Falta de casta

Hay mucho pan por rebanar en torno a la sangrienta rebelión indígena promovida por seudodirigentes nativos con evidente interés político-desestabilizador, cuyo objetivo son las elecciones del 2011. Una meta que coincide plenamente con la del partido de Ollanta Humala y con el propósito expansionista del impresentable Hugo Chávez. En primer lugar, habría que eliminar del escenario a esas aves carroñeras que se solazan al vengarse de ocasionales enemigos, a costa inclusive de volar en pedazos el estado de derecho y la democracia. Nos referimos al irresponsable Alejandro Toledo, improvisado mandatario quien con tal de defender los entuertos de su esposa y los de su gobierno –que vienen siendo investigados por la justicia– es capaz de todo con tal de liquidar al mandatario Alan García. Como si eliminando al cartero solucionaría las anormalidades que dejó atrás siendo ex presidente. En su enfermizo delirio, Toledo llega al extremo de acusar de genocida al actual jefe de Estado, apoyando así a la violencia extrema. 

Aspecto medular de la rebelión indígena lo constituyen los decretos legislativos que ordenan el manejo de las tierras de la Amazonía, propiedad de 27 millones de peruanos y no de 400 mil nativos de la zona. Estas normas fueron dictadas por el Congreso con el voto unánime de los parlamentarios que asistieron a dicha votación, y están referidas al destino de aquellas gigantescas extensiones ubicadas en el oriente del país. Las normas exceptúan a varios millones de hectáreas destinadas para uso exclusivo de los indígenas selváticos, así como otra importante millonada de hectáreas reservadas para proteger la biodiversidad. De manera que el Estado –o sea los 27 millones de peruanos– ha donado a cada selvático varias hectáreas que podrán usarlas según su particular necesidad.

Sin embargo la demagogia izquierdista –enquistada en la dirigencia de masas indígenas– ha conseguido envenenar a sus súbditos haciéndoles creer que el Estado les ha robado lo que les pertenece. Es más, esos dirigentes se encargaron de machacarle a la masa que lo que dice el gobierno es mentira. Y claro, por algo tiene éxito la demagogia. Porque la mentira irresponsable es fácil de creer, opuesto a la verdad dura que implica orden, deberes y derechos. Y es aquí donde aflora la temeridad de la clase política criolla. El congresista Víctor Andrés García Belaunde, por ejemplo, tuvo a su cargo elaborar el dictamen en mayoría de la comisión que reconoció la absoluta validez constitucional de los decretos legislativos de las tierras amazónicas. No obstante, cuando le tocó fundamentar el dictamen frente a la Comisión Permanente se echó atrás indignamente, ante la presencia masiva de la dirigencia indigenista en el Hemiciclo, con lo cual los decretos de marras pasaron a ser inconstitucionales. Otro caso grave es la actitud de la bancada fujimorista que vino votando al alimón con el humalismo en contra de los decretos legislativos, hasta conseguir que la comisión que investiga el caso Petro-Tech exculpe a un dirigente fujimorista involucrado en ese asunto. Bastó aquello para que en adelante votasen a favor de la constitucionalidad de los decretos. 

Con esta clase política, el Perú está condenado al fracaso.