Otra bandera roja

Están llegando a tal nivel de intemperancia quienes manejan el destino del gas natural en el país, que no sería extraño que pronto el tema se convierta en bandera electorera de la ultra. Exportar el gas de Camisea sin las reservas necesarias –debidamente comprobadas– es tentar al totalitarismo. Primero, porque significa privar al mercado interno de un combustible barato, no obstante haber invertido el Estado una millonada para masificar su consumo. Y aquello equivale a regalarle una bandera reivindicativa a la extrema izquierda, que busca el menor pretexto para convulsionar al país. Cierto que este embrollo –que amenaza con convertirse pronto en escándalo político– es fruto de los contratos que suscribió el régimen de Alejandro Toledo con los concesionarios del complejo Camisea. Aún retumba ese estribillo “Camisea como sea” que revela la forma cómo trabajó el toledismo para sacar adelante este proyecto nacional. A los chakanos les interesaba la foto, y desde luego satisfacer en demasía a los postores. El resultado fue un apresuramiento censurable, consecuencia del cual hoy tenemos un paquete de contratos –de explotación, transporte, tendido de redes, planta de liquefacción, programa de exportación, etc.– absolutamente superficiales, aunque con marcada característica monopólica, convenientes para el concesionario mas no así para el interés nacional.

No solo fue frívola e insustancial esa negociación, sino que el toledismo actuó con ligereza al dejar las puertas abiertas para que se exporte nuestro gas natural a Chile –país con excesivo hambre y sed energético– sin siquiera condicionar esa dádiva a que, por ejemplo, el vecino devuelva los 60 mil kilómetros cuadrados de Océano Pacífico peruano de los que se ha apropiado, o que restablezca en su lugar el Hito número 1 que ha corrido de manera unilateral y prepotente para mejorar su posición geoestratégica, violando lo establecido en el Tratado de Paz.

Si bien la génesis de esta situación es que el régimen toledano soslayó vitales aspectos contractuales –que acabaron favoreciendo a los concesionarios con prácticas monoplistas y pro exportadoras, y enervando la capacidad del Estado para aprovechar una fuente estratégica de energía–, la cosa es que este gobierno parece actuar de cómplice de la chakana al permitir un statu quo que perjudica el interés nacional. Todo indica que, por ejemplo, el ministro de Energia y Minas, Pedro Sánchez, prefiere flotar muertito para no pelear con las partes involucradas en este embrollo, pues aspiraría a retornar a la multilateral de donde provino, rehusándose a enfadar al establishment con el que tendría luego que tratar desde algún puesto dorado. Pero lo grave es que el tema aparentemente le apesta a todo el gobierno. Por lo pronto ni el presidente Alan García ni ministro alguno hablan del caso. Cuidado que similar parálisis provocó la catástrofe de Bagüa y muchas otras situaciones limite. El peligro es que cuando la ultra adopte la bandera chauvinista del gas ya será demasiado tarde. ¿El gobierno aprista acabará regalándole tremenda divisa electorera al nacionalismo socialista? Creemos que no.