Éxito del gobierno

Absolutamente estrepitoso fue el fracaso del paro de 48 horas que con tanta pompa decretaron los transportistas. No solo pasó desapercibido, sino que los dirigentes de los choferes tuvieron que “suspenderlo” a medio día, tras reconocer el papelón que hicieron.

Buen debut entonces para el Gabinete que preside Javier Velásquez Quesquén, quien a contrapelo de su predecessor desde el primer momento de su gestión señaló que los problemas sectoriales los deben encarar y resolver los ministros del ramo. Con ello obligó a Enrique Cornejo a trabajar como encargado de Transportes y Comunicaciones, mientras el jefe de Gabinete se dedicaba a coordinar las medidas políticas para desbaratar el nuevo atentado contra el país. Una lección que pone en su sitio al payasín Alejandro Toledo, quien lenguaraz como de costumbre calificó a priori de “ministro de tercer nivel” al hoy presidente del Consejo de Ministros, importándole un comino echar más fuego a la hoguera –con su inelegante desprecio– en plena etapa de escalada antidemocrática.

Es más, el éxito del gabinete Velásquez Quesquén estriba en que el primer ministro no solo no cayó en la trampa de sentarse a la fuerza en alguna mesa de diálogo con los huelguistas, sino que tampoco suscribió acuerdo alguno como hubiera hecho Yehude Simon, un primer ministro acostumbrado a “dialogar” bajo chantaje, al extremo que habría dejado alrededor de 350 “acuerdos” firmados con una gama inimaginable de huelguistas e insurrectos, transando compromisos que el gobierno jamás podrá cumplir. No solo por consideraciones económicas sino estríctamente legales y constitucionales. Por ejemplo Simon habría acordado interceder –él como representante del Ejecutivo– para que el Congreso derogue la Ley de Aguas, violando así la independencia de poderes que consagra la Carta Fundamental. Con ese tipo de actitudes claudicantes el país –no solo el régimen García– se iba directamente al precipicio.

Con los transportistas no hay tema que tratar. La ley que fija penas y multas por infringir las reglas de tránsito fue aprobada por el Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, y el gobierno ya decretó el Reglamento correspondiente. Ergo lo que resta es aplicar la norma con la mayor de las rigurosidades. ¿O acaso no recuerdan los transportistas –y los medios de prensa que hablan de excesos en esta Ley– a esas lamentables decenas de miles de fallecidos, o a los 170 mil inválidos a consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en la última década? ¿No comprenden estos conductores prepotentes que a la sociedad le urge contar con un instrumento coercitivo para poner coto a su salvajismo? La temeridad de los choferes hizo que la opinión pública –sensibilizada por la magnitud de su daño– exigiera al Congreso y a Palacio poner mano dura contra los criminales del volante. Pero como en este país siempre hay que hacer problemas donde no los hay, muchos “opinólogos¨ ahora reclaman que al gobierno “se le pasó la mano” por la dureza de las normas aprobadas. Ni caso, señores del Ejecutivo y el Parlamento. El país entero está de acuerdo con los dispositivos promulgados para castigar a los malos transportistas.

Incongruencia

No alcanzamos a comprender el raciocinio del Presidente, Alan García, respecto al tema del Gas Natural. En concreto, nos referimos al Gas de Camisea.
“El Perú tiene la energía eléctrica y el gas natural suficientes para garantizar el desarrollo de grandes inversiones“. Así se pronunció ayer el primer mandatario durante la inauguración de la central eléctrica Kallpa II en Chilca, al sur de Lima. Parece que el jefe de Estado está desinformado o, más grave aún, no comprende la seriedad del problema. El gas de Camisea cuenta con reservas probadas que apenas alcanzan para atender el mercado local. Sin embargo el consorcio que lo explota insiste en exportar esa energía estratégica, basado en un contrato antiperuano suscrito por el gobierno de Alejandro Toledo.

Ha llegado el momento que la gestión de Alan García deslinde responsabilidades con el entreguismo gasífero del toledato. EXPRESO ha denunciado en múltiples ocasiones el peligroso contubernio evidenciado –por obra y gracia del régimen que encabezara Alejandro Toledo– entre el Estado peruano y el consorcio que explota el gas de Camisea.

Hablamos de un acuerdo entreguista –y por tanto ilegal– suscrito por el toledismo, que increíble, inaceptablemente facilita el camino para que una alianza de PYMES internacionales –hablando a nivel del sector petrolero– exporte nuestro gas natural a Chile, entre otros destinos, a sabiendas de que las reservas de ese combustible –estratégico para nuestro desarrollo– no alcanzan para satisfacer el mercado interno. Es más, de manera contradictoria –y hasta delictiva– a nivel local la demanda del gas natural viene siendo profusa, ilusamente promocionada por este gobierno. En ese orden de ideas, resultan incongruentes las facilidades otorgadas para convertir los vehículos gasolineros o petroleros a gas natural. Como tampoco se entiende la profusa propaganda de la gestión García para que las amas de casas usen cada día más el preciado combustible gasífero, en reemplazo de la costosa energía eléctrica para atender las demandas domésticas.

El asunto del gas natural va a explotar. Y muy pronto. En ese horizonte, no alcanzamos a entender la cerrada, torpe –¿cómplice?– defensa que realiza este gobierno en torno al nefasto contrato suscrito por la gestión de Alejandro Toledo con el consorcio que explota el gas de Camisea. El tema sin duda muy pronto va a convertirse en caballito de batalla electoral. Sobre todo de la ultra. Por ello resulta inexplicable el respaldo del presidente Alan García a un contrato rodeado de ribetes de escándalo. A menos que la “influencia” del consorcio haya conseguido “convencer” a su régimen. Asunto que, más temprano que tarde, habrá de manchar la trayectoria de su gobierno.

Qué tal aprovechamiento

En política no hay coincidencias. Tampoco puede ser necio quien ingresa a esa arena trajeado de demócrata. Necio como para permitir que voceros del mrta –la antimateria democrática– usen Palacio Legislativo para hacer apología del terrorismo. Recordemos que la secta terrorista Mrta planeó dinamitar nada menos que el Congreso, en acción execrable que planificara la convicta emerretista Lori Berenson. Sin embargo esa temeridad se produjo ayer. Fue obra de Víctor Mayorga, congresista de las filas del humalismo que le franqueó el ingreso al Parlamento a una delegación de Patria Libre, órgano de fachada de los autotitulados “liberados del Mrta”. Pero, ¿a qué fueron al Palacio Legislativo? Pues a dar una conferencia de prensa para anunciar –desde el cenáculo de la democracia que juraron aniquilar– que postularán en las elecciones del 2011. Pero Mayorga no solo les abrió las puertas del recinto congresal, sino que fungió de maestro de ceremonias en la conferencia de marras. Lo hizo de la mano de su asesor Gustavo Espinosa Montesinos, “boquita de caramelo”, comunista declarado, ex jefe de la Cgtp soviética, que ahora recibe un jugoso sueldo del Estado.

Las paredes de nuestro Congreso retumbaron cuando uno de los terroristas liberados expresó
muy orgulloso que “el compañero Néstor Serpa Cartolini es muestro líder histórico”. Recordemos que el miserable Serpa fue un terrorista especializado en secuestrar empresarios para torturarlos, confinándolos durante seis o más meses en inmundas celdas subterráneas de dos metros cuadrados, sin baño, luz, ni aire, para conseguir el pago de millonarios rescates. Serpa también ejecutó la toma de la embajada de Japón y ordenó la criminal violación de los derechos humanos de inocentes rehenes. Y este canalla es el “líder histórico” de la basura de gente que ayer utilizó nuestro Congreso para hacer apología del terrorismo, gracias al imberbe Mayorga.

La democracia es sinónimo de tolerancia. Sin embargo tolerancia no es lo mismo que estupidez. No puede ser que el terrorismo use la democracia para conseguir sus objetivos perversos, y que permitan aquello quienes fungen de dirigentes demócratas –en este caso un representante del partido de Ollanta Humala que aspira a ser presidente del Perú dizque por la vía democrática–. Pero no nos engañemos. También hay falsos demócratas, como Humala, que pretenden llegar a la jefatura del Estado para, en sus propias palabras, “realizar una mesa de concertación que zanje el tema del terrorismo”. Es decir, para darle la bendición a Sendero y al Mrta, sectas terroristas a las que Ollanta Humala anteayer se negó a calificarlas como tales.

Ahora bien, mientras se producía este estropicio en nuestro primer poder del Estado, ¿qué hacían el presidente y los numerosos vicepresidentes del Congreso? Nada. Por ello no solo Mayorga necesita una reprimenda sino toda la mesa directiva parlamentaria. Aunque en pocos días cambiará de manos.

Voto en contra en la OEA

Repugna cuando priman intereses personales –o de cualquier otra índole– en quien es elegido por terceros para actuar con imparcialidad. Es el caso del chileno José Miguel Insulza, secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA.

Resulta que este hombre fuerte del régimen socialista de Salvador Allende, Canciller durante el gobierno de Eduardo Frei, y ministro del Interior del presidente Ricardo Lagos –es decir, un todoterreno del país mapocho– ha decidido hacerse reelegir jefe de la OEA. Aún no se sabe por aspiración personal o debido a la voluntad de su país. Sea lo que fuere, con ese motivo Insulza ha dejado de tener la sindéresis, la objetividad y la independencia que exige el cargo. Porque es evidente que viene actuando en función a su objetivo reeleccionista, antes que de acuerdo al interés de la mayoría de hombres y mujeres latinoamericanos. Y en su delirio por alcanzar la reelección –meta que los demócratas caviares proscribieran para Fujimori pero que alientan y aplauden cuando quienes pretenden alcanzarla son izquierdistas, como Chávez, Morales, Correa y ahora Zelaya–, Insulza confunde adrede número de naciones con cantidad de habitantes.

