Una temeridad

Luis García Miró ElgueraEl país está sobrecogido por la escalada terrorista. En los últimos doce meses ha producido más de medio centenar de muertes. En ese sentido resulta dramática la situación de los militares y policías a quienes la sociedad obliga a combatir el terror. No solo ponen en juego la probabilidad de quedar tullidos sino de perder su vida. Por si fuera poco están expuestos a algo injusto y demencial: ser denunciados y condenados por la izquierda caviar por violar derechos humanos de los terroristas. Sin embargo paradójicamente luchan, entre otras razones, para proteger la vida, salud y comodidades de los pontífices de la culta y perfumada burguesía caviar; es decir, dan batalla por defender a sus más pertinaces enemigos y verdugos, y estos les pagan con su desprecio.

Es alucinante la forma como estos fariseos –que se autotitulan políticamente correctos– engañan a la ciudadanía, colocando a senderistas y emerretistas como víctimas de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales y a las fuerzas del orden como asesinas en serie de “valerosos luchadores sociales, mal llamados terroristas”. Esta realidad rige desde que el Estado le ganó la guerra a Sendero Luminoso y al mrta. Sí, señor, vencimos en el plano militar y en el jurídico tras apresar a toda la dirigencia terrorista, condenándola a cadena perpetua. Aunque la progresía caviar se encargó de excarcelar a centenares de terrucos dizque por haber sido injustamente condenados; y asimismo cambió la legislación antiterrorista para que los genocidas encarcelados se acojan a la reducción de penas por observar “buena conducta” en la cárcel. Y encima de estas afrentas contra la seguridad y la legalidad, los caviares siguen dictando cátedra de cómo deben comportarse el Estado, los partidos, o los medios de prensa para –a su criterio– ubicar al Perú en el estándar de país políticamente correcto. Es decir, hipocresía al cubo.

Producto de uno de los ucases de la progresía caviar –impuestos a través de la Comisión de la Verdad, paradigma del comunismo criollo– es ese llamado Museo de la Memoria, ermita que la rojería pretende erigir como monumento a sus hermanos senderistas y emerretistas muertos en enfrentamientos que ellos –los zurdos– promovieron, al sublevarse con armas, dinamita y vitriolo contra la sociedad peruana para conquistar el poder por la fuerza. Y a ese atentado contra el estado de derecho, a esa traición que puso al Perú al borde de extinguirse como nación libre y tornarse en tiranía cubana –eso que tanto atrae a los progre–, a esa perfidia, amigos lectores, la premia la izquierda con un museo para honrar como héroes a sus “luchadores sociales”, y humillar a nuestros soldados, policías y gobernantes calificándolos de genocidas.

No alcanzamos a comprender entonces cómo es posible que se insista en la iniciativa de la CVR de levantar un mausoleo para rendir pleitesía a los antecesores del senderismo que continúa atentando contra el Perú –porque sigue sangrante y latente la herida que abrió el terrorismo–, mientras muchos integrantes de la CVR mantienen amenazadas a las FF AA con su prejuiciosas denuncias ante la CIDH por violación de dd hh. De locos.

Oxigenando al terrorismo

Hay aspectos medulares en torno al debate sobre la escalada terrorista: 1) la estrategia sociopolítica a cargo del Estado; 2) la táctica militar encomendada a las FF AA; y 3) la complicidad de las oenegés políticas con el terrorismo. Y cuidado que no decimos narco terrorista pues esa acepción implica bajarle el tono al problema, soslayando que sendero y el mrta ocasionalmente –como ahora- se valen del narcotráfico como vía financiera para rearmarse y reagruparse con miras a su única batalla final: la conquista del poder.

1) El Estado carece de estrategia para enfrentar el resurgimiento de sendero y el mrta, tras la Inquisición a la que fue sometida la exitosa política antiterrorista que aplicó el régimen de Fujimori hasta acabar con las dos sectas del terror que nos tuvieron en vilo un cuarto de siglo. Desde entonces, la clase políticamente correcta boicotea todo intento de este gobierno por reponer aquella legislación antiterrorista, que incluye condenas drásticas sin beneficio penitenciario alguno, ni mucho menos permite excarcelar a senderistas y emerretistas, como ha sucedido. Asimismo los políticamente correctos se oponen a que se reponga el combate militar directo, acompañado de un trabajo de inteligencia que sume la defensa de la población a la del Estado. Alegan en ambos casos que las iniciativas atentan contra los derechos humanos de los terroristas, y amenazan con volver a acusar al Perú ante la Corte Interamericana en caso el gobierno se atreva siquiera a sugerir el debate para reponer una firme estrategia antiterror.

