Atención Poder Judicial y Fiscalía

En la batalla contra el terrorismo, las mejores aliadas del horror son las organizaciones de derechos humanos. 
El problema es que siendo un coto de la izquierda, ésta se niega a responder sobre la responsabilidad que implica paralizar al Estado frente al ataque genocida. Es más, se limita a repetir como papagayo la letanía que el Estado no debe ponerse a nivel del terrorista. Pero no expone qué quiere decir eso. Tampoco precisa su fórmula mágica para repeler el ataque sedicioso sin herir la susceptibilidad de los pobres terroristas. Ni explica los métodos lícitos para erradicar ese cáncer de la humanidad.  

En rigor lo que busca la izquierda con su silencio es que siga el status quo. Porque ese mutismo permite que la progresía se constituya –como de facto lo es– en Catón, en árbitro del bien y el mal. Y gracias a ello tiene derecho a lucrar en exclusiva de las toneladas de dinero que destinan países ricos, fundaciones y grandes millonarios para proteger los derechos humanos. Recordemos que las sabelotodo en esta materia son las oenegés. Monopolizan la defensa de los derechos humanos de los terroristas, aunque jamás la de sus víctimas. Y entonces el dinero fluye solo a su bolsillo. En consecuencia, ¿para qué determinar el límite entre que un Estado viole o no derechos humanos en la lucha contra el terrorismo? Mejor es interpretar antojadizamente la realidad. Es así como la progresía consigue hacer escándalo, pues decide dónde sí y dónde no se producen violaciones. Tremendo invento que permite a las oenegés crear crisis política y finalmente orquestar sonados procesos judiciales, allí donde solo, repetimos, solo las oenegés se encargan de la defensa –muy bien rentada– de las víctimas del Estado; es decir, ejercen la tutela de los terroristas groseramente financiadas por gobiernos, corporaciones y herencias acomplejadas por el tamaño de su riqueza.

Sin embargo, aparte de lucrar con los derechos humanos –y amasar un fenomenal poder que espanta a gobernantes, medios y jueces–, las organizaciones pro derechos humanos detienen la acción de policías, fuerzas armadas, fiscales, etc. en su batalla por defender a la sociedad del ataque terrorista. ¿Es eso ético acaso? No. ¿Políticamente aceptable? Tampoco. ¿Delito? Creemos que sí. Y doblemente punible. Porque las oeneges impiden también la acción del Estado contra el tráfico de drogas. Por ejemplo en el Vrae, donde –proge dixit– lo que hay es narcoterrorismo. En consecuencia al frenar la labor de la Policía y la FF AA, y luego al defender en foros los dd hh de los terroristas –guachimanes del clorhidrato de cocaína– las oenegés protegen al narcotráfico. A ver, señores del Poder Judicial y de la Fiscalía, es hora que elaboren un proyecto de ley para judicializar esta escandalosa complicidad. 

Qué diferente mensaje el que existe, por ejemplo, en España, donde, reiteramos, los partidos políticos han suscrito un acuerdo que persigue de la manera más implacable posible al terrorismo, proscribiendo además cualquier homenaje a terrorista alguno. Acá, mientras tanto, estamos en las antípodas. Preparamos un mausoleo –llamado museo de memoria– donde se rendirá homenaje al “terrorista torturado”.