Es decir, Insulza solo busca sumar los 18 votos necesarios de otras tantas naciones para alcanzar su reelección, ignorando que muchas de ellas son caribeñas o centroamericanas con poblaciones mucho más ralas que aquellas de la región sudamericana, por ejemplo. En otras palabras, Insulza no debería confundir el peso político de países como el Perú (28 millones), Argentina (36 millones), o Brasil (169 millones), con Nicaragua o El Salvador, cada uno con alrededor de 5 millones de pobladores. Sin embargo en la práctica sucede. Y ello resulta muy riesgoso para el Continente, pues la estrategia de un orate como Hugo Chávez consiste precisamente en expandir su imperio socialista-petrolero en función a integrarlo con mininaciones que, en ese concierto chichero de países americanos llamado OEA, todas tienen el mismo voto e iguales privilegios que sus pares mayores. Una temeridad, pues en todo caso la OEA debería contar con algo semejante a lo que existe en las Naciones Unidas, un Consejo de Seguridad con derecho a veto conformado solo por los países ricos y poderosos.

A qué nivel habrá llegado la desesperación por hacerse reelegir de Insulza que –a raíz de la defenestración del tránsfuga “Mel” Zelaya como presidente de Honduras tras haber quebrado la Constitución de su país– la dedicación exclusiva del chileno es ahora servirle de felpudo y gonfalonero al impresentable Chávez –solo para conseguir el voto de las naciones que conforman la organización Alba–, haciendo lo indecible para que retorne al poder el tránsfuga Zelaya y así el poderoso Chávez pueda agregar una nueva conquista a su proyecto socialista bolivariano. Por eso ayer se humilló Insulza rogando la disculpa de ese caballo de Troya chavista conocido como la organización Alba –o Alternativa Bolivariana–, dizque por haber tenido el “atrevimiento” de señalar que “la crisis de Honduras no es una causa del ALBA sino de toda la región.”. ¡Qué vergüenza! Esperamos que Perú vote en contra de la reelección de José Miguel Insulza

Silencio cómplice

El ex presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien funge de “buen componedor” en torno al despelote que se ha armado entre el socialismo y la derecha latinoamericana, se jala los pelos porque no encuentra la fórmula mágica para conseguir la cuadratura del círculo.

Arias intenta que Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras, retorne al poder no obstante haber violado la Constitución tras imponer un Referéndum y exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reelegirse, figura absolutamente proscrita por la Carta hondureña. Es decir, Arias intenta que “Mel” Zelaya, vulgar remedo antidemocrático de sus pares chavistas Evo Morales, Rafael Correa, etc., regrese a ejercer la primera magistratura para “reponer el orden democrático”.

Es más, Arias se muestra presionado por el impresentable Hugo Chávez. Porque, aunque parezca ridículo, Chávez ha asomado su carota alrededor del tema hondureño jugando al gran demócrata latinoamericano que defiende el estado de derecho. Y bastó esa figura mendaz para que desde el chileno José Miguel Insulza, secretario de la OEA con ganas de reelegirse, al ex premio Nobel, Óscar Arias, se rasgasen las vestiduras para atender la demanda del tirano de Venezuela, gestionando la reposición en el cargo del ex presidente “Mel” Zelaya, el tránsfuga que abrió las puertas de su patria para que el impresentable Chávez instale otra base más de su imperio socialista-petrolero.

Y la retórica que usa Chávez para presionar al costarricense Óscar Arias no es otra que acusar de golpista al actual régimen de Honduras que encabeza Roberto Micheletti. Sin embargo el primer golpista convicto y confeso en esta parodia es precisamente el impresentable Chávez. Recordemos que en 1992 levantó a la FF AA venezolanas contra el entonces presidente constitucional de su país, Carlos Andrés Pérez, encabezando el infausto Caracazo. Por ese delito fue condenado, aunque dos años después, en acto naif y peligroso acabó indultándolo el ex presidente Rafael Caldera. Pero el golpista Chávez va más allá de presionar al “componedor” Arias. Acusa al Tío Sam de estar detrás de la caída del tránsfuga Manuel Zelaya. Según el impresentable, “En todos los golpes de Estado –incluido el suyo, desde luego– está la mano de EE UU”. Y asimismo Chávez se atreve a llamar “gorilas” a los integrantes del actual régimen hondureño, aunque el mote de simio lo describa mucho mejor a él mismo, emérito golpista de 1992.

El problema estriba en que la democracia se deja manipular por operadores dictatoriales como Chávez, gente que se vale de ella para, de manera subrepticia, introducir en países subdesarrollados como el nuestro sus políticas totalitarias, sus socialismos cargados de revanchismo trasnochado, y sus métodos cien por ciento antilibertarios y opresivos. A cambio de ello, ¿qué hacen los verdaderos demócratas? Pues todo afirma que mojar sus pantalones ante el grito chavista, dándole la razón al gorila que ha tomado la posta del tirano y asesino Fidel Castro. Es hora que los demócratas rechacen esta hipocresía. A propósito, ¿a qué se debe el silencio cómplice de toda esa turba –dizque demócrata– que aupó al poder a blandengues como Paniagua o a irresponsables como Toledo?

Justicia sin fondos

Que al Poder Judicial le falten recursos económicos es una verdad de Perogrullo. Pero indigna que ello suceda porque año tras año Ejecutivo y Legislativo recortan las partidas presupuestales que presenta la Judicatura. Si los tres poderes tienen el mismo peso dentro del Estado, ¿por qué el Judicial debe subyugarse a la decisión de los otros dos? Allí empieza el drama de la Justicia peruana. Y no se trata sólo de un cercenamiento financiero, algo impropio porque es a partir de las carencias como se genera la angustia para cubrir planillas; para construir nuevas instalaciones; para modernizar las vetustas oficinas; para ponerse al día en equipos y en capacidad tecnológica; etc. Es que al final del día ese estrangulamiento económico –ordenado por el Ejecutivo y el Legislativo– en la práctica anula los servicios que la Justicia está obligada a ofrecer a la ciudadanía.

Pero el tema va más allá. Nos referimos a la hipocresía, a la doble cara de la clase política. Es la falacia de esos eruditos de la democracia peruana que se rasgan las vestiduras exigiendo que la Justicia sea independiente y ajena a toda intervención del gobierno. Sin embargo son los políticos quienes mantienen ese perverso principio opresor, pero sobre todo intervencionista, por el cual –en materia presupuestal– se sigue sometiendo al Poder Judicial a los dictados del Congreso y de palacio de gobierno.

Es decir, se ubica a la Justicia debajo de los otros dos poderes del Estado, entes que sí controlan los políticos. Y como se sabe, con plata baila el mono. De modo que un Poder Judicial pobre será siempre dócil a la casta política. En consecuencia el drama de la Justicia peruana no es producto de su propia estructura ni resultado de la incapacidad de sus integrantes. Es la fórmula artera que ha encontrado la clase política para manipularla. Ergo la grita de los agoreros que a diario denuncian que los jueces son comprados por el gobierno, no es otra cosa que la manera taimada de los operadores políticos para extorsionar a jueces y gobernantes y continuar sacando troncha.

Mientras tanto seguimos con reos encarcelados durante diez años sin recibir sentencia, porque los escasos juzgados que existen–para atender a 28 millones de personas- no tienen dinero para atender la demanda de trabajo que recae sobre ellos. Y claro, los políticos se quejan cuando un prisionero exige su excarcelación si tiene más de 36 meses en la penitenciaría. Pero ojo, no hablamos de seis o doce meses en las mazmorras –tiempo más que suficiente para que el juez decida si uno es inocente o culpable– sino que son tres años de cautiverio lo que permite la ley para que recién se pronuncie la Justicia. Sin embargo, en caso la sentencia resulte exculpando al reo, ¿quién le repone el daño económico pero, sobre todo, el moral y físico? ¿Acaso ello no es una violación de los derechos humanos? Según los políticamente correctos la respuesta es no. Porque de ser afirmativa ya habrían exigido –como en el caso del Legislativo y el Ejecutivo– que sea el Poder Judicial el que decida el límite de su propio presupuesto.

Caos versus orden

Los choferes de servicio público ya paralizaron el país hace unas semanas. Exigían que el gobierno derogue el Reglamento de la Ley que fija penas y multas para los infractores de las normas de tránsito. Y ahora amenazan con hacerlo nuevamente, la semana que empieza, si el Ejecutivo insiste en mantener aquel dispositivo. Hasta aquí los hechos. En primer lugar la demanda en sí refleja la mala práctica instituida a partir del fuax pas de Bagua, cuando la poblada comprendió que consigue lo que quiere amedrentando a la autoridad. Allí asoma en su esplendor la irresponsabilidad que acarrea que un gobierno ceda al chantaje político, rendido ante la fuerza bruta opositora. Más vale una vez colorado que cien amarillo, reza el aforismo. Así que Ejecutivo y Legislativo necesitan ponerse firme, comprendiendo la gravedad del daño que causan sus patéticos retrocesos y derogatorias para “solucionar” problemas sociales. Las leyes y decretos, una vez promulgados, no deben anularse ni modificarse bajo presión de naturaleza alguna. Para ello no eligió el pueblo a sus representantes. Lo hizo porque confió en su capacidad para estudiar y formular las normas debidas, y para que haga que estas sean respetadas –con apoyo de la Justicia y la fuerza pública– por todos los peruanos.