2) Respecto a la táctica militar, resulta patético ver a tanto politicastro y a los mismos “opinólogos” de siempre pontificar sobre cuál debe o no ser el plan de acción de las FF AA para combatir el terrorismo. Un aspecto eminentemente técnico y profesional jamás debe ser manejado por improvisados o mequetrefes. Dejemos solos a los militares y policías trazar la línea –secreta, por cierto- que debe seguir el Estado. Sin embargo hace falta que Ejecutivo y Legislativo aprueben los presupuestos necesarios para evitar que nuestros uniformados carezcan de aviones, helicópteros, armamento, munición, movilidad, equipamiento, etc. para enfrentar a sendero luminoso y el mrta.

3) En la complicidad de las oenegés políticas con el terrorismo estriba la parte medular del problema, pues soldados y policías se resisten a seguir luchando contra el terrorismo para evitar ser procesados, condenados y encarcelados por violar derechos humanos de los genocidas, como hoy le sucede a más de 1,000 militares que lucharon en el Vrae y están demandados por sendas oenegés que defienden al terrorismo. No puede cuadrarse el círculo. O se combate a sendero y al mrta en las mismas condiciones –es decir, disparando a matar como hacen ellos- o dejemos que el terrorismo declare la victoria.

Mientras el país no se proponga resolver estos tres aspectos, lo único que estamos haciendo es aplicarle oxigeno al terrorismo, temerariamente resucitado entre Paniagua y Toledo para quedar bien con la casta políticamente correcta que los colocó en palacio.

Cualquier semejanza es casualidad

Hablábamos ayer de la situación en la que pudiera verse envuelto Estados Unidos si la administración de Barack Obama cae en la trampa de oso de establecer una comisión de la verdad en esa gran nación. 
Los caviares del mundo intentan subirse al caballo anti Bush de los Demócratas, alrededor de lo cual insisten en que el gobierno anterior violó derechos humanos de los fanáticos islámicos que –por primera vez en la historia del Tío Sam– atacaran el Homeland. Si ello fuese así –es decir, si EE UU cediera a la presión caviar– sería el comienzo del fin de su poder hegemónico. Por eso resulta sintomático que en el momento en que Barack Obama está contra las cuerdas por la depresión económica que soporta su país, y se encuentra además desesperado que aquello le reste apoyo popular al poco tiempo de instalado la Casa Blanca, las oenegés caviares decidan lanzar –en esa coyuntura, reiteramos– una campaña mediática masiva para comprometer al gobierno obamita a que establezca una comisión de la verdad.

Por lo pronto la progresía mundial ya consiguió que el gobierno de los Estados Unidos desbloquee documentos secretos que, a juicio de los políticamente correctos, revelan la comisión de tortura a los prisioneros en Guantánamo. Se trata del llamado plan SERE (Survival, Evasión, Resistance and Escape) diseñado por los sicólogos James Mitchell y Bruce Jessen, que consiste en el uso del “waterboarding” –echarle agua en la cara al prisionero echado, práctica de vieja tradición y muchas variantes en América Latina, particularmente en Cuba–; asimismo comprende el aislacionismo total del prisionero, y el obligar a que éste corra encapuchado en ambientes de la prisión. En paralelo a esa revelación –avalada por Obama– la progresía ha logrado que EE UU prohíba los tribunales militares para juzgar a terroristas.

Pero la demanda de las organizaciones derechohumanistas para que se conforme la comisión de la verdad en el gigante del Norte es solo una excusa. Su propósito es sentar en el banquillo de los acusados a todo funcionario del régimen Bush que haya tenido que ver con las guerras en Afganistán –iniciada un mes después del 11 de setiembre– e Iraq. La meta es acusarlos de haber urdido una trama legal para redefinir lo que es tortura y reinterpretar leyes sobre ella –ajenas a la Convención de Ginebra de 1949– respecto al trato a los prisioneros de guerra, para finalmente cometer crímenes de lesa humanidad contra los acusados por terrorismo. La demanda abarca a la Casa Blanca, a la cúpula del Pentágono, al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, a los directores de la CIA, y a los mandos militares y subordinados que ejecutaron los abusos.

