Cualquier semejanza es casualidad

Hablábamos ayer de la situación en la que pudiera verse envuelto Estados Unidos si la administración de Barack Obama cae en la trampa de oso de establecer una comisión de la verdad en esa gran nación. 
Los caviares del mundo intentan subirse al caballo anti Bush de los Demócratas, alrededor de lo cual insisten en que el gobierno anterior violó derechos humanos de los fanáticos islámicos que –por primera vez en la historia del Tío Sam– atacaran el Homeland. Si ello fuese así –es decir, si EE UU cediera a la presión caviar– sería el comienzo del fin de su poder hegemónico. Por eso resulta sintomático que en el momento en que Barack Obama está contra las cuerdas por la depresión económica que soporta su país, y se encuentra además desesperado que aquello le reste apoyo popular al poco tiempo de instalado la Casa Blanca, las oenegés caviares decidan lanzar –en esa coyuntura, reiteramos– una campaña mediática masiva para comprometer al gobierno obamita a que establezca una comisión de la verdad.

Por lo pronto la progresía mundial ya consiguió que el gobierno de los Estados Unidos desbloquee documentos secretos que, a juicio de los políticamente correctos, revelan la comisión de tortura a los prisioneros en Guantánamo. Se trata del llamado plan SERE (Survival, Evasión, Resistance and Escape) diseñado por los sicólogos James Mitchell y Bruce Jessen, que consiste en el uso del “waterboarding” –echarle agua en la cara al prisionero echado, práctica de vieja tradición y muchas variantes en América Latina, particularmente en Cuba–; asimismo comprende el aislacionismo total del prisionero, y el obligar a que éste corra encapuchado en ambientes de la prisión. En paralelo a esa revelación –avalada por Obama– la progresía ha logrado que EE UU prohíba los tribunales militares para juzgar a terroristas.

Pero la demanda de las organizaciones derechohumanistas para que se conforme la comisión de la verdad en el gigante del Norte es solo una excusa. Su propósito es sentar en el banquillo de los acusados a todo funcionario del régimen Bush que haya tenido que ver con las guerras en Afganistán –iniciada un mes después del 11 de setiembre– e Iraq. La meta es acusarlos de haber urdido una trama legal para redefinir lo que es tortura y reinterpretar leyes sobre ella –ajenas a la Convención de Ginebra de 1949– respecto al trato a los prisioneros de guerra, para finalmente cometer crímenes de lesa humanidad contra los acusados por terrorismo. La demanda abarca a la Casa Blanca, a la cúpula del Pentágono, al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, a los directores de la CIA, y a los mandos militares y subordinados que ejecutaron los abusos.

Es mera casualidad si existe semejanza entre lo que le sucedió al gobierno de Fujimori –por derrotar a Sendero y al Mrta– y la suerte que pudieran correr los republicanos tras repeler el ataque de Al Qaeda. Al final, como siempre, la derecha será acusada de genocida; quedarán en calidad de víctimas triunfantes los terroristas; y sus abogados de la izquierda progre se perennizarán como monopolistas de la verdad y la ética.