En segundo término, ¿cómo es posible que la sociedad peruana no tenga un mecanismo contundente para defenderse de esta jauría de rufianes, salvajes e inclusive asesinos autonombrados “profesionales del volante”, gentuza que con su prepotencia y barbarismo ha convertido en peligro público el tránsito por calles y carreteras? ¿Cómo es posible que quede impune la muerte –asesinato, en muchos casos– de decenas de miles de personas cada año, a consecuencia de accidentes fatales que causan estos homicidas del timón que luego continúan conduciendo como si nada sus taxis, combis, buses, camiones, etc.? ¿Cómo es posible que el 90 por ciento de los conductores peruanos tenga que soportar las embestidas –cuando no los choques– de estos animales; aguantar sus anormales zigzags; sus permanentes paradas intempestivas; su irresponsable recojo de pasajeros allí donde les viene en gana; y soportar su maltrato con gesticulaciones y palabras soeces? ¿Cómo es posible que estos zafios la pasen piola habiendo dejado una secuela de más de 170 mil discapacitados en la última década, gente que lo perdió todo a raíz de accidentes de tránsito generados por las burradas de tanto chofer-delincuente de servicio público?

¿Quién pone coto a esta demencia, señores del gobierno? ¿Quién defiende a la sociedad? Nadie. Porque la fuerza bruta de la elite de choferes, transportistas y dueños de vetustos taxis, combis, micros, etc., se impone peligrosamente sobre la inmensa mayoría de peruanos. Para ello, a estos antisociales les basta paralizar al país, además de impedir –con delictivos actos de fuerza– que millones acudan a sus centros de trabajo, escuelas, quehaceres, o hasta a hospitales para recibir atención médica urgente. Imponga autoridad, señor ministro del Interior. Tome presos a los dirigentes y que la Policía aísle a los huelguistas. Así permitirá que quienes quieran trabajar o simplemente desplazarse, lo hagan sin problema. Y se acabó el paro. Solo así el país tendrá orden y progreso.

Con “P” de patria

Julio es siempre el tiempo aparente para recordar que no hemos nacido en Madagascar, Groenlandia ni Venezuela. Hemos nacido en el Perú. Esta simple realidad, sin embargo, no la tienen presente muchísimos compatriotas, algunos de los cuales la pasan por alto inconscientemente, otros la olvidan por conveniencia y hay quienes la ignoran por falta de patriotismo. No hablamos del pueril patrioterismo, de chauvinismos convenencieros ni de nacionalismos extremistas. Patriota es sencillamente aquel que siente algo por la tierra que le dio un espacio para nacer, tener ancestros, criarse, estudiar, trabajar, etc.

Y ese sentimiento –muy arraigado en el norteamericano, el francés, el chino, o el australiano, por ejemplo, pero que no late igual en todos los corazones peruanos– es menester fortalecerlo en torno a la Identidad que exige toda nación. Por más pequeño que sea el país; por más complicada que sea su vida social; por más pobreza que incube; por más odios, rencores y pasiones que alimenten a su sociedad, el ciudadano necesita sentir apego por su terruño. Y para ello hace falta inculcar a la juventud amor por su país. La Educación peruana sin embargo ignora esta columna vertebral en todo Estado.

Y allí estriba una primera tarea para los gobernantes. Porque mientras la sociedad no sienta calor por su patria, la gente sencillamente hará caso omiso a las autoridades, no acatará las leyes, no respetará la propiedad ajena; en suma, vivirá en el caos, consciente de que el país no es suyo y que por tanto hay que explotarlo, sacándole el provecho que se extrae de las cosas sin dueño. Es más, hay quienes quieren ignorar las fronteras alucinando una quimérica ciudadanía universal, fanfarroneando que a ello apunta el planeta. Pero eso no es más que una pose políticamente correcta, una ilusión o tal vez una idiotez, ya que al final del día esa gente no dejará de ser paria toda su vida.

Y cuidado que la falta de patriotismo –de identificación con su país, para ser más claros– no solo trae esa pérdida de valores que corroe a las naciones y que hace que sus habitantes no acaten las normas y sientan indiferencia –cuando no desprecio– por lo que les pertenece. No es solo eso. La falta de patriotismo llega al extremo de inducir a que el ciudadano mendigue dinero para obedecer consignas de gobiernos foráneos, que harán que su propio país sea pasto de ideologías e intereses extranjeros.

Y esto último, señores, no es más que traición a la patria. Un acto repudiable que, tarde o temprano, la sociedad sabrá sancionar aplicándole el más riguroso de los castigos a quienes lo practiquen. Cuidado entonces con los cantitos de sirena de ciertos politicastros locales –que se autodenominan “nacionalistas”–, que mañana, tarde y noche se dedican a vender su candidatura -como bastardos caballos de Troya electorales- para anclarnos a la voluntad de un orate extranjero que quiere mandar en el Perú. A ellos, al final de sus tropelías, solo les espera el desprecio eterno y la cárcel segura.

Inseguridad interior

Si alguna experiencia fatal ha sufrido el país en los últimos tiempos es que el Estado –el gobierno que administra los intereses de la sociedad– carece de un eficiente servicio de inteligencia. Obnubilados por la resaca antifujimorista, Paniagua y Toledo no solo desintegraron los sistemas de inteligencia nacional, sino que publicaron los nombres y apellidos de los agentes secretos que –como cualquier Estado del planeta– usara la nación para tomarle el pulso a la realidad interna y externa. Es decir, ambos ex gobernantes cargan sobre sus hombros con gran parte de la responsabilidad de que el Perú se encuentre hoy a merced de subversivos, y acechado por enemigos regionales. Insistimos, mientras no contemos con un servicio de inteligencia nacional coherente, eficaz y absolutamente secreto, seguiremos camino al caos general.

Pero para desgracia del país, esa misma suerte la viene sufriendo el Ministerio del Interior con el régimen aprista. Por angas o por mangas, sea debido a la inacción policial, a errores de los custodios del orden, a la sobrerreacción de esa institución ante las asonadas ultra o la delincuencia organizada; o sea debido a actos de corrupción administrativa como licitaciones trampeadas o al contrabando que genera ese viejo vicio de los vales de gasolina para la oficialidad policial, el hecho es que un ministerio clave como Interior, encargado nada menos que de resguardar el orden y la seguridad interna para organizar a 28 millones de peruanos, anda completamente despelotado.

En ese orden de ideas, no alcanzamos a comprender cómo es posible que este régimen se haya dedicado a polarizar un asunto de tanta trascendencia, colocando a la Policía Nacional ante la disyuntiva de la corruptela o la disciplina. Porque eso es lo que sucede en el Mininter. Recordemos la media docena de ministros que ha desfilado por este sector en apenas tres años de gestión del gobierno de Alan García. Y cada uno de ellos ingresó al Despacho acompañado de un equipo diferente de personas –que a su vez sembraban sotto voce mala vibra contra sus predecesores– para administrar la Policía Nacional. En consecuencia la PNP ha sufrido múltiples, traumáticos cambios en su Dirección. Y aquello ha generado desasosiego e inestabilidad. Pero no solo eso sino que –como “escobita nueva barre bien”– cada jerarquía entrante imponía nuevos procedimientos que, en el escasísimo tiempo que tuvo para ponerlos en práctica, jamás pudo comprobar si funcionaban o no.

¿Cuántos más directores generales, jefes de Estado Mayor, jefes de la Dinincri, la Dincote, la Dinandro, etc., veremos desfilar en los dos años que le restan a la gestión García, gente colocada supuestamente para brindarnos seguridad pero que resulta removida del cargo tan pronto acaba de instalarse en su respectivo gabinete? Llamamos entonces la atención del Ejecutivo. Es censurable que la Policía Nacional sufra tal grado de inestabilidad, precisamente en momentos en que el país se encuentra al acecho de fuerzas desestabilizadoras que intentan derrocar al régimen democrático.

¿Análisis simplista?

Europa ha virado a la derecha. Las elecciones de la Comunidad así lo revelan. Quedan bolsones zurdos como España, país que sin embargo pronto revertiría al centro derecha ante la percepción que hay sobre el PSOE, partido de izquierda al que se le culpa del colapso financiero de la Madre Patria por haber ocultado la crisis durante largos meses de campaña electoral, para lograr la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero. Estados Unidos ha girado al centro izquierda tras el triunfo del partido Demócrata. En rigor el éxito fue de Barack Obama, ese torbellino que encandiló a los norteamericanos hastiados de un régimen confrontacional como el de George W. Bush, que los llevó a dos guerras absolutamente distantes, geográfica y espiritualmente hablando. No obstante, el Tío Sam atraviesa por un severísimo cuadro de recesión con déficit fiscal.

Sudamérica está dividida. El gigante Brasil sigue su camino de eficiencia, alejado por completo de populismos, demagogias y posturas socialistas. Chile continúa en lo suyo: consolidándose para integrarse al segundo mundo. Es más, el derechista Sebastián Piñera aparece adelante en las encuestas para las elecciones presidenciales de diciembre. Argentina ha sido testigo del descalabro de la era kirchneriana, tras el revés sufrido en las últimas elecciones parlamentarias por la parejita Kirchner que coquetea con el impresentable Hugo Chávez. En consecuencia el centro derecha gaucho aflora como probable alternativa para la elección presidencial del 2011. Uruguay y Paraguay son centro izquierda. Y excepto Perú y Colombia –que lideran una exitosa corriente de centro– el resto de la región ya forma parte del imperio socialista del petróleo chavista.