Es mera casualidad si existe semejanza entre lo que le sucedió al gobierno de Fujimori –por derrotar a Sendero y al Mrta– y la suerte que pudieran correr los republicanos tras repeler el ataque de Al Qaeda. Al final, como siempre, la derecha será acusada de genocida; quedarán en calidad de víctimas triunfantes los terroristas; y sus abogados de la izquierda progre se perennizarán como monopolistas de la verdad y la ética.

Oenegés cómplices del narcotráfico

A ver si algún progre se atreve a saltarnos a la yugular porque aquí afirmamos, sin ambages, que las oenegés políticas defienden el narcotráfico. Quizá el cinismo de esa izquierda elegante la incite a ensayar algún puyazo contra este escriba, como suele suceder. 
Como siempre sería un honor viniendo de esa ralea. Pero a pesar de su rabieta, los zurdos de salón jamás podrán negar esta verdad palmaria: las oenegés que manejan los caviares defienden al narcotráfico. Y ello, amables lectores, es un crimen de lesa humanidad. Así de sencillo. Y así de grave.  

Lo más interesante es que la complicidad de las oenegés progre con el narcotráfico es producto de su hipocresía. Porque con el propósito de proteger a su principal cliente –el terrorismo– para asegurarle millonarias indemnizaciones de tribunales locales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los políticamente correctos idearon la teoría que lo que hoy existe en el Perú es apenas narcoterrorismo. El objetivo es bajarle el tono a Sendero Luminoso, relajando su verdadera denominación –secta terrorista y genocida– por la benevolente calificación de narcoterrorista, algo que lo haría en todo caso lindar más con la delincuencia que con el terrorismo. Puro interés crematístico, pues así la lucha del Estado peruano ya no sería contra una banda sediciosa sino contra vulgares guachimanes de traficantes de droga. Y claro, en ese caso el Estado no podría usar todo su poderío, es decir no podría repeler debidamente a Sendero para eliminar el terrorismo en el país, lo que sin duda le daría ventaja al terror y facilitaría de paso las acciones de las oenegés en su delirio por seguir denunciando al Estado por violar los derechos humanos de sus patrocinados.

Sin embargo esa ecuación no funciona. No es posible equiparar a Sendero con un simple guardián de productores de cocaína. O es terrorista o es un eslabón estrecho, directo del narcotráfico. En otras palabras, el hecho que Sendero preste un servicio rentado de resguardo armado a los narcoclanes no lo inhibe de ser un integrante de esos clanes, ergo lo convierte en miembro nato del narcoterrorismo mundial.  

En consecuencia deviene en jurídicamente muy delicada la situación de las oenegés que defienden al terrorismo en el VRAE. Porque muy sueltos de huesos sus representantes han presentado una parafernalia de denuncias judiciales contra soldados peruanos, a quienes acusan de violar derechos humanos de comprobados narcotraficantes, en rigor terroristas asimilados a los narcoclanes que operan en nuestro territorio. Pero, ¿es esto posible, señores de la Judicatura peruana? ¿Acaso estas oenegés no están actuando por y para el narcotráfico? Si bien el terrorismo es un crimen perseguido en el mundo entero, es evidente que la izquierda jurídica mundial ha conseguido relajar su judicialización. Por lo menos en los países tercermundistas les otorga el calificativo de rebeldes, revolucionarios, o luchadores sociales. Sin embargo, ¿es posible que el país permita que un clan de oenegés le guarde las espaldas al narcotráfico? ¿Dónde estamos, señor presidente del Poder Judicial, y señoras ministra de Justicia y Fiscal de la Nación?

¡A los botes!

Muy peligroso el cargamontón que soterradamente vienen gestando ciertos integrantes del régimen García contra Luis Carranza, el sobrio ministro de Economía y Finanzas. Precisamente cuando los gobiernos del planeta entero llaman a actuar de la manera más consistente, coherente y sobre todo unida –de cara a una crisis internacional jamás vista en las últimas seis décadas, y a la que sobradamente se pueda calificar de depresión–, todo indicaría que, una vez más, las cosas en el Perú se hacen a contrapelo de la realidad y, sobre todo, de espaldas a la lógica.  

