruche autoproclamado candidato a la presidencia de la nación; o a jefaturar alguna región, a acceder a una curul en el Congreso o a ocupar alguna Alcaldía, es evidente que toda esa gente –en su mayoría menesterosa, mental y financieramente hablando– necesita dinero a raudales para solventar su campaña. Y allí, siempre presto, algún capo de la droga extenderá su mano cargada de narcobilletes.
En consecuencia la sociedad está advertida: no es imposible que este país se convierta en narco estado. El acecho es incesante, así como ilimitada la cantidad de dinero del que dispone la mafia para comprar lo que necesite. Nuestra propuesta para evitarlo sigue en pie: legalizar los estupefacientes. La cosa prohibida atrae, sobre todo a la juventud; y la factibilidad de comercializar lo vetado es tan fácil como vender medicinas sin receta. En ese sentido, ¿acaso la droga en este país no se vende abiertamente en la puertas de los colegios y hasta se distribuye por delivery a domicilio? Muerto el perro se acabó la rabia. Liberando la droga desaparecerá el tráfico ilícito, y con él los carteles de la droga que viven haciendo toneladas de plata y asesinando a mansalva, gracias a la prohibición.
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