Curiosamente la Iglesia Católica –con gran predicamento en esta parte del planeta– estaría tomando cierto sesgo izquierdista. El viejo Papa Benedicto XVI acaba de lanzar su primera encíclica, Sacramentum Caritatis, que revela el espíritu de vanguardia teológica del obispo Joseph Ratzinger. Aparentemente alguien que habría influido en la Carta Papal es el Arzobispo de Munich, cardenal Reinhard Marx, quien en su reciente libro “El Capital – Una defensa del hombre”, sostiene que su homónimo, Carl Marx, tenía razón en su análisis del capitalismo. El purpurado –alemán como el Papa– señala que “El movimiento marxista tiene causas reales y pone cuestiones justificadas”.

En consecuencia, señores, hay que estar alertas a lo que pueda acontecer en este mundo confuso e inseguro. Con una Europa que se derechiza; un EE UU “Demócrata” y con su economía en estado de coma; parte de Sudamérica entregada al dinero del impresentable socialista Chávez; y una Iglesia Católica que pudiera regresar a teorías semejantes a la de la Liberación. Sin duda la lucha política regresa a su clásico contenido ideológico. Aunque en medio de este desconcierto fenomenal, sorprende sobremanera que el único icono comunista del mundo –China– siga consolidando su camino hacia el capitalismo en materia económica. Dios nos coja confesados.

Ministros autistas

A lo largo de estos primeros tres años de la gestión Alan García II, una de las más criticables fallas del gobierno sigue siendo la incomunicación y la actitud autista de todos sus integrantes ante las protestas, paros y huelgas. Reclamos que si bien en su mayoría no tienen sustento –pues obedecen a estrategias políticas de la oposición ultra– sin embargo merecen una respuesta clara en cada caso por parte del Ejecutivo. Jorge del Castillo fue quizá la excepción. Sin embargo a la mayoría de ministros –y cuidado que ya son muchos los que han desfilado– ni se les escucha ni mucho menos se les ve cuando las papas queman. Sencillamente desaparecen del mapa, como si con su silencio esquivo fuesen a apagar la pradera incendiada. No solo transpiran temor sino que, como en esta vida quien calla otorga, su mutismo le da la razón a la poblada, pese a la naturaleza alucinante de sus reclamos. El silencio oficial frente a las algaradas contribuye pues tanto al descrédito del régimen como al resquebrajamiento de la gobernabilidad, desde que el pueblo percibe que los reclamos son justos –por más violentos que sean– y que más bien el gobierno no tiene seso para solucionarlos.

Otra tara que ha heredado este régimen –de la irresponsable gestión Toledo– son las mesitas de diálogo. Cada pelele que se alza contra el Estado acaba siempre instalado en esta suerte de tertulias incoherentes –diálogos de sordos a los que asisten ministros, cuando no el propio premier–, donde los azuzadores de la calle presionan para que la autoridad solucione ipso facto “las demandas del pueblo”, pese a su naturaleza extrema e inviable. No obstante, al final del día –o de la noche– los ministros acaban suscribiendo pomposas actas de compromiso a sabiendas –de antemano- que el gobierno va a incumplirlas, dándole así a la ultra un nuevo argumento para reiniciar la protesta.

Por último, consideramos que tres años de gestión es plazo más que suficiente para que el Ejecutivo recompusiera los servicios de inteligencia volados en pedazos por los imberbes Paniagua y Toledo. No obstante, todas las evidencias confirman que no funciona el aparato de información estratégica del Estado. Y eso es una desgracia para la
gobernabilidad que se traduce en la carencia de táctica del régimen para enfrentar la miríada de problemas –nacionales y fronterizos– que se le acumulan precisamente por desconocimiento de la realidad. Es decir, por carecer de un sistema de inteligencia.

Claro que es conveniente que el régimen divulgue sus logros. Últimamente se aprecia algo de eso en la televisión. Sin embargo ello no basta. Hace falta que los ministros se conviertan en voceros permanentes del gobierno. Deben explicar a diario los alcances de su gestión, escuchar la calle, sentirle el pulso al país. Y no despachar en aisladas oficinas, asistir a inútiles eventos sociales, ni perder el tiempo en tanta necedad que impone la pompa jerárquica ministerial. Ojalá que Javier Velásquez Quesquén, el eficiente parlamentario y ahora primer ministro, ponga cuanto antes orden en la sala.

Incoherentes, siempre

El caviar es un demócrata felón con ADN comunista. La meta del comunero caviar es vivir como millonario y protestar como proletario. La fórmula para lograrlo estriba en mendigar donaciones a Estados y fundaciones del exterior “para afirmar la democracia, asistir a la pobreza, cuidar el medio ambiente, y defender los derechos humanos”; así como obligar al Estado a que contrate costosas e inútiles “asesorías” de las oenegé. Pero la comunidad caviar constituye en rigor un partido político disimulado. Actúa como tal, no obstante que la mayoría de la gentuza que la integra arrastra taras antidemocráticas e inconstitucionales. Asimismo la prensa políticamente correcta –que no es otra cosa que una maquinaria extorsionadora de hacer dinero– está en manos de la comunidad caviar. Es esa prensa que hoy se desespera defendiendo los derechos humanos del terrorismo y de todo aquel agitador violento que amenace a la sociedad. Es la prensa que ensalza “democracias” como la payasada hondureña. Sin embargo quienes hoy escriben y comentan en la prensa extorsionadora a favor de aquellos temas son los caviares que aplaudieron el violento derrocamiento de Fernando Belaunde, los mismos caviares que participaron activamente en la confiscación de la prensa peruana.

Enrique Bernales Ballesteros es un paradigma dentro de la comunidad caviar. Bernales Ballesteros es quien funda el año 1976 el Partido Socialista Revolucionario, junto a destacados jerarcas de la tiranía militar velasquista. Bernales Ballesteros fue cómplice entonces de consumados golpistas de la talla de Leonidas Rodríguez Figueroa, jefe del tenebroso SINAMOS cuyo objetivo fue constituirse en partido político único en el Perú, es decir en espejo de los partidos comunistas soviético, chino, cubano, etc.; y de Jorge Fernández, comunista confeso que persiguió como a ratas a sus opositores. Bernales fue entonces un activista del golpe de Estado y admirador de la dictadura que sojuzgó al Perú durante doce años. Ergo fue partidario de sendas violaciones de derechos humanos como persecuciones y deportaciones a periodistas y políticos opuestos a la tiranía. Pero, sobre todo, fue un leal adulador de Velasco Alvarado y de su camada de dictadorzuelos.

No obstante, ese mismo Bernales Ballesteros pro dictadura y pro golpista cuando se trataba de su país; ese mismo Bernales Ballesteros que mamó del gobierno espurio de Velasco Alvarado, ahora se muestra henchido de dolor e indignación por “una conspiración de altos cargos en la dirección del Estado que preparó el escenario de una presunta ´legalidad´ para derrocar al presidente (Manuel) Zelaya (en Honduras), e imponer un régimen que no ha dudado en ocupar militarmente el país. Que Zelaya haya querido llevar adelante una consulta popular para convocar a una asamblea que modificase la Constitución de Honduras fue un error (sic). Pero eso de modo alguno justifica despojar del cargo a un presidente ungido por el voto popular.”

La incoherencia y falta de sindéresis es la característica más saltante de la comunidad caviar. La tragicómica rasgadura de vestiduras de Bernales Ballesteros lo comprueba.

El reto del Gabinete

Javier Velásquez Quesquén es un político que destaca por ser ponderado, en una emergente generación del APRA caracterizada por jóvenes exacerbados. Maneja su agenda con celo. Su acceso a la presidencia del Congreso lo refleja, y el ejercicio democrático que hizo del cargo lo confirma. Hace poco le estuvo quitando el sueño la presidencia regional de Chiclayo, al extremo que deslizó su intención de alejarse no solo de la presidencia del Legislativo sino inclusive de renunciar al Parlamento. Hoy ocupa el influyente –aunque sin duda complejo, por el momento– cargo de primer ministro. En el período de un lustro fijado para los regímenes democráticos, el tercer año marca el tiempo en que empiezan a complicarse las cosas. No respecto a los problemas de fondo como luchar contra la pobreza; promover inversiones; encarar la crisis internacional; mejorar los servicios de salud, educación y seguridad; resguardar la soberanía; insistir en la reforma del Estado, etc. Nada de eso. Es más bien que la oposición lleva al extremo el asunto de lidiar con las formas democráticas, retando al gobierno a descifrar la fórmula mágica para evitar que las marchas y los paros violentos –así como otras asonadas mayores– acaben con muertos y heridos. Porque de producirse éstos, el gobierno acabará sentado en el banquillo, acusado por la izquierda de violar derechos humanos y cometer actos genocidas contra los pobres extremistas. Así la democracia aparecerá sentenciada por crímenes contra el pueblo y la izquierda sacando pecho en su rol de eterna Robin Hood de las masas, acumulando puntos para auparse al poder.

Es que al tercer año comienza la campaña electoral para el siguiente proceso, y con ella se desatan las iras de una oposición intransigente. La oposición ultra desestabilizadora que encarna la izquierda, convencida que con su salvajismo callejero –manejado con no más de tres mil mercenarios que toman carreteras, marchan amenazantes por las calles, destruyen propiedad pública y privada, etc.– afirma el aura de un inexistente apoyo popular; o en todo caso vuela en pedazos la gobernabilidad. Con esto último cocinaría el caldo de cultivo que invite a la poblada a sumarse a la intentona de traerse abajo al régimen democrático a través de un “golpe de masas” –estilo Bolivia–, para luego encaramarse en el poder mediante una espuria Asamblea Constituyente que le confiera “legitimidad” a la revuelta. El guión es archiconocido.