Luis Carranza es un estupendo tecnócrata, de aquellos que resulta un verdadero lujo tenerlo dirigiendo las finanzas y la economía de una nación tercermundista. Claro, un lujo para quienes procuran que este país mantenga un crecimiento estable camino al progreso. Lo opuesto a esos populistas que quieren arreglarlo todo repartiendo dinero ajeno: la plata del contribuyente. Que sepan estos irresponsables, solo desde setiembre del año pasado a la fecha el mundo ha perdido alrededor de 8 millones de millones de dólares por la caída de las bolsas y el colapso del sector inmobiliario. Cifra que aún puede crecer, pues la crisis mundial aún no habría tocado fondo. Y claro, a esa miríada de dinero esfumado se debe en gran medida el terremoto que ha sufrido el sistema bancario, contrayendo dramáticamente el volumen de préstamos al sector productivo, y encareciendo el costo del crédito disponible. Ergo el sector empresarial –de afuera y también local– tendrá que adaptarse a una mucho menor escala financiera, eliminando oportunidades de crecimiento y por tanto afectando el nivel de oferta de empleo.

Y es en medio de este panorama desolador que se produce la irracional, peligrosa presión de algunas fuerzas políticas y burocráticas para forzar al ministro Carranza a librar partidas para satisfacer a cada cual. Como si el dinero naciera de los árboles. Si alguien tiene que interpretar el papel de avaro en un país menesteroso como éste es precisamente el ministro de Economía y Finanzas. Porque si algún jefe del MEF le resulta simpático a la clase política, entonces mejor saltemos a los botes salvavidas. Porque automáticamente se evaporará el escaso dinero que existe –entre reservas del BCR y saldos presupuestales– producto del ahorro acumulado a lo largo de los últimos 15 años –algo que nunca antes pudo lograr el Perú– gracias a la perseverancia, sacrificio y disciplina de los 28 millones de peruanos. 

Sin embargo, como si la presión política y burocrática para debilitar al ministro Luis Carranza fuese insuficiente, el terrorismo se suma a la campaña anti Perú. Porque resulta que estos malnacidos pretenden llevarse el dinero con que cuenta el Fisco para construir escuelas y hospitales, o mejorarle el sueldo a médicos y profesores. ¿Cómo? A través de sus abogados –las oenegés de la elite caviar peruana–, estos genocidas vienen consiguiendo sendos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado a indemnizarlos con cifras millonarias. ¿Qué le parece, amable lector?

Cómplices de Sendero

En lo que va de los últimos doce meses, ya son cerca de 50 los soldados peruanos asesinados, masacrados por Sendero Luminoso –así, en minúscula, como tratamos a esa miasma genocida en esta columna–. Por supuesto no hay un solo pronunciamiento de protesta de las oenegés derechohumanistas, ni de los comisionados de la verdad, ni de la Defensora del Pueblo ni tampoco de los flamantes miembros del comité pro museo anti Estado peruano. 
El mensaje de estos cenáculos progresistas se interpreta como que los defensores de la sociedad no tienen derechos humanos. Solo lo tienen los senderistas y emerretistas, esos pobres luchadores sociales que, CVR dixit, apenas generaron un conflicto interno, y a quienes draconianamente persiguen los uniformados del Estado ogro bajo el pretexto de proveerle seguridad a 28 millones de pitucos.

Pero hay más. Cada vez que se produce un atentado terrorista la elite caviar sale de sus palacetes a criticar al gobierno o a la Comandancia General del Ejército. Le enrostra que las muertes de los militares es producto de su ineptitud. Alega hechos alucinantes, como reprochar que los soldados se trasladen en camión en vez de hacerlo en helicóptero. ¿Pero qué sugiere con esa crítica la progresía? ¿Que nuestro Ejercito usa adrede la vía terrestre para buscar la muerte de sus hombres? ¿Qué creen los progre? ¿Que somos EE UU o Suiza, es decir que nuestras FF AA tienen dinero para transportar a su gente en helicópteros? ¿Acaso no saben estos políticamente correctos que, por su culpa, desde hace una década nuestras instituciones castrenses reciben presupuestos de hambre, precisamente debido a su sistemática, ponzoñosa campaña de desprestigio hacia todo lo que es Fuerza Armada, lo que implica que la sociedad esté indefensa ante el terror? 

