La asonada indígena en diferentes zonas del país no debió tomarnos por sorpresa. Era de esperarse. Más aún conforme estamos ingresando a la campaña electoral con miras al 2011. Sin embargo, las cosas no fueron así. Es probable que ello se deba a la inoperancia de los servicios de inteligencia. O tal vez a la necedad del propio gobierno por no haberle prestado atención a posibles informes de aquellos servicios. El hecho es que al Estado peruano –y a la sociedad en su conjunto, excepto a los miserables instigadores de la insurrección de los nativos– lo cogieron desnudo en la tina.
Razones pueden especularse a raudales. Sobre todo ex post los luctuosos sucesos de Bagua. Aun cuando acá las cosas se complican a diario, pues el indigenismo –movido por el impresentable Hugo Chávez y su pelele Evo Morales– sigue incendiando la pradera. El turno le toca ahora a Andahuaylas, donde miles de pobladores –exacerbados por la prédica odiosa y acomplejada de ambos gobernantes extranjeros, multiplicada a su vez por el partido “nacionalista” local– ya no se satisfacen con la derogatoria de los decretos que ponen orden a la propiedad selvática, sino que esta vez el indigenismo radical demanda la vacancia presidencial y el cambio de política económica.
Lo advertimos en sinnúmero de oportunidades: es intolerable que el Estado negocie promulgar o derogar leyes bajo presión. Peor aún, resulta suicida que el Ejecutivo y el Congreso especulen que al ceder posiciones conseguirán neutralizar al enemigo. No obstante, en el caso de los decretos de marras el gobierno aprista desoyó todas aquellas recomendaciones y optó por el camino facilista –peligrosísimo, por cierto– de claudicar, quizá imaginando que al ganar tiempo obtendría alguna victoria. Falso de arriba abajo. Reiteramos: negociar leyes a cambio de una paz efímera –con lanzas y pistolas apuntadas al pecho de la Policía– implica volar en pedazos toda la estructura jurídica sobre la que reposa la sociedad. Y eso equivale a someter al Estado a la extorsión violentista –que en este caso proviene del indigenismo como más tarde podría volver a ser del terrorismo– a cambio de una tregua que al poco tiempo estallará aún con peores asonadas, conociendo el enemigo que tiene bajo amenaza al Estado.
Sabemos de antemano la postura del gobierno ante esta crítica: “no se puede responder con bala a la protesta de los indígenas”. Y conocemos que ella coincide con la versión antojadiza de partidos como el “nacionalista” y la de los representantes de la progresía caviar. Y allí estriba precisamente el fundamento de la estrategia socialista que busca la conquista del poder mediante la fuerza; mediante la extorsión política traducida en rebeliones armadas a las que –como cuestión previa– la ultra y la progresía exigen que el Estado trate con guante de seda a los salvajes exaltados convertidos en criminales.
En otras palabras, hablamos del mismo escenario que en el caso del terrorismo. Es decir, las fuerzas del mal –aquellas mentes asesinas que insuflan odio, venganza, rencor y traición a nuestros pobladores– tienen todas las prerrogativas y ventajas para ganar, mientras que la sociedad se ve impedida de defenderse porque haciéndolo –ultras y caviares dixit– se atenta contra los derechos humanos de aquellas bestias que sí tienen patente de Corso para asesinar a policías y a gente inocente sin que luego la Justicia las procese. Policías que en cualquier parte del planeta serían héroes y la Justicia estaría persiguiendo a sus ejecutores. Menos acá. Porque ay del juez que se atreva a encausar a un criminal revoltoso: le caen encima los ultras y todas las oenegés, y acaba enjuiciado, sentenciado y desprestigiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces entramos ya a la etapa de la cantada bolivianización. En ese orden de cosas, el impresentable Chávez –con el respaldo de todo aquel país enfrentado con los Estados Unidos, ansioso por quebrar la presencia norteamericana en nuestra región– es consciente de que su candidato a la presidencia del Perú para el 2011 no va a triunfar por la vía de los votos. En consecuencia la única salida para capturar el poder en este país es generar el mismo malestar social que incubó y expandió su pelele, Evo Morales, en Bolivia. Siguiendo el libreto socialista, Morales logró orquestar la avalancha indigenista en su condición de dirigente extremista cocalero. Y en el caso peruano, Ollanta Humala –o quien haga sus veces el 2011– necesita hacerlo soliviantando a los pueblos andinos por quítame estas pajas, acusando de ladrón, asesino, genocida, etc. al gobierno central, con lo cual piensa conseguir la adhesión y simpatía de tanta población analfabeta.
Para lograr su objetivo, el impresentable y sus peleles cuentan con un aliado exquisito: la progresía caviar. Sino leamos a los boxers de la prensa “correcta”, entre quienes destacan figuras epónimas del derechohumanismo más obtuso y fundamentalista, gente que se rasga las vestiduras en su afán por defender a todo aquel que se levante contra el Estado; y más grave aún, en su delirio por acusar de genocida al gobernante de turno que procure reponer el orden quebrado por la sedición. Sucedió ayer con los terroristas –hoy victimizados e indemnizados gracias a la progresía–, y sucede esta vez con la dirigencia indigenista que promueve Caracas con sus satélites La Paz, Managua, etc.
Que quede constancia. La ultra callejera no está sola. Actúa en connivencia con la refinada progresía caviar, clan que lamentablemente controla casi toda la prensa peruana. Y son ambos sectores los que vienen tramando la campaña para imponernos un nuevo gobierno de corte dictatorial, semejante al de Velasco Alvarado y al del impresentable Chávez. Es decir, abusivo, sin libertades, sin derecho a la propiedad, con un populismo enfermizo, una burocracia salvaje, sin Justicia, sin prensa libre, etc. Estamos advertidos. La ultra y los caviares son los enemigos del Perú.
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