El día de la juramentación ministerial el jefe de Estado habló del “último gabinete”, aduciendo que habrá de perdurar hasta el fin de su mandato. En consecuencia a la gestión Velásquez Quesquén le aguarda un escenario sumamente complicado. La violencia irá multiplicándose porque los rojos saben que es su único instrumento para conquistar el gobierno. Bien acusando de criminal al régimen de turno –con lo cual resquebraja la imagen de la democracia– o a través de un “golpe popular” producto de instigar permanentemente a la revuelta de las masas. La pendenciera marcha de los cuatro suyos, prevista para setiembre, es la primera de una serie de pruebas de esfuerzo que la izquierda tiene preparada para el gabinete. Ojalá los ministros de Defensa e Interior activen antes los servicios de inteligencia pulverizados por Toledo.

El burro parlante

¿Sabemos –como sociedad– hacia dónde vamos, hacia dónde va el Perú? En definitiva no. Los peruanos vivimos sin mayor diagnóstico ni perspectiva; apagando incendios; obedeciendo leyes de países extraños; olvidando experiencias –buenas y malas–: pero sobre todo ignorando la Historia. Por cierto, además de ello, el peruano actúa siempre a la defensiva; reacciona sin guión estudiado; carece de sagacidad y talento; se mueve tan solo para salir del paso, para superar la coyuntura y así quedar tranquilo por unos instantes que –de manera ilusa– quisiera hacer que perdure en el tiempo.

Pero, ¿acaso es posible alucinar que podremos ser Nación bajo una perspectiva tan irresponsable? Lamentablemente sí. Por lo menos es lo que cree la gran mayoría de improvisados políticos, tecnócratas, y ganapanes profesionales que integran la cúpula de poder. Gente sin sentido de la trascendencia ni mirada de estadista. Gente que se sube a la palestra gracias a la nefasta inmadurez de un pueblo que se encandila con el mensaje del vendedor de cebo de culebra o con la prédica de quien agita el resentimiento social. Gente que sin preparación ni inteligencia suficiente destaca solo por el endémico retraso educativo de gran parte de nuestra sociedad. Gente cargada de complejos y revanchismo que actúa por instinto, jamás por lógica académica. Gente que definitivamente estaría proscrita para dirigir los destinos de cualquier país medianamente estructurado como Nación. Fatalmente, no es nuestro caso.

El problema, señores, es que nuestra dirigencia nacional está absolutamente devaluada, desde que la conforma un ejército de analfabetos; gente sin escuela ni doctrina; individuos acaso con un poco de astucia, una pizca de viveza y grandes dosis de mañosería, que se da las ínfulas de dictar leyes y de soñar con ser jefe de Estado. Gente que, en otras palabras, no está preparada para gobernar.

Pero hay que acatar la democracia. Un sistema que funciona bien en sociedades cultas, pero que sin embargo en pueblos como el nuestro alienta la incapacidad y estimula el engaño. En efecto, democráticamente hablando, todos los peruanos tienen el camino expedito para ser presidente o congresista. Para lograrlo solo requieren los votos de una ciudadanía en su vastedad ineducada. Pero a aquel imberbe que se autoproclame candidato a dirigir el destino de 28 millones de peruanos no le hace falta siquiera haber concluido Secundaria, seguido estudios superiores, maestrías ni cursado Doctorado alguno. Un burro parlante tiene pues expedito el camino para gobernarnos. Pero, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Acaso en las comunidades de la serranía no escogen al más capacitado para ocuparse de las cosas? ¿Acaso en los negocios de humildes familias no seleccionan al más preparado para que lo administre? ¿Acaso la meritocracia no se impone en la actividad privada? Entonces, ¿por qué demonios este país sí puede ser conducido por un ignorante? Porque así son las reglas de la democracia, señores. Reglas que funcionan en Dinamarca, Japón, Rusia, China, etc., pero que perjudican al Perú desde que permiten que cualquier infeliz lo presida. Por eso es que no sabemos adonde vamos. Aunque, pensándolo bien, lo lógico es prever que nos vamos al diablo

¿De quién es la culpa?

Tras el odio, el resentimiento social, el complejo de inferioridad y el espíritu de fracaso que siempre ha sembrado la izquierda –siendo el éxtasis los 12 años de dictadura militar impuesta por su ídolo Velasco Alvarado–, los zurdos han fracasado en su intento por capturar la preferencia del pueblo. Y es que el país repudia su revanchismo, su violencia y su engaño sistemático. Pero sobre todo aborrece su empatía y afinidad con el terrorismo.

No solo nos referimos al pasado pendenciero y petardista de los rojos –de caviares a ultras–. Según propia declaración de esa militancia, su presente y futuro sigue preñado de venganza, enemistad, rencor, desengaño, frustración, mitos, calumnia, falsedad, animadversión, antipatía, rabia, traumas, etc. Pero el pueblo ya no soporta esas taras que solo han traído enfrentamiento y atraso. El peruano ya superó ese estigma, señores. Lo consiguió gracias al esfuerzo y sacrificio que significa haber soportado, enfrentado y derrotado –a lo largo de un cuarto de siglo de desolación y muerte– la acción genocida de la izquierda encarnada en Sendero Luminoso y el mrta. Un oprobio zanjado con éxito debido a que el Estado supo defender a los 28 millones de peruanos, ese mismo Estado al que sin embargo la izquierda acusa de genocida por combatir al terrorismo. Bastó ese triunfo histórico sobre el terror para que nuestra sociedad erradicara los demonios, complejos, resentimientos y las frustraciones que siempre impuso la izquierda.

Y esa actitud proactiva del peruano se fortalece cada vez que la zurda busca capitalizar apoyo popular recurriendo a su única arma: la cizaña, el encono y la violencia. Hoy, el 99 por ciento de la ciudadanía rechaza la confrontación. Lo manifiesta, por ejemplo, trabajando cuando la izquierda convoca a paros violentos; o sencillamente exteriorizando su repudio –silencioso pero sentido- a las marchas y tomas de carreteras de la rojería. Y lo de Bagua revela el grado de bestialidad al que llega la izquierda en su demencia por apropiarse de los bolsones postergados que por desgracia aún hay en el país. Pero precisamente el Estado ha sido incapaz de atender a esa gente menesterosa debido a la miseria Fiscal que siempre agudizó la izquierda con sus tropelías, obligando al país a vegetar con presupuestos paupérrimos fruto de la inexistente inversión privada –turbina de nuevos impuestos y fuentes de trabajo– espantada por el acoso izquierdista.

Sucedió durante la década de los sesenta y setenta cuando el velasquismo socializó el Perú hasta la ruina. Recordemos a la reforma agraria, esa confiscación revanchista que acabó para siempre con la fenomenal producción agrícola que exhibiera este país hasta aquel fatídico 24 de junio de 1969. Pero el estatismo de la dictadura militar también se llevó de encuentro a la industria nacional a través de la Comunidad Industrial, un aborto “progresista” cuyos ideólogos fueron los mismos caviares de hoy. Pero sobre todo el Estado fue impedido de ayudar a los más pobres debido al monumental costo que le infligió a sus arcas el terrorismo promovido por la propia izquierda que irónicamente demanda “atención” para los pobres. En consecuencia, ¿quién tiene la culpa del atraso y la miseria que sigue habiendo en el Perú? Ya basta de cantos de sirenas zurdas.

¡Qué maravilla!

El comunismo del siglo XXI –reconvertido en progresía caviar– ha encontrado la fórmula mágica para imponer a su gente en la presidencia de países latinoamericanos. Consiste en comprar la conciencia de candidatos o de presidentes en ejercicio con los petrodólares que dispendia el impresentable Hugo Chávez. Y claro, producida la compra-venta del candidato o del presidente en ejercicio, la “revolución bolivariana” toma posesión del país cuyos politicastros venales traicionaran a su pueblo. Una trampa urdida con desprecio por la auténtica democracia, que le permite al comunismo reciclado hacerse del poder sin necesidad de captar el voto de nuestros pueblos incultos. Reiteramos, la culpa es de la progresía que taimadamente nos maneja a través de su sistema político-jurídico “garantista”. Un bodrio basado en la teoría que solo los rojos “protegen la democracia, resguardan el estado de derecho, defienden los derechos humanos, etc.”. El ardid “garantista” lo impone el comunismo en connivencia con la ONU, la CIDH, etc. Porque son estos entes supranacionales –que maneja en exclusiva la progresía caviar– los que nos metieron de contrabando –y siguen haciéndolo– las “leyes universales” progre. Es decir, normas “de avanzada” que elabora una cúpula roja ajena a nuestra idiosincrasia. Leyes cien por ciento sesgadas a la ideología socialista. Por cierto, ajenas a la voluntad de la mayoría de los congresistas que elige nuestra sociedad. Sin embargo debido a la complicidad de tanto político infeliz por quienes ha votado el Perú, esas “leyes universales” se convierten automáticamente en legislación peruana. ¿Cómo así? Mediante ucases de la ONU, la CIDH, etc, que la progresía caviar nos obliga a acatar bajo la forma de “convenios internacionales”, acuerdos que luego pasan a formar parte de nuestro acervo legal e incluso de nuestra Carta Magna, para dejarnos a merced de un sistema político-jurídico foráneo hecho a la medida del comunismo reciclado.

En este orden de ideas, al presidente de un país sometido a las “leyes universales” progre que viole la Constitución se le releva del cargo. Salvo que sea de izquierda. Sucedió en Honduras con el tránsfuga Zelaya, un mandatario que según las “leyes universales” estuvo facultado a violar la Carta Magna cuantas veces le diera la gana, y su pueblo obligado a soportarlo mansamente. Pero cuidado con aquel presidente de derechas que siquiera imagine cambiar la Constitución. A ese, caviares dixit, hay que destituirlo, perseguirlo, enjuiciarlo y encarcelarlo por antidemocrático y corrupto.

En concreto, las “leyes universales” de los progre favorecen solo a tiranos de izquierda. Es el caso del impresentable Chávez, a quien la progresía rinde culto mientras le rompe la mano a tránsfugas como Zelaya, Ortega, Correa, Morales –y eventualmente a Ollanta Humala– para que traicionen a sus pueblos quebrantando sus constituciones, forzándolos a introducir en ellas la reelección infinita que asegure la vigencia del chavismo. Sin embargo, en el caso de Fujimori las “leyes universales” de la progresía caviar censuraron la reelección hasta la náusea. Obviamente porque Fujimori no simpatizaba con la progresía, tan condescendiente siempre con el terrorismo. ¡Qué maravilla!

Orfandad geoestratégica

Estados Unidos sigue apostando a que Chile será el Israel de Latinoamérica. Identifica a la nación sureña como paradigma de la estabilidad regional, tanto por su conveniente ubicación geográfica como por su cuasi unidad étnica; por la riqueza de su sector privado; por las fenomenales inversiones extranjeras; y por la solidez de su clase política que supo articular una coalición exitosa a lo largo del tiempo, superando incluso el traumático retiro de Augusto Pinochet, artífice del Chile moderno. Recordemos que EE UU jamás indujo a Chile a remover ni a condenar a Pinochet –por dictador, genocida y corrupto– como sí lo hizo con el Perú respecto a Alberto Fujimori. En Lima, a contrapelo de lo que sucedió en Santiago con la salida de Pinochet del gobierno, los embajadores norteamericanos Dennis Jet y John Hamilton participaron en forma decidida –y sin duda desembozada– en el derrocamiento de Fujimori. Y aquello revela a las claras un trato muy diferente, políticamente hablando.

Por cierto, EE UU jamás presionó a entes como la OEA o a sus apéndices –la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos– para perseguir a Pinochet o a los policías y militares chilenos acusados de genocidio y violación de derechos humanos por las muertes y desapariciones ocurridas con motivo del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Golpe que, dicho sea de paso, fue alentado por la CIA. Mientras tanto EE UU sí forzó –y cómo– a aquellos entes panamericanos, conminándolos a acosar a Fujimori y sobre todo a que procesen a miles de uniformados peruanos quienes, a diferencia de los chilenos, resistieron valientemente un cuarto de siglo de terrorismo.

Objetivamente el comportamiento de la diplomacia washingtoniana revela un sesgo pro Chile, en contraste con su marcado talante antiperuano; asimismo aflora la actitud favorable del aparato militar norteamericano respecto a nuestro vecino, a diferencia de su gesto provocador y negativo en el caso del Perú. Esto último se refleja en la maniobra armamentista urdida por la inteligencia yanqui para permitir que el Tío Sam venda armas estratégicas a Chile, como la agresiva flota de aviones F16 y recientemente el grosero contingente de tanques de guerra con poderío fenomenal.

A diferencia de Chile –una nación sociopolíticamente definida, ubicada al extremo del Continente, que domina un paso vital para USA como el Estrecho de Magallanes–, Perú es un país complicado; rodeado de naciones inviables como Bolivia; sumergido en un narcotráfico que nos hermana a Colombia; con larga y compleja frontera ante un gigante como Brasil, incómodo para el imperio del norte; y encima con una fauna política tan pedestre –como es la izquierda progre– que no solo nos ha impedido articular una coalición de centro, sino que patrocinó a un dictador rojo como Velasco Alvarado que nos entregó a las fauces soviéticas. Quizá en parte allí estribe esa odiosa preferencia hacia Chile por parte de Washington, como también la causa de su alergia al Perú.

Afrenta contra el Perú

“CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la República del Perú está llevando a cabo una política neoliberal que perjudica profundamente al pueblo peruano, siendo muestra de ello los decretos legislativos 1020, 1064, 1081, 1089 y 1090, emitidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, con visos a privatizar la Amazonía; Que los pueblos y movimientos indígenas de América se mantienen en la resistencia cultural y política frente a más de cinco siglos de persecución y exterminio;

Que la resistencia de los pueblos y movimientos indígenas se complementa con el carácter participatorio y protagónico y el espíritu emancipador que hoy sacude los espacios geográficos de este Continente.

ACUERDA: PRIMERO: Condenar enérgicamente las políticas de persecución, represión y exterminio de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía Peruana.

SEGUNDO: Expresar nuestro repudio e indignación ante los hechos crueles e inhumanos ocurridos en la selva peruana.

TERCERO: Exigir que se respete el derecho a la vida de los hermanos que siguen en pie de lucha en su territorio, víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Alan García.

CUARTO: Rechazar la posición de los medios de comunicación peruanos que se hacen eco de las declaraciones racistas de Alan García.

QUINTO: Rechazar las causas que dieron origen a estos actos genocidas en contra de los pueblos indígenas que se fundamentan en los intereses del capitalismo.”

Este oprobio abiertamente intervencionista, pendenciero pero sobre todo subversivo, es el acuerdo de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela fechado el 9 de junio. Ahora, si los peruanos somos tan infelices que dejamos pasar así nomás este tropelía sin repudiarla de manera escandalosa, entonces bien merecemos el camino al infierno que tiene trazado el impresentable Chávez para nuestro país. De Relaciones Exteriores no esperamos nada, no obstante que cualquier nación con un mínimo de amor propio hubiera puesto el grito en el cielo, cuando no roto relaciones con una república tiránica como Venezuela que invoca al caos en nuestro país y “rechaza la posición de los medios de comunicación” del Perú. Pero que la sociedad peruana permanezca callada sí es un insulto al patriotismo y a la tradición de peruanidad que hemos heredado. Por lo menos EXPRESO no guardará silencio ante las amenazas del infeliz Hugo Chávez.

Afrenta contra el Perú

“CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la República del Perú está llevando a cabo una política neoliberal que perjudica profundamente al pueblo peruano, siendo muestra de ello los decretos legislativos 1020, 1064, 1081, 1089 y 1090, emitidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, con visos a privatizar la Amazonía; Que los pueblos y movimientos indígenas de América se mantienen en la resistencia cultural y política frente a más de cinco siglos de persecución y exterminio;

Que la resistencia de los pueblos y movimientos indígenas se complementa con el carácter participatorio y protagónico y el espíritu emancipador que hoy sacude los espacios geográficos de este Continente.

ACUERDA: PRIMERO: Condenar enérgicamente las políticas de persecución, represión y exterminio de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía Peruana.

SEGUNDO: Expresar nuestro repudio e indignación ante los hechos crueles e inhumanos ocurridos en la selva peruana.

TERCERO: Exigir que se respete el derecho a la vida de los hermanos que siguen en pie de lucha en su territorio, víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Alan García.

CUARTO: Rechazar la posición de los medios de comunicación peruanos que se hacen eco de las declaraciones racistas de Alan García.

QUINTO: Rechazar las causas que dieron origen a estos actos genocidas en contra de los pueblos indígenas que se fundamentan en los intereses del capitalismo.”

Este oprobio abiertamente intervencionista, pendenciero pero sobre todo subversivo, es el acuerdo de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela fechado el 9 de junio. Ahora, si los peruanos somos tan infelices que dejamos pasar así nomás este tropelía sin repudiarla de manera escandalosa, entonces bien merecemos el camino al infierno que tiene trazado el impresentable Chávez para nuestro país. De Relaciones Exteriores no esperamos nada, no obstante que cualquier nación con un mínimo de amor propio hubiera puesto el grito en el cielo, cuando no roto relaciones con una república tiránica como Venezuela que invoca al caos en nuestro país y “rechaza la posición de los medios de comunicación” del Perú. Pero que la sociedad peruana permanezca callada sí es un insulto al patriotismo y a la tradición de peruanidad que hemos heredado. Por lo menos EXPRESO no guardará silencio ante las amenazas del infeliz Hugo Chávez.

Mancillando al Estado y contra la ley

Cuando se debatía en el Congreso la ley para que el Estado –es decir la sociedad, los 28 millones de peruanos, usted, estimado amigo lector– ejerza control sobre los ingresos y gastos de las oenegés, EXPRESO libró una tenaz campaña para que esas organizaciones presenten cada año una declaración jurada, detallando el destino de los aportes secretos que reciben de gobiernos, fundaciones, grupos económicos, sectores políticos, etc., provenientes del extranjero, así como de los fondos que perciben del Estado peruano. El Congreso finalmente dictó la ley. Sin embargo en vez de acatar la norma –aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo– estas agrupaciones millonarias –sobre todo las oenegés de corte político que monopolizan la defensa de los de hh y del medio ambiente–, nuevamente demostraron su desprecio por el estado de derecho. Haciendo gala del poder que han acumulado, se pusieron por encima del Legislativo orquestando una campaña mediática de amedrentamiento y desprestigio contra los congresistas que votaran a favor de la ley, así como contra los escasos medios de prensa que –como EXPRESO– respaldaran esa norma.

En paralelo a aquella feroz guerra mediática, las oenegés se presentaron ante el Tribunal Constitucional –donde contaban con el voto seguro de su presidente– demandando la derogatoria de la norma. Y como suele hacerlo el clan caviar que las maneja, el proceso no estuvo exento de extorsiones a los demás magistrados que debían votar. Inclusive sacaron las garras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bastión supranacional de la progresía. Al final se salieron con la suya. El Estado perdió el derecho a saber en qué se gastan los fondos millonarios que –en forma inescrupulosa, secreta, sospechosa y carente de toda transparencia– recibe la escuadra de oenegés politizadas. Irónicamente, esas mismas oenegés le exigen transparencia al Estado.