Sin embargo las cosas no quedan allí. La muerte de nuestros soldados no solo pasa desapercibida para la dinastía caviar sino que, peor aún, las organizaciones de base de nuestra izquierda de lujo –las oenegés políticas– se dedican en forma artera a entorpecer la labor de contención –no de erradicación– del terrorismo a cargo de las Fuerzas Armadas, actuando abiertamente de cómplices de Sendero Luminoso.  

De otro modo no se explica que –solo en los últimos meses– 204 oficiales y soldados del Ejército hayan sido denunciados por oenegés, acusados de violar derechos humanos de los senderistas a quienes repelen. Y cuidado que tras haber sido denunciados esos militares dejaron de combatir. Es decir, la estrategia de las oenegés le da ventaja al senderismo, pues los soldados permanecen retenidos en comisarías, fiscalías y juzgados defendiéndose de denuncias políticas y traicioneras. A ver, señor presidente del Poder Judicial y señora Fiscal, ¿cómo califican al delito cometido por aquellos que impiden al Estado defenderse del ataque terrorista desatado tras la reagrupación de Sendero? Por último, no olvidemos que dicha reactivación se ha dado merced a la defensa legal que brindó y sigue brindando a Sendero el clan de oenegés derechohumanistas, a sabiendas incluso de que el resurgimiento venía de la mano de un financiamiento cocainómano. Es evidente la complicidad de esas oenegés con el terrorismo. Hay plata de por medio.

El doble estándar de Merino

La defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, es el paradigma de la estirpe progre-caviar. Tiene doble rasero (cuidado que va sin “t”) y mide las cosas según la óptica que más le convenga al momento. Convencida de que su rol en esta vida es figurar, la ex premier toledana llega al extremo de caer en el ridículo con tal de ocupar portadas y pantallas. 
Acaba de repetirlo con estas declaraciones: “Como defensora del Pueblo no acepto con resignación que siga pasando el tiempo y cada año sigan muriendo miles de personas… Es un deber moral que la ciudad y sus habitantes recuperen la seguridad y que esta sea una realidad tangible… Aquí no estamos hablando de un diagnóstico a ciegas… De lo que se trata es de tener una mirada clara de lo que está pasando… Lo que sucede es que, al parecer, hay una especie de repliegue estatal…” 

Pues bien, cuando imaginábamos que, por fin, Merino Lucero había dejado de lado su corsé progre para sacar cara por los 50 militares asesinados por Sendero Luminoso sólo durante los últimos meses, nos dimos cuenta que ello no era así. Merino Lucero se refería sola, única, exclusivamente a los fallecidos en el accidente carretero ocurrido la noche del lunes. Es más, Merino Lucero se ocupó del tema vial en términos alucinantes, al señalar que en los cinco últimos años han muerto en el país 15 mil personas como resultado de accidentes de tránsito y que, como consecuencia de ello, Merino había arribado a una impactante –sesgada– y, por supuesto, políticamente correcta conclusión: “Estas cifras son equivalentes al costo de vidas humanas producidas en quince años de violencia terrorista”. Por desgracia se le salió la palabreja “terrorismo”, faux pas que le costará sendos azotes de su progresía, tan fanática al hablar solo de “conflicto social”. 

Pero, ¿acaso Merino Lucero tiene entre sus “deberes morales” el que los habitantes de nuestras ciudades “recuperen la seguridad y que ésta sea una realidad tangible” en torno al acecho senderista que asesina con impunidad a nuestros soldados –como sí lo señala con precisión y energía en el caso de los accidentes de tránsito–? Todo indica que no, ya que a contrapelo de su rasgada de vestidura por los accidentes de tránsito, Merino Lucero muestra resignación cuando sigue pasando el tiempo y cada año continúan muriendo más militares dinamitados por Sendero Luminoso, sin que Merino Lucero ni siquiera los honre asistiendo a sus sepelios o visitándoles en sus camas de hospitales.

En todo caso, al referirse Merino Lucero ayer a que “…al parecer, hay una especie de repliegue estatal…”, lo que estaba recordando más bien eran sus años al frente del premierato toledista. Porque sin la menor duda su gobierno sí se replegó por completo frente al terrorismo. ¿O acaso el toledato movió un dedo? No. Permitió que el VRAE se convirtiera en territorio liberado de esas huestes incipientemente reagrupadas de Sendero Luminoso que aprovecharon para tomar como espacio propio la vertiente de los ríos Ene y Apurímac. Merino Lucero olvidó su techo de vidrio y la viga fundida en su ojo.