Hoy 28 millones de peruanos somos víctimas de aquel chantaje. La impunidad de las oenegés les ha permitido azuzar a incultos nativos e indígenas despotricando del Estado mediante costosísimas campañas mediáticas, acusando el gobierno democrático de corrupto, incompetente, abusivo, etc. Asimismo han exacerbado a las masas pueblerinas con el resultado de movilizaciones sociales, tomas de carreteras, salvajismo y el asesinato de 24 policías. Sin embargo cuando el Estado acude a reponer el orden, las mismas oenegés denuncian a policías y militares por masacre y desaparición de centenares de humildes peruanos. Una falacia no solo propagada acá, sino que los directivos de esas oenegés viajaron al exterior para indisponer al Estado acusándolo de genocida. ¿De dónde vino el dinero para pagar todo esto? Nadie lo sabrá por culpa del clan caviar. ¿El resultado? El país está convulsionado; la amenaza de una asonada violentista crece a diario; el riesgo de que la ultra destruya todo lo que ha avanzado este país desde 1990 es cada vez mayor. Pero eso sí, las oenegés derechohumanistas y ambientalistas siguen llenándose de oro los bolsillos y, lo que es peor, acumulando más y más poder para seguir manejando este país sin contar con un solo voto del pueblo. Es hora de ponerle coto a estos delincuentes con careta de defensores del pueblo.

La hipocresía de siempre

La salida del poder de Manuel Zelaya es irreversible. Violó la Constitución y se puso al margen de la ley. Había que removerlo.” Así de contundente –como corresponde– fue la postura del presidente de la Corte Suprema de Honduras, Jorge Rivera, ante la visita inopinada del chileno José Miguel Insulza, aquel solícito secretario de la OEA que viajó a Honduras nada menos que a presionar a la Justicia de aquella nación para que revoque la orden de captura contra el depuesto presidente tránsfuga Zelaya. Insulza, como se sabe, hace lo indecible para lograr su reelección como jefe de la OEA.


Y reiteramos que Zelaya es tránsfuga porque el 2006 llegó a la jefatura del Estado como líder de los partidos de centro derecha de Honduras. Zelaya, de paso, desciende de una rica familia de agricultores y ganaderos, negocio al que se dedicó durante décadas hasta que lo tentó la política. Instalado en el poder, en vez de gobernar con coherencia de acuerdo a su propuesta electoral de centro derecha, optó por el facilismo para enfrentar la crisis económica que le reventó en las manos. Y entonces se echó a los pies del impresentable Chávez, afiliando a su país a la férula chavista de las casas ALBA a cambio de conseguir petróleo. Del 2008 a la fecha Honduras ha recibido 625 millones de dólares en “líneas de crédito” de Venezuela para “financiar” el petróleo que compra a Caracas. Es decir, Zelaya fue comprado por Chávez. ¿Es o no un vende patria

Pero hay más. Al igual que los demás peleles del impresentable Chávez, Zelaya acató el ucase “bolivariano”, que exige a los presidentes regionales –afiliados al sistema ALBA– imponer la reelección indefinida en sus naciones para perpetuar al chavismo en el poder. Pero como sucede en la mayoría de casos, sus constituciones proscriben esa práctica. Sin embargo el tránsfuga Zelaya convocó a referéndum –que debió llevarse a cabo el día que fue removido del cargo por orden del Congreso– violando la Carta Magna, así como trasgrediendo el mandato del Parlamento y de la Corte Suprema de su país al igual que quebrando la orden de su propio partido, todos los cuales vetaron la consulta popular por inconstitucional. Entonces, ¿quién violó primero la Carta Fundacional?

Sin embargo, como el tránsfuga Zelaya hoy lleva puesta la etiqueta de izquierdista –sucede con algunos derechistas en el Perú, también– de inmediato fue endiosado por la comunidad caviar que domina la diplomacia mundial, como si aquel que en forma flagrante acababa de quebrar la Constitución encarnase la democracia hondureña.

Entonces, si el presidente de una nación es un tránsfuga que vende su alma al diablo –en este caso al impresentable Chávez– al extremo de violentar la Constitución por la que juró gobernar, ¿acaso no debe ser removido por traidor? La respuesta políticamente correcta de los caviares será: claro que sí, siempre y cuando sea de derechas. Pero de ninguna manera si se trata de un izquierdista. En ese caso la mayoría del país, además de instituciones vertebrales como el Congreso y la Corte Suprema, deberá acatar la imposición del tránsfuga. Ese es el mundo hipócrita que promueve la zurda mundial.

Gran culpa es de la prensa

El periodismo peruano atraviesa por una etapa con visos decadentes. La crisis arrancó en los setenta tras la confiscación de los medios de prensa por la dictadura velasquista. Cuando Fernando Belaunde Terry devuelve a sus propietarios los periódicos, radios y televisoras, el daño ya estaba hecho. El público se había hastiado de ellos. Porque a lo largo de esos seis años de monopolio estatal, lo único que percibió el país fue un periodismo genuflexo, monocorde, insufriblemente oficialista. Y cambiar tendencias quizá sea la tarea más compleja en cualquier sociedad. Peor en una mutante como la peruana. Por ello, si bien los medios fueron devueltos a sus dueños la prensa se hallaba en cuidados intensivos. Los tirajes de los principales diarios y revistas –EXPRESO, El Comercio y La Prensa– cayeron a la tercera parte. Por esa razón cerró uno de los grandes periódicos nacionales, La Prensa. No resistió el cáncer contraído por culpa de la tiranía velasquista. Y los demás diarios debieron aplicar una reingeniería extrema para remontar su estado cataléptico. Hoy son dos o tres empresas periodísticas –entre las que está EXPRESO– las únicas financieramente estables. No obstante los tirajes diarios siguen menoscabados. Incluso los del diario más antiguo.

La situación límite llevó a los medios a adoptar un sesgo ajeno al periodismo tradicionalmente sobrio y sólido que tuvo el Perú hasta el zarpazo cleptómano de Velasco. Y así empezó la prensa escandalera, la amarilla, chismosa, prepotente; la prensa light, chicha, venal, intrigante, envidiosa y vengativa; la prensa sometida al poder político y económico, etc. Por esa razón se multiplicaron periódicos a un ritmo quizá único en el planeta. De ocho o diez que existían en la década del setenta, Lima llegó a soportar a cerca de 40 diarios. El remedio fue peor que la enfermedad. El neoperiodismo post confiscación ayudó más a crear círculos de poder –la principal beneficiada fue la comunidad caviar que monopolizó el concepto de lo políticamente correcto– y a consolidar la fortaleza de un solo grupo mediático. Al estigma de la falta de credibilidad –producto del periodismo estatizado por la revolución de Velasco– se sumaron plagas terribles como la hiperinflación de fines de los ochenta, el cuarto de siglo de terrorismo, y la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori. Y es la suma de todo ello lo que ha impedido a la industria mediática nacional salir de cuidados intensivos.

El estado depresivo de la mayoría de diarios, revistas, radios y televisoras sigue empujando al precipicio al periodismo peruano. Y la opinión pública lo sabe, lo sufre y se resiente. Una prensa inservible, insidiosa que incita al caos y destruye valores morales. Una prensa que empuja a la confrontación, al odio, etc. Una prensa que solo dedica espacio a maquinar pleitos; a tratar lo secundario y esconder lo fundamental; a chismear y a denigrar; a escandalizar al país con “primicias” de “unidades de investigación”, auténticas maquinarias extorsionadoras. En suma, una prensa que sin la menor duda es culpable del estado decrépito y convulsionado de nuestra nación.

Nos quieren convertir en cuba

Pasemos revista a la situación cubana; ese paupérrimo, vetusto y opresivo paraíso del socialismo; ese edén con el que se solaza y del que se enorgullece la progresía caviar; ese jardín idílico al que la izquierda elegante –y también la ultra– pugna para que la invite la familia Castro Ruz a divertirse y a cargar baterías. Leamos un resumen de lo que informa sobre esa isla el diario –progre- El País de España. - En el poblado de Arroyo de Naranjo, los deudos de los fallecidos deben escoger entre ataúdes con hormigas o con termitas.

- La mayoría de las fábricas están cerradas o trabajan a media capacidad.
- La cuota de insumos básicos como el frejol y la sal –que forman parte de la libreta de racionamiento que obligadamente tiene cada familia en Cuba– ha sido reducida.

- Los centros de trabajo del Estado –la inmensa mayoría- sufren apagones cotidianos. - Según Alfredo Jam, asesor del ministerio de Economía cubano, “Estamos en un momento verdaderamente complicado de nuestra historia.”

- La prensa –absolutamente estatal, por cierto- refleja la magnitud de una crisis que para algunos es casi la quiebra. Según Juventud Rebelde, “diario de la juventud comunista cubana”, el Combinado Lácteo Escambray -que elabora un alimento básico en la isla caribeña, como son los helados– está al borde de la debacle.

- Parte del plan de emergencia del gobierno obliga a apagar todos los aires acondicionados al menos durante cinco horas al día y los refrigeradores dos horas diarias. Y cuidado que allí la temperatura mínima es de 30 grados a la sombra.

- La falta de dinero es asfixiante. La mayoría de tiendas y centros comerciales de La habana han recortado sus horarios de atención al público.

- De acuerdo a versiones oficiales, “las actuales tensiones financieras del país obligan a detener el comportamiento del consumo eléctrico.”

- Según un ejecutivo del sector turismo –la escasa inversión privada que permite el castrismo– “Desde enero no puedo transferir un dólar. No hay dinero. Algunos empresarios han comenzado a limitar el envío de suministros en tanto no puedan repatriar sus ganancias.”

- Citando informaciones del diario Granma, un economista cubano sostiene que: “Es imposible mantener una economía en la que las importaciones cuadriplican a las exportaciones, como ocurrió en los primeros cuatro meses de año.”

Esta catástrofe –espejo de lo que fue el Perú durante el experimento socialista de Velasco– se repite casi idénticamente en los satélites venezolanos: Bolivia, Ecuador, Nicaragua. etc. Y pensar que los infelices de la izquierda peruana quieren que volvamos a sufrir lo mismo acá, insistiendo en imponernos un gobierno de corte chavo-castrista. Es hora que la mayoría de este país comprenda lo que está en juego con esta tramposa campaña de la zurda doméstica, que busca matar la democracia instalando un régimen socialista en el Perú: o bien ganando la elección del 2011 con petrodólares chavistas, o sencillamente tumbándose al estado de derecho con sucesivas asonadas violentistas.

¿Qué le pasa al gobierno?

Que la izquierda viene urdiendo una sublevación social de proporciones nucleares no es novedad. El problema es que el gobierno se comporta como zombie en medio de la insurrección que planificadamente preparan los rojos. Y si bien es cierto que en parte el clima efervescente obedece a los previos de la campaña electoral del 2011, sin embargo las características de las asonadas revelan que detrás de la excusa electorera la zurda viene planificando algo más. Se trata del Plan B, un golpe de Estado de masas populares al estilo Bolivia y Ecuador. Allí estriba la urgencia de la izquierda por mantener encoñados a indígenas, nativos y demás yerbas. No obstante, en pleno juego macabro del socialismo reciclado –que se dirige a traer abajo la democracia y a dinamitar el estado de derecho en este país–, el Ejecutivo sigue en la luna de Paita.

Para quienes aprendieron a leer y escribir, lo de Bagua fue un campanazo. También lo de Andahuaylas y Cusco. Allí la zurda ensayó su poder de movilización de masas nativas bajo el liderazgo de dirigentes ultra como el tal Pisango, ese con manos ensangrentadas por el asesinato de 24 policías estratégicamente asilado en la Nicaragua chavista. Y allí también la izquierda peruana reveló su confabulación con la maquinaria que dirige el impresentable Hugo Chávez, cuya meta es conquistar la región ocupando países que sean presa fácil de su tentación totalitaria. Y en ese escenario Perú es un candidato muy apetecible. En primer término, porque su ubicación geoestratégica permitiría a la “revolución bolivariana” cerrar un primer arco del círculo perverso que tiene previsto, uniéndolo con Bolivia, Ecuador y Venezuela, quedando solo Colombia como pieza suelta por ahora. En segundo lugar porque la “revolución boliviana” sabe manipular muy bien a las masas indígenas, gracias a la experiencia de uno de sus mandaderos: el dirigente cocalero y hoy presidente de Bolivia, Evo Morales. Un petardista impenitente que conoce muy bien cómo incendiar la pradera andina.

No obstante, la única respuesta del Estado ante la asonada de Bagua fue claudicar, derogando los decretos que exigía la poblada. Y claro, como lo señalamos en anterior comentario, la izquierda ya sabe de qué pie cojea este régimen. En adelante solo necesita movilizar a las masas –que sí las tiene, a contrapelo de un APRA aburguesada que perdió el dominio de calles y plazas– para conminar al Estado a que haga lo que le de la gana al comando totalitario que, bajo el influjo de Fidel Castro, dirige tan diligentemente el nuevo ayatola y proto emperador de Latinoamérica, Hugo Chávez.

Por último, para la semana entrante la ultra peruana comandada por el ollantismo, la CGTP y los mismos dinosaurios de siempre, orquesta un paro nacional. Pide el oro y el moro, sabedora de que el gobierno cede ante la fuerza de las masas. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para encarar tremendo brulote? El país necesita con urgencia comprender la estrategia del Estado frente a la arrolladora insurrección social que financia y ejecuta el socialismo bolivariano para apoderarse definitivamente del Perú.

Van 40 años y todo sigue igual

Este 24 de junio se cumplieron 40 años de expoliación y atraso por la reforma agraria. Una reforma con característica de venganza más que de coherencia. Una reforma hecha con el hígado, la sinrazón y mucha mala leche. Una reforma que solo buscó expropiar, humillar, y desprestigiar al agricultor. Una reforma que nunca tuvo sustento técnico, factibilidad económica ni viabilidad tecnológica. Una reforma que confiscó por la fuerza la propiedad ajena; que anuló la producción de otrora riquísimas tierras; y que llevó a la quiebra a emprendedores agricultores que abastecían de alimentos al país y además exportaban grandes volúmenes de algodón, azúcar, papa, etc. Una reforma que en vez de mejorar al trabajador de campo pauperizó aún más al campesinado. Una reforma que, en suma, pulverizó la agricultura y liquidó el derecho de propiedad.

Desde entonces han pasado varios gobiernos democráticamente elegidos –Belaunde II, García I, Fujimori I y II, Toledo y García II– sin que alguno moviera un dedo para enmendar la rapacería perpetrada por el socialismo que se ha reciclado en esa progresía caviar que hoy domina ministerios, juzgados, medios de prensa y salones de sociedad.

Aunque suene a letanía, es menester reiterar que la deuda agraria no solo sigue impaga, sino que su costo para el país aumenta cada hora. Lo que demuestra que los regímenes democráticos acabaron convalidando ese Estado cleptómano y déspota que diseñó la tiranía socialista. Es más, el ejemplo de “expropiar” sin pagar –y encima entregar a terceros la propiedad robada– constituye una de las peores taras para cualquier nación. Para empezar, es punto de partida del atropello, la injusticia, el fraude y el engaño. Y no obstante haberse violado el principio de propiedad –derecho del hombre consagrado en la Constitución–, no existe sin embargo una sola oenegé derechohumanista, un solo “demócrata” progre que defienda a los miles de propietarios de tierra que sufrieran tamaño atentado hace cuatro décadas. A ellos que se los coman los gusanos. Así piensa y actúa la izquierda respecto a quienes no piensan ni actúan como zurdo.

Por último, si la intención reformista hubiese sido –como se dijo– mejorar la situación del campesinado, entonces la solución no pasaba por arranchar la propiedad de las tierras a quienes las mantenían productivas. Eso se llama robo. Porque entregar las tierras en propiedad a elementales campesinos –sin exigirles pago alguno a cambio sino con la intención de convertirlos en cómplices de un delito, tras exacerbarles el odio “al patrón que come de tu pobreza”– no solo grafica el espíritu artero y el grado de venganza de la “revolución” socialista, sino que revela el resentimiento social con que siempre ha manejado las cosas la izquierda en el país, aún considerando las pocas ocasiones en que ha ejercido el poder. Jamás olvidaremos que este abuso ocurrió cuando la progresía fue parte vertebral de una feroz dictadura como la velasquista.

Los grandes culpables

Insistimos, la progresía caviar será la causante de un eventual triunfo electoral de la ultra; y también la responsable del éxito de una probable revuelta financiada por el chavismo que consiga derrocar al régimen democrático para luego promover la clásica Constituyente y hacerse del poder por la puerta falsa. Muchos fariseos velasquistas también mamaron del fujimorismo. Sin embargo hoy se rasgan las vestiduras por la democracia. Son los neoizquierdistas que viven como millonarios y protestan como proletarios; los insufribles caviares que se apoderan de lo políticamente correcto y denigran a quienes defienden el pensamiento de derecha; la gentita que la pasa bomba gracias a los millones que recibe de fundaciones y gobiernos extranjeros por el negocio de defender la democracia, los dd hh o el medio ambiente. Es la zurda sanisidrina que clama justicia social en radios, televisoras y diario, pero explota a quienes trabajan para ellos. Es esa misma miseria insufrible, amables lectores, que fue, es y será responsable del retroceso del Perú. La culpa no será de la izquierda ultra que va a lo suyo. La culpa será de esta gente que se envuelve en pintas siniestras para medrar del poder.

Hace décadas que la progresía envenena al Perú con la monserga que el Estado es genocida y los terroristas –como también ahora la algarada indigenista– son víctimas de la sociedad. Una progresía que azuza la sedición presentándose como compañera de viaje en este recorrido para entregar la nación a la miseria izquierdista. Una progresía que trabaja consciente que con ello crea las condiciones para promover el golpe socialista que regresará al Perú a las galeras de la “revolución” de Velasco Alvarado, el ídolo de la neoizquierda. Una progresía que a lo largo de su existencia llevó al Perú a la ruina social y económica; al hipergigantismo estatal; a la extrema pobreza y a la escasez generalizada; a la burocratización total; a las prohibiciones de cualquier tipo, desde importación de alimentos, trajes, medicinas, etc.; al veto de viajes, ahorros, derechos civiles, etc.; a la confiscación de los medios de prensa; y finalmente a la dictadura del poder manejado por una jerarquía totalitaria a la que, como es usual, servirá de lustrabotas la culta progresía caviar.

Lo que indigna es que “la gente bien” lea, escuche, aplauda y se identifique tanto con esta progresía hipócrita que jamás predica con el ejemplo; con estos mezquinos que trafican con la falacia de trabajar por los menesterosos para convertir aquello en un medio de buena vida. Lamentablemente hablamos de una de las peores taras de nuestra sociedad, un complejo que nace de la conciencia negra de las clases altas –y menos altas– por las disparidades sociales y económicas que arrastra durante siglos el país, y que la progresía conoce bien que engañando a las mayorías –con su dialéctica erudita y su gesto igualitario y piadoso– podrá seguir viviendo su fantasía en este Disney World del quinto mundo que es para ella la “alta sociedad